Se requerirán cinco años de residencia registrada para poder alquilar.


La Comunidad de Madrid está ultimando el reglamento de la Vivienda protegida, que se espera que se publique en julio próximo. Este reglamento tiene como objetivo reducir la burocracia y establecer nuevos requisitos de empadronamiento para acceder a la vivienda pública, tanto en régimen de alquiler como de compra. Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda, Transporte e Infraestructuras, presentó en la Asamblea las novedades de esta normativa, que busca “fomentar el arraigo de los madrileños” y asegurar que la vivienda protegida beneficie prioritariamente a quienes llevan tiempo residiendo en la región.

Entre los cambios más destacados está el requisito de empadronamiento. El Gobierno madrileño propone exigir cinco años de empadronamiento para las viviendas públicas de alquiler (inicialmente se había establecido en 10 años), aunque este requisito no será necesario para modalidades específicas como residencias de estudiantes o viviendas compartidas. No obstante, se seguirán exigiendo diez años de residencia acreditada para optar a la vivienda pública en régimen de compra, aunque habrá excepciones. Por ejemplo, no se requerirá este periodo a quienes hayan firmado contratos de compraventa o opción de compra antes de la entrada en vigor del reglamento, ni a los miembros de cooperativas que ya hayan realizado aportaciones económicas para la adquisición del suelo o de la vivienda, según ha informado la Comunidad de Madrid.

En aquellos casos donde se exija el empadronamiento, bastará con que uno de los miembros de la unidad de convivencia cumpla este requisito.

Rodrigo defendió estas medidas en el pleno de la Asamblea como herramientas para consolidar el arraigo y proporcionar oportunidades a “los hijos de los madrileños”, en contraste con lo que considera políticas estatales que no priorizan a los residentes históricos.

Además, se incorpora la declaración responsable para la calificación definitiva de viviendas y otros trámites administrativos, como el visado de contratos de títulos de acceso. Esta medida permitirá a promotores y adjudicatarios agilizar procesos sin tener que esperar largos plazos de validación previa por parte de la Administración, un cambio que el Ejecutivo regional enmarca en su estrategia de simplificación normativa.

El nuevo texto también regula de manera específica las viviendas destinadas a familias numerosas, una categoría que, según reconoció el consejero, no contaba con un desarrollo particular en el reglamento anterior. Sin embargo, la tramitación del reglamento sigue abierta a aportaciones. Rodrigo explicó que el texto aún no es público y que está “admitiendo enmiendas”, y que la publicación del reglamento se realizará una vez finalizado el proceso administrativo.

«Barriada paleta»

El debate sobre el empadronamiento se da en un contexto de creciente tensión política en torno a la vivienda y la inmigración. La portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, criticó al ejecutivo autonómico por haber «abolido el derecho de los jóvenes a acceder a una vivienda asequible”. A continuación, enumeró una lista de beneficiarios de la vivienda social en Majadahonda, la mayoría con apellidos extranjeros.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, defendió la inmigración “integrada y libre” frente a la “empobrecida y dependiente” del PSOE y el “todo lo de fuera es malo” de Vox. «Ustedes lo que buscan es crear una barriada paleta, que no es la Comunidad de Madrid. Lamento mucho decirlo. La izquierda quiere una inmigración empobrecida y dependiente para mantener cautivos sus votos. Ustedes están en contra de todos los inmigrantes y nosotros queremos que estén integrados, que sean prósperos y que sean libres.

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