Si Begoña registró a su nombre un software que fue cedido a la UCM, está cometiendo una malversación de propiedad intelectual.

Durante más de 50 años ha estado litigando contra las Administraciones, y aunque ya no se dedica a la enseñanza, continúa haciéndolo en su oficina en Madrid, donde concede entrevistas a EL ESPAÑOL.

Por eso lamenta los ataques que el Gobierno ha dirigido contra los jueces: «Los que carecemos de poder político, mediático o económico, únicamente contamos con los jueces«.

Acerca del caso Begoña, predice que la esposa del presidente del Gobierno enfrentará complicaciones serias si realmente registró a su nombre un software que debía ser administrado por la Complutense: «Es un claro caso de apropiación indebida«, sostiene.

Ante la condena de Álvaro García Ortiz, opina que no se debería permitir que la Fiscalía asuma la instrucción de los casos judiciales, como se propone desde el ministerio de Félix Bolaños, ya que no se garantiza la independencia de la institución: «Ni por asomo«.

Fundador de la Fundación Transición Española, que preside Rafael Arias-Salgado, siente «vergüenza» al pensar que Juan Carlos I podría fallecer fuera del país y subraya que las leyes de Memoria Histórica han revivido las dos Españas.

Miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, ha ocupado el cargo de consejero del Banco de España y Consejero electivo de Estado.

¿El fiscal general del Estado vulneró el derecho a la defensa de la pareja de Ayuso al filtrar una comunicación confidencial de su abogado?

Me resulta alarmante, algo así nunca había sucedido. Y si alguna vez ha ocurrido, no con tal escándalo. No me sorprende que el Colegio de Abogados de Madrid haya intervenido y ejercido la acusación. Algo que no ocurrió en la condena a Garzón, en ese caso se echó atrás.

Sin embargo, ahora tiene un rol relevante en el proceso, pues de hecho, lo que está en riesgo es el derecho a la defensa.

El presidente Pedro Sánchez ha insistido en que Álvaro García Ortiz es inocente, incluso tras su condena. ¿Eso podría significar una desautorización al Tribunal Supremo desde el Gobierno?

El presidente no tiene otra opción que reafirmar la inocencia del fiscal general, dado que él es el responsable de la iniciativa [que derivó en su condena]. El fiscal ha sido un subordinado, alguien subordinado que aceptó esa encomienda difícil. Es evidente que Sánchez no puede aceptar que no sea inocente, lo implicaría a sí mismo.

Por eso ha movilizado a todos sus ministros, que son tan leales como ineficaces, a realizar grandes protestas que son totalmente inaceptables, pues exceden por mucho lo que es permitido.

No se puede calificar al Tribunal Supremo como golpista. Eso va mucho más allá de una simple crítica a la sentencia.

La vicepresidenta Yolanda Díaz ha alentado a salir a la calle para protestar contra los magistrados del Supremo, a quienes el ministro Ernest Urtasun describe como «togados reaccionarios». ¿Es esto un ataque del Poder Ejecutivo al Judicial?

El ataque tiene antecedentes. Ya vivimos la creación de una ley de amnistía destrozada y desafortunada. Y observamos diariamente cómo los beneficiarios de esa ley trataban de influir en su redacción.

Ahora han descubierto el lawfare, que es la utilización política de la Justicia, y están acusando de ello a los jueces, y todo con un objetivo intimidatorio.

En Francia, un expresidente de la República [Nicolas Sarkozy] ha sido encarcelado, y allí apenas hubo unos pocos manifestantes mostrando su apoyo. Nadie acusó a los tribunales de golpistas, ni de lawfare, ni de nada parecido.

Aquí hemos dado al mundo un ejemplo de incivilidad, si no de violación de principios democráticos. Incivilidad, ignorancia, de una gente incivilizada. Eso no es un país civilizado, es simplemente inimaginable.

Una de las pruebas más discutidas del juicio fue el testimonio de varios periodistas. Afirmaron que García Ortiz es inocente, pues él no les filtró la información, pero invocaron el secreto profesional para no revelar quién lo hizo. ¿Eso puede afectar la credibilidad de sus testimonios?

Todos los derechos tienen límites, y este también. Supongamos que un terrorista de ETA me dice que mañana colocará una bomba en el estadio Bernabéu, con sus 80.000 espectadores, y a tal hora.

