Se solicita información sobre Martiño Ramos, el profesor buscado por agredir sexualmente a una estudiante en Ourense, España.

Martiño Ramos Soto ha sido una figura constante en el activismo cultural y político de la ciudad de Ourense. Recientemente, una sentencia firme reveló que, mientras aparentaba un fuerte compromiso con los derechos de las mujeres en actos feministas y militaba en los partidos Ourense en Común y En Marea, ambos ya extintos, abusaba de una alumna del colegio público donde trabajaba como profesor de música y contactaba por Instagram con otras menores del mismo centro. A esta niña la agredió y la sometió a abusos sexuales, aprovechándose de su vulnerabilidad debido a los problemas que enfrentaba tanto en casa como en la escuela. En julio pasado, fue condenado a 13 años de prisión, pero aún no ha sido encarcelado porque se encuentra en paradero desconocido. Durante los cuatro años que duró el proceso judicial, la Fiscalía no solicitó su ingreso en prisión.

Ramos Soto está actualmente en búsqueda y captura, y las autoridades policiales continúan la investigación para localizarlo. A pesar de que la sentencia confirmada por el Tribunal Supremo es contundente en cuanto a testimonios y pruebas, hasta el momento, el sistema lo ha tratado con indulgencia. La denuncia fue presentada por la menor en 2021, tras un tormento que había comenzado en 2019, cuando estaba en 6º de Primaria, y sorprendentemente, el cuestionamiento recayó sobre ella. Sin antecedentes penales y con una larga carrera en la docencia, “él tenía un gran reconocimiento social en la ciudad, lo que hizo que la víctima no fuera creída”, explica una excompañera de militancia.

La propia menor relató su experiencia en el juicio. Al presentar la denuncia, no recibió el apoyo esperado en el colegio donde ocurrieron parte de las agresiones sexuales de Ramos Soto. La orientadora y varias profesoras se reunieron con ella para decirle que “eran imaginaciones suyas” y que “confiaban plenamente en él, ya que lo conocían de hace años”, según se recoge en la sentencia. Sin embargo, amigas y otras alumnas del colegio corroboraron su relato en la Audiencia de Ourense y presentaron los mensajes que el profesor pederasta y violador también había enviado a ellas a través de redes sociales.

La condena de la Audiencia de Ourense fue confirmada en febrero de este año por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y el 25 de julio por el Tribunal Supremo. El 15 de septiembre, la Audiencia emitió una requisitoria de búsqueda y captura y una orden de detención e ingreso en prisión. “La Audiencia de Ourense no acordó su ingreso en prisión porque dicha medida no fue solicitada ni por el ministerio público ni por la acusación particular, por lo que no pudo haberla decretado”, explican fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). La Fiscalía no ha aclarado a este periódico por qué actuó de esta manera durante el proceso.

Ramos Soto fue profesor de música de la víctima desde que ella ingresó en Educación Infantil a los tres años hasta el final de Primaria. En sexto, contactó con ella a través de Instagram haciéndose pasar por otro menor y, al comprender sus problemas familiares y su fragilidad, se presentó como una figura de cuidado y apoyo. Un día, el pederasta se citó con su alumna en un aula del colegio y le reveló que tras el perfil de Instagram se encontraba él. La niña describió cómo Ramos Soto la manipuló, agredió y violó. El intenso dolor psíquico que le produjo la llevó a autolesionarse y a ser ingresada por problemas psiquiátricos. La investigación judicial demostró que el docente había contactado con más alumnas del colegio por esa misma red social, empleando engaños y depravaciones similares. “Se presentaba inicialmente como una figura de apoyo, para después pretender que las menores le enviaran fotografías o videos desnudas o en prácticas sexuales”, dictó la justicia.

Después de la denuncia en 2021, Ramos Soto continuó dando clases durante tres años porque, según alega la Consellería de Educación, las autoridades judiciales “en ningún momento decretaron medidas cautelares”. La asociación feminista Marcha Mundial das Mulleres sostiene que, durante ese tiempo, el docente llegó a ser tutor e impartió Informática a pesar de estar denunciado por abusos a una alumna a través de redes sociales. Educación ha evitado precisar este punto, aunque asegura que el prófugo fue condenado en primera instancia en julio de 2024 por la Audiencia Provincial de Ourense y que, tras esa sentencia en agosto, suspendió al profesor provisionalmente de sus funciones “atendiendo a la gravedad de los hechos”, aunque la justicia tampoco había establecido medidas cautelares. “Ahora, la aplicación de la sentencia firme de la Audiencia Provincial de Ourense acarrea pena de cárcel, lo que implica suspensión de empleo y sueldo”, añaden fuentes de Educación.

La Marcha Mundial das Mulleres critica que “los mecanismos institucionales para proteger a las mujeres han vuelto a fallar”. Argumenta que, con la sentencia ya firme, el pederasta circuló con tanta libertad que vendió su piso y recaudó dinero para financiar su fuga. El proceso judicial ha sido “largo, revictimizante y claramente sin garantías”, y “las instituciones encargadas de proteger a las menores también han fallado”. Este caso ha tenido un impacto especialmente “brutal” en el movimiento feminista de Ourense, ya que conocían al pederasta y nunca sospecharon de él, señala una activista. Ella relata que Ramos Soto pretendía ser un defensor de los derechos de las mujeres y participaba en los actos como si fuera “un aliado perfecto”, emulando el “ideal de masculinidad”.

Antes de ser denunciado, Ramos Soto tuvo varios años de activa participación política en Ourense. En las elecciones municipales de 2015 fue suplente en la candidatura de Ourense en Común y en 2019, se posicionó como número seis. En esta última elección, la formación no obtuvo representación y desapareció. También formó parte del comité electoral de En Marea para las elecciones autonómicas de 2016 y estuvo involucrado en los conflictos internos que llevaron a la descomposición de esta organización. En 2018, fue acusado, junto a otros dos compañeros, de realizar incursiones irregulares en el censo de votantes de las primarias en las que se eligió al líder del partido.