Se desvían 600.000 € y hay 17 arrestos.

La Fiscalía ha manifestado su oposición al sobreseimiento y archivo de la Operación Pantano, la investigación de presunta corrupción que ha impactado al PSOE de Madrid, con énfasis en San Martín de Valdeiglesias. La pesquisa ha revelado un desvío de más de 600.000 euros en contratos irregulares, subvenciones sin justificar y adjudicaciones a dedo a empresas asociadas con familiares de funcionarios socialistas. En diciembre de 2021, un total de 17 personas fueron arrestadas, entre ellas la ex alcaldesa Mari Luz Lastras y varios miembros de su administración.

El caso, que inició en 2019 tras una denuncia del nuevo gobierno municipal del Partido Popular, ha puesto al descubierto un entramado de ilegalidades que la misma alcaldesa socialista conocía y llevaba a cabo deliberadamente.

De acuerdo con el informe de la Guardia Civil, Lastras «levantaba por decreto los informes desfavorables de la secretaria-interventora del Ayuntamiento, desestimando las advertencias sobre las irregularidades que se cometían.

Fuentes judiciales han indicado a OKDIARIO que la causa sigue en fase de instrucción a fecha de febrero de 2026. Lejos de ser archivada, la causa sigue activa y se ha convertido en el escándalo de corrupción más grave que afecta al PSOE de Madrid, liderado por el ministro Óscar López, junto con el caso de la hija de una diputada que se beneficiaba de recibos falsos del dinero público administrado por UGT Madrid.

A finales de noviembre de 2025, cinco de los investigados han solicitado el sobreseimiento de la causa. Se trata de empresarios y un policía local, entre otros, que han presentado escritos al juzgado pidiendo el archivo de las actuaciones contra ellos.

El juzgado envió a principios de enero de 2026 los escritos de estos cinco investigados a la Fiscalía. El Ministerio Público, según ha podido conocer OKDIARIO, se opone al sobreseimiento libre y archivo respecto a los cinco que solicitaron el archivo. Esta oposición mantiene viva la instrucción y demuestra que el Ministerio Público considera que hay indicios suficientes para seguir investigando a estos cinco implicados. El juicio está más cerca que nunca.

Adjudicaciones irregulares

La investigación de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil ha documentado detalladamente cómo el equipo de gobierno socialista adjudicó contratos municipales a empresas con vínculos familiares directos con miembros de la corporación. La empresa Proentis, por ejemplo, ha recibido contratos por valor de 165.000 euros.

Los investigadores concluyeron que «se ha tomado una decisión totalmente arbitraria para la adjudicación de las obras a la empresa Proentis» y que esta práctica «vulnera lo estipulado por la Ley de Contratos del Sector Público en relación a la libre concurrencia».

Uno de los casos más notorios es el de Transportes, Excavaciones y Contenedores ALS, que cobró 206.257 euros entre 2014 y 2019 «sin haber firmado un solo contrato con el Ayuntamiento». Esta situación pone de manifiesto la magnitud del despilfarro y la falta de control en la gestión municipal durante la legislatura socialista.

El Centro Canino Monte Ida recibió de la Corporación controlada por el PSOE de Madrid 128.286 euros por la recogida de animales «sin ningún tipo de contrato, además de tener lazos familiares con miembros de la anterior corporación municipal». La encargada —una de las investigadas que ahora intenta sin éxito el archivo para ella— es sobrina del concejal de Obras y prima del ex concejal de Festejos.

Malversación de fondos

La Guardia Civil ha identificado un modus operandi recurrente: «El uso de sociedades vinculadas a familiares que prestan servicios en el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias, con una falta de igualdad de oportunidades para el resto de empresas, principio esencial de la contratación pública». Los informes de fiscalización con reparo emitidos por la secretaria-interventora Vanesa Pérez Vidal fueron sistemáticamente levantados por decreto de la alcaldesa.

Lastras justificaba estas decisiones arbitrarias alegando que «eran servicios que se habían prestado y no se podía perjudicar al tercero», según lo documentado en el informe policial. Esta justificación se ha convertido en una constante para eludir los controles internos del Ayuntamiento.

Incluso se han documentado presuntas contraprestaciones electorales. La empresa Gráficas Serafín, que consiguió 112.502 euros sin contrato, donó vinilos para rotular una furgoneta del PSOE en plena campaña electoral de 2019. «Aunque, cuantitativamente, el coste de los vinilos no sea significativo, es relevante que una empresa regale este tipo de materiales» al haber facturado esas cantidades sin contrato, señala el informe que reveló OKDIARIO.

La operación, que comenzó en diciembre de 2021 con registros simultáneos en el Ayuntamiento, empresas y domicilios particulares, provocó un terremoto político en la Comunidad de Madrid. En marzo de 2024, el PSOE de Madrid mostró apoyo a varios de los investigados en un acto en San Martín de Valdeiglesias, incluida la propia Mari Luz Lastras. Este respaldo público en medio del escándalo del caso Koldo generó críticas sobre la coherencia del partido en temas de corrupción.

En abril de 2024, la Audiencia Provincial de Madrid determinó que no existían indicios suficientes de delito en algunas de las acusaciones y cerró esa fase. Sin embargo, la Fiscalía considera que hay pruebas suficientes para continuar con la instrucción por los hechos principales.

La cuestión ahora radica en si la justicia logrará aclarar tras siete años completamente esta madeja de intereses espurios o si el caso terminará disolviéndose en los vericuetos del sistema judicial. Lo que está claro es que la Fiscalía mantiene su firmeza con los investigados y no está dispuesta a ceder ante las peticiones de archivo, evidenciando que considera probadas las irregularidades documentadas por la Guardia Civil en este municipio de la Sierra Oeste madrileña.