No puedo refugiarme en simplemente decir que me lo han contado, porque eso carecería de valor. ¡Es que me lo ha dicho el que la pondrá! No hay derechos absolutos, y este no lo es. Lo que sucede es que para ciertas personas es muy conveniente esconderse detrás de esa cortina. Su proceder no me parece correcto.

¿Es un hecho extraño que el Supremo haya hecho público el fallo que condena al fiscal a dos años de inhabilitación, pero aún no conocemos la sentencia?

No es raro, eso sucede con frecuencia. Pero esos ministros que han salido a criticarlos no están informados. Y aquellos que deberían saber, como Margarita Robles y Marlaska, siendo jueces, han sido unos cobardes porque, a pesar de conocer la verdad, dejaron que se insultara al Tribunal Supremo y no dijeron nada.

Cuando un asunto presenta cierta complejidad, lo habitual es que la sentencia no esté redactada. Esto se debe, entre otras cosas, a que la sentencia no es solo obra de un magistrado, sino de un tribunal. Es necesario deliberar.

Y aunque los miembros del tribunal estén de acuerdo en sus argumentos y resoluciones, pueden hacer sus contribuciones, plantear matices, y el ponente debe compilar los resultados de la deliberación.

La ley no estipula que el ponente deba presentar el proyecto de sentencia; lo que indica es que el ponente expondrá los hechos y fundamentos jurídicos.

Luego comienza la deliberación, en los términos que el presidente del tribunal considere conveniente, y se vota. La sentencia existe desde el momento de la votación, pero el ponente queda a cargo de redactarla, recopilando la opinión de la Sala.

El Tribunal Constitucional generalmente publica primero un comunicado, informando que el Pleno ha decidido sobre un asunto, pero luego tarda varias semanas en hacer pública la sentencia. Y si hay votos particulares, el proceso se prolonga aún más, ya que deben ser incluidos.

Todo esto no se realiza de forma arbitraria. Son personas que deben elaborar un texto, que puede ser más o menos complicado en asuntos delicados.

Varios medios han reportado que tres de los miembros de la Sala impartieron cursos para letrados de oficio en el Colegio de Abogados de Madrid, que actúa como acusación contra el fiscal general. ¿Eso compromete su imparcialidad o podría ser motivo de nulidad?

Eso resulta curioso. Es decir, ¿uno pasa por ahí y compra el periódico en el mismo quiosco de uno de los posibles acusados, y ya no puede emitir un fallo? Vamos, por favor. ¡Qué ocurrencias! ¡Qué tendrá que ver dar un curso o una conferencia con esto! No podríamos tener jueces.

El presidente Pedro Sánchez también ha insinuado que la sentencia será revisada por el Tribunal Constitucional. ¿Le inquieta que el TC se esté convirtiendo en una suerte de sala de casación en casos como el de los ERE, donde finalmente anuló las condenas?

¿Cómo puede saber el señor Sánchez que la sentencia infringe algún derecho fundamental? Dice: no está probado. ¿Y usted qué sabe, si aún no ha visto la sentencia? Me preocupa este Tribunal Constitucional, sí.

Si se ha condenado a García Ortiz por la filtración del correo electrónico, efectivamente no hay prueba directa, aunque existen múltiples indicios. Comenzando por esa fiscal que le reprochó: “Lo has filtrado”. Y él respondió: “Eso en este momento no importa”.

Si ha sido condenado por la nota de prensa, no hay problema probatorio, porque se confirma que él la dictó. Y él mismo no ha negado esto. Así que no es una condena sin pruebas, ni hay vulneración del derecho a la tutela judicial. Ahí está la nota. Incluye un texto que debería haber permanecido reservado oficialmente.

¿El hecho de que García Ortiz borrara todos sus mensajes de WhatsApp y eliminara su cuenta de correo el mismo día de su imputación, es un indicio incriminatorio contra él?

Es a lo que suelen recurrir los delincuentes: borrar sus huellas en el lugar donde han estado. Es exactamente lo mismo.

¿El hecho de que Pedro Sánchez designara en el Tribunal Constitucional a su exministro de Justicia y a una alta funcionaria de la Moncloa pone en entredicho la credibilidad de la institución?

La daña completamente. La credibilidad del Tribunal Constitucional se encuentra en un mínimo histórico. Desde hace tiempo ha caído por debajo del umbral.

¿Y eso no es una catástrofe para cualquier país?

