Se busca al fugitivo Martiño Ramos, el profesor acusado de abuso sexual a una estudiante en Ourense | España.

Martiño Ramos Soto ha sido una figura recurrente en el activismo cultural y político de la ciudad de Ourense. Recientemente, ha sido condenado por sentencia firme; se ha revelado que, mientras aparentaba un compromiso con los derechos de las mujeres en actos feministas y como miembro de los partidos Ourense en Común y En Marea, los cuales ya no existen, abusaba de una alumna del colegio público donde trabajaba como profesor de música y contactaba por Instagram con otras menores del centro. A esta niña la golpeó y agredió sexualmente, aprovechándose de su vulnerabilidad debido a problemas en su hogar y en la escuela. En julio pasado, se le impuso una pena de 13 años de prisión, pero todavía no ha sido encarcelado, ya que se encuentra en paradero desconocido. Durante los cuatro años que duró el proceso judicial, la Fiscalía no solicitó su ingreso en prisión preventiva.

Ramos Soto está actualmente en busca y captura y la investigación para localizarlo continúa, según fuentes policiales. A pesar de que la sentencia confirmada por el Tribunal Supremo es devastadora en términos de testimonios y pruebas, el sistema hasta ahora le ha brindado un trato benévolo. Después de que la menor iniciara la denuncia en 2021, relatando un calvario que comenzó en 2019, cuando estaba en 6º de Primaria, la atención se centró en ella. Sin antecedentes penales y una sólida trayectoria en la docencia, “él gozaba de un gran reconocimiento social en la ciudad y eso ocasionó que no se creyera a la víctima”, explica una excompañera de militancia.

La propia menor lo relató durante el juicio. Cuando denunció, no recibió el apoyo que necesitaba en el colegio, donde ocurrieron parte de las agresiones de Ramos Soto. La orientadora y varias profesoras se reunieron con ella para decirle que “eran sólo imaginaciones” y que “confiaban plenamente en él, ya que lo conocían desde hacía años”, según recoge la sentencia. No obstante, sus amigas y otras alumnas corroboraron su relato en la Audiencia de Ourense, aportando los mensajes en redes sociales que el profesor pederasta también les había enviado a ellas.

La condena dictada por la Audiencia de Ourense fue confirmada en febrero de este año por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y el 25 de julio por el Tribunal Supremo. El 15 de septiembre, la Audiencia emitió una requisitoria de búsqueda y captura así como una orden de detención e ingreso en prisión. “La Audiencia de Ourense no decretó su ingreso en prisión porque esa medida no fue solicitada ni por el ministerio público ni por la acusación particular, por lo que no pudo haber sido acordada”, explican fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). La Fiscalía no ha aclarado a este periódico las razones de su proceder durante el proceso.

Ramos Soto fue el profesor de música de la víctima desde que ella ingresó al colegio público a los tres años hasta el final de Primaria. En sexto, se comunicó con ella por Instagram haciéndose pasar por otro menor y, consciente de sus problemas familiares y su fragilidad, se presentó como una “figura de cuidado y apoyo”. En una ocasión, el pederasta se citó con su alumna en un aula del colegio y le reveló que era él quien estaba detrás del perfil de Instagram. La niña narró cómo Ramos Soto la manipuló, agredió y violó. El profundo dolor psíquico que sufría la llevó a autolesionarse y terminó hospitalizada por problemas psiquiátricos. La investigación judicial demostró que el docente había contactado con más alumnas del colegio a través de esa misma red social, utilizando engaños y prácticas depravadas. “Se presentaba inicialmente como una figura de apoyo, para luego demandar que las menores le enviaran fotografías o videos desnudas o en situaciones sexuales”, determinó la justicia.

Después de la denuncia en 2021, Ramos Soto continuó dando clases durante tres años, ya que, según alega la Consellería de Educación, las autoridades judiciales “en ningún momento decretaron medidas cautelares”. La asociación feminista Marcha Mundial das Mulleres afirma que, en ese periodo, el docente llegó a ser tutor y a impartir la asignatura de Informática, a pesar de la denuncia por abusos a una alumna a través de redes sociales. Educación ha eludido aclarar este aspecto. Sin embargo, asegura que el prófugo fue condenado en primera instancia en julio de 2024 por la Audiencia Provincial de Ourense y que en agosto, tras ese fallo, se procedió a suspender al profesor de manera provisional de sus funciones “atendiendo a la gravedad de los hechos”, aunque la justicia no había impuesto medidas cautelares. “La aplicación de la sentencia firme de la Audiencia Provincial de Ourense conlleva pena de cárcel, lo que implica suspensión de empleo y sueldo”, añaden fuentes de Educación.

La Marcha Mundial das Mulleres critica que “los mecanismos institucionales para proteger a las mujeres han vuelto a fallar”. Aseguran que, con la sentencia ya firme, el pederasta se movió con tal libertad que vendió su piso para financiar su fuga. Aseveran que el proceso judicial ha sido “largo, revictimizante y claramente sin garantías” y que “también han fallado las instituciones encargadas de proteger a las menores”. Este caso ha tenido un impacto “brutal” en el movimiento feminista de Ourense, ya que conocían al pederasta y nunca sospecharon de su comportamiento, señala una activista. Esta comenta que Ramos Soto simulaba ser un defensor más de los derechos de las mujeres, participando en eventos como si fuera “un aliado perfecto”, el “ideal de masculinidad”.

Antes de ser denunciado, Ramos Soto tuvo varios años de activa participación política en Ourense. En las elecciones municipales de 2015 fue suplente en la candidatura de Ourense en Común, y en 2019 se postulo como número seis. En estas últimas elecciones, la formación no obtuvo representación y desapareció. También formó parte del comité electoral de En Marea para las elecciones autonómicas de 2016 y estuvo involucrado en los conflictos internos que llevaron a la descomposición de esta organización. En 2018, fue acusado, junto a otros dos compañeros, de realizar incursiones irregulares en el censo de votantes durante las primarias en las que se eligió al líder del partido.