Sí, sin duda. Siempre se ha afirmado por los críticos que eso es política en la justicia. No debería ser así. No está compuesta por jueces de carrera judicial, pero su límite es el Derecho, la Constitución. Se debe suponer que aplican la Constitución de manera imparcial.

¿Qué le parece que el Gobierno no incorporara ninguna de las recomendaciones de la Comisión de Venecia a la Ley de Amnistía? No eran obligatorias, pero hubieran robustecido la ley.

Me parece inapropiado. El aspecto crítico de la sentencia del TC sobre la Ley de Amnistía destaca que: no soy quien para juzgar las intenciones del legislador, debo limitarme a un control externo del texto.

De la letra del BOE.

Eso es. Y dice: bueno, trabajaremos para la pacificación de Cataluña. Muy bien, señor mío. ¿Y eso es todo? Entonces no se necesita ni justicia constitucional ni justicia ordinaria.

La Audiencia Nacional investiga a la ‘fontanera’ de Ferraz, Leire Díez, por un presunto intento de soborno a dos fiscales, a quienes ofreció beneficios profesionales a cambio de que le proporcionaran documentos comprometedores para usar contra jueces, fiscales y jefes de la UCO.

¿Le preocupa que se estén llevando a cabo este tipo de operaciones políticas contra la Justicia, para descartar causas que afectan al PSOE?

Cómo no me va a preocupar. Creo que esta señora actuó en nombre del PSOE, porque así lo mencionó [en esas reuniones], no tengo motivos para dudarlo.

Dado que por otros canales no han conseguido hasta ahora deshacerse del asunto relacionado con la esposa del presidente, el hermano, el fiscal… entonces vamos a ver si mediante otros métodos logramos cortar la hierba bajo los pies del teniente coronel de la UCO, sacando trapos sucios.

La palabra cloaca resulta más justificada aquí que en ningún otro lugar. Esta señora se mueve entre el barro con destreza.

¿Se trató de una operación contra el Poder Judicial, orquestada desde el PSOE o desde el propio Gobierno?

Sí, definitivamente. Estamos atravesando un momento muy crítico. Lo que está ocurriendo es inquietante. Desde el poder se intenta eliminar el único contrapoder que existe, el de los jueces. Aquellos que no tenemos nada, ni poder político, ni mediático, ni económico, únicamente contamos con los jueces.

Lo digo como alguien que lleva más de 50 años ejerciendo como abogado y ha perdido muchos casos. También he ganado. Pero el contencioso administrativo implica pelear contra el poder, y no se asemeja a los casos civiles, que son entre partes iguales.

Los jueces son lo único que tenemos los ciudadanos que carecemos de poder.

Si desde el poder político se intenta socavar la confianza en la Justicia…

Entonces, adiós, estaremos perdidos, habrá que cerrar la tienda. Eso no sería más que una situación salvaje, ni democracia, ni Estado de derecho.

Usted ha sido rector de la UNED. ¿Cómo se explica que Begoña Gómez fuera codirectora de una cátedra en la Complutense, sin ser licenciada ni tener ningún título universitario? Una cátedra a la que no podría haberse inscrito como alumna.

Eso es una costumbre estadounidense mal traducida. En los Estados Unidos, hay muchas cátedras que llevan el nombre del financiador. Pero una cosa es prestar tu nombre para patrocinar una cátedra, y otra es dirigirla. No es posible que Begoña Gómez imparta clases universitarias sin tener siquiera una licenciatura.

En este caso, ella no financiaba la cátedra, pero se encargaba de buscar financiación utilizando recursos públicos de la Moncloa, según la investigación del juez Peinado.

Estéticamente es un desastre.

Desde el punto de vista jurídico, la cuestión más seria es si ha habido una apropiación indebida de un software, que una empresa cedió a la Complutense y ella lo registró a su nombre. Eso es un ejemplo claro de apropiación indebida. Lo demás, habrá que investigar.

¿Son aceptables los ataques del Gobierno contra el juez Peinado por instruir la causa a Begoña Gómez?

Forma parte de esos ataques sistemáticos, ya sean colectivos o individuales, hacia el Poder Judicial. Evidentemente, hay muchas intervenciones como la del juez Peinado en relación a cualquier particular que no alcanzan la última página de un periódico. Pero, amigo mío, como se ha topado con esta señora, entonces este juez es representado como un desastre.

La reforma Bolaños propone que los fiscales asuman la investigación de las causas. ¿Le parece una solución adecuada? Es una práctica común en otros países. Sin embargo, tras la condena a García Ortiz, no parece que la independencia de la Fiscalía esté asegurada.

En las películas, hemos visto que en los Estados Unidos es el fiscal —elegido por los ciudadanos— quien dirige la instrucción. Es una forma válida, siempre que se lleve a cabo bajo la supervisión de un juez que garantice los derechos de los investigados.

Pero actualmente, tras observar no solo el caso del fiscal general, sino también la división que ha surgido dentro de la carrera fiscal, ni pensarlo. Ya hemos visto cómo los partidarios del señor García Ortiz salieron a aplaudirle antes de que comenzara el juicio.

Y no solo en la Fiscalía. El Gobierno ha fracturado también a los letrados de las Cortes: designaron a uno proveniente de la Moncloa para que colabore con Armengol y respalde la ley de amnistía, contraviniendo el parecer de sus colegas que se ocupaban del asunto. Desde entonces, ya hay dos facciones en el cuerpo letrado de las Cortes.

Los abogados del Estado han sido menospreciados. Edmundo Bal sostenía que hubo rebelión en Cataluña y le dicen: no, solo se trata de sedición; y si no estás de acuerdo, puedes salir.

Así hemos llegado a este espectáculo poco ejemplar del fiscal general del Estado, donde su defensora ha sido la jefa del Servicio Jurídico del Estado. Debería haber buscado un abogado.

Es decir, existe una ruptura evidente. En estas condiciones, no se le puede confiar la instrucción al fiscal, porque si te alineas con unos, acabas sacrificando a otros.

¿Pedro Sánchez hizo un uso indebido de la Abogacía del Estado al emplearla para presentar una querella contra el juez Peinado?

Me parece que se trata de una clara instrumentalización, dado que esa querella no atendía razones de interés público, sino que era en beneficio de su esposa. El interés público no se ve afectado porque la esposa del presidente sea investigada por un juez.

A través de su reforma que ahora se tramita en el Congreso, Bolaños también busca excluir a las acusaciones populares de la instrucción de los casos. ¿Le parece apropiado?

Sería algo debatible, como muchas otras cosas, si no fuera porque incluyeron una disposición transitoria que dice: esto se aplica retroactivamente a los procedimientos abiertos. Es decir, al procedimiento contra su esposa, al de su hermano…

Si el fiscal no presenta acusación (¿y de quién depende?) solo queda la acusación particular, que por sí sola no puede sostener un proceso, lo que resultaría en que quedaría archivado. Esa disposición transitoria es un fraude total.

El juez dictó el jueves prisión preventiva para el exministro José Luis Ábalos y Koldo García. ¿Puede un Gobierno que está rodeado por escándalos de corrupción, y que ya no posee mayoría parlamentaria para aprobar leyes ni presupuestos, continuar dos años más en el poder?

Creo que Sánchez no se irá, continuar es la única manera de proteger a su esposa y a su hermano. A los que puede indultar si son condenados antes de 2027. Además, así también se protege a sí mismo, porque quién sabe lo que pueden soltar aquellos que están atrapados en la trampa.

Usted fue uno de los impulsores de la Fundación Transición. ¿Qué piensa sobre que el rey Juan Carlos haya sido excluido de los actos sobre la reinstauración de la Monarquía y se le impida regresar a España?

Soy un monárquico funcional y pragmático, como muchos. Creo que la monarquía aún aporta algo positivo a este país en comparación con la república. Si fuéramos una república, probablemente ya nos habríamos ido a pique, por las circunstancias actuales.

Me angustia ver cómo este hombre podría morir en Abu Dabi. Eso me provoca una vergüenza extraordinaria, como sucedió con Alfonso XIII e Isabel II. Es verdaderamente vergonzoso.

¿Cree que no se le está reconociendo su contribución a la democracia en España?

La verdad es que la dañó. Es como si alguien escribiera un gran libro y, cuando ya está casi terminado, le mancha las últimas páginas con tinta. Eso es lo que le ha sucedido.

¿Qué opina de las leyes de Memoria Histórica? ¿Cree que se intenta imponer por ley un relato maniqueo sobre lo que ocurrió en España durante el siglo XX?

Es un intento de ganar la guerra a posteriori, algo de lo que ninguno de los bandos puede presumir. La República fue un desastre y hay que tener el valor de reconcerlo, porque han pasado muchos años.

Cuando las derechas ganan elecciones, ¿qué hace Azaña? Marginar a la derecha, a la mitad del país. Es decir, esta República solo es para los republicanos. Y los demás, que se desvanezcan, no cuentan.

Luego los socialistas llevan a cabo la revolución en el 34 en Asturias. Y Companys aprovecha el momento de debilidad máxima de la República para proclamar el Estado catalán. Desde el inicio hasta el final, fue un desastre.

En la Transición, los españoles acordaron hacer las paces y no hacerse reproches sobre las muertes de ambos bandos. ¿Se ha roto este acuerdo de la Transición?

Los estragos comenzaron con la Ley de Memoria Histórica de Zapatero, que Sánchez ha empeorado con la Ley de Memoria Democrática. A raíz de esas legislaciones, han surgido nuevamente las dos Españas. Y eso es sumamente grave.

Quienes ya hemos vivido algunas décadas estamos muy orgullosos de que, durante la Transición, logramos cerrar en gran medida esa herida.

Lo que sí podemos celebrar es que hubo una generación en la que Fraga y Santiago Carrillo pudieron estrecharse la mano y estar juntos.

Usted fue uno de los expertos seleccionados por el Gobierno en 1981 para analizar el futuro de las comunidades autónomas. ¿La Constitución deja indefinido su techo competencial, permitiendo prometer ahora a Cataluña un cupo similar al vasco, que no se contempla en la Carta Magna?

Los constituyentes no supieron cómo organizar la estructura territorial del Estado, no tenían claridad.

La gente en las manifestaciones decía: «Libertad, amnistía y Estatuto de Autonomía». Todos anhelaban autonomía, pero no precisaban cuánto. Porque la intensidad de ese deseo es muy distinta en Murcia frente a Cataluña, País Vasco, Galicia o Andalucía.

Así que decidieron reconocer el derecho de las provincias limítrofes con características históricas semejantes a formarse como comunidades autónomas.

El café para todos.

¿Qué implica esto? Que la Constitución tiene un vacío, no presenta un modelo estatal. Y ese vacío se ha ido completando mediante la práctica política. A pesar de ello, faltan reglas y normas. Algunas se han establecido a través de interpretaciones del Tribunal Constitucional, otras por la costumbre, ya sea buena o mala.

¿Apoyaría una reforma constitucional para definir más claramente el papel de las CCAA?

Si se pudiera llevar a cabo una reforma, habría que llenar ese vacío y establecer un modelo estatal. Que puede ser el Estado autonómico, que ya lleva 50 años en funcionamiento, pero con reglas claras. Como las de la Ley Fundamental de Bonn de 1949, que estableció cómo deben relacionarse los länder entre sí y con la Federación.

El tema del País Vasco está, bien o mal, planteado en la Constitución, que reconoce derechos históricos de los territorios forales. Sin embargo, no se dice lo mismo para Cataluña. Y en el 78 los catalanes votaron mayoritariamente a favor de la Constitución.

Cataluña tiene un hecho diferencial importante: posee una lengua propia. Esto ya está resuelto en el artículo 3 de la Constitución, que estipula que esas lenguas son cooficiales en sus territorios, tal como ha establecido la jurisprudencia constitucional desde 1980.

Sin embargo, han sido tantas las concesiones en la lucha política, que ahora ni siquiera se valora el artículo 3. Estamos tratando de defender que haya un 25% de castellano en la educación en Cataluña, ni siquiera su uso como lengua oficial en la enseñanza.

La ley electoral ha tenido a las minorías nacionalistas en el poder, ese clan de los Pujol, que han demostrado ser verdaderos gánsters y ahora están en el banquillo. Son los que nos han tenido coaccionados desde el principio.

Miquel Roca, que era el rostro amable de Convergència, siempre hablaba de gobernabilidad. Pero la gobernabilidad se lograba a costa nuestra, debido a que sus 15 diputados eran imprescindibles.

Por tanto, ¿apoyaría una reforma de la Ley Electoral, por ejemplo, para requerir al menos el 5% del voto para tener representación en el Congreso?

Así es, mientras no lo hagamos, estaremos a merced de ellos. Para lograr representación nacional, es necesario hacer una oferta nacional. Decimos que este Gobierno está lleno de incompetentes, pero hay que mirar qué clase de personas han tenido allí. Y se han crecido, porque son los que mandan.

Algunos lo han hecho, hasta hace poco, desde Waterloo.

Efectivamente, es una vergüenza.