Sindicatos de Educación en Madrid Demandarán en los Tribunales la Jornada Partida en Escuelas Públicas.

Se sostiene que con la nueva normativa «no habrá democracia» en los centros, que los menores «no rendirán» adecuadamente o que «empeoran» las condiciones laborales.

Los sindicatos OO, UGT, CSIF y ANPE están considerando emprender acciones legales contra la normativa de la jornada partida en los colegios públicos de Infantil, Primaria y Educación Especial de la Comunidad de Madrid. Esta medida la ven como un ataque a la «democracia» en los centros, afirmando que llevará a que los menores «no rindan bien» y perjudicará las condiciones laborales de los educadores.

Los representantes sindicales así lo han manifestado tras haber revisado la normativa. CSIF ya ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), mientras que CC.OO y ANPE han decidido igualmente dirigirse a los tribunales, esperando concretar sus alegaciones con su asesoría legal. UGT, por su parte, sigue analizando las posibles acciones legales.

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. Madrid, Aída San Millán, ha argumentado: «No se trata de si la jornada continua o la partida es mejor; hay informes que indican que la atención disminuye después de comer. Los centros deben tener democracia interna; no se puede decidir desde una oficina sin considerar las realidades de las distintas zonas y barrios. No todos requieren lo mismo».

San Millán también ha destacado que la nueva regulación «coarta» la democracia en las escuelas porque en las votaciones para el cambio de jornada «la última palabra la tiene la Dirección de Área Territorial». «Se está eliminando el derecho a decidir», ha advertido.

En esta línea, Javier Becerra, secretario de Enseñanza de UGT Servicios Públicos de Madrid, ha criticado un texto que «afecta directamente las condiciones laborales del personal docente de las etapas educativas más tempranas sin haber negociado con las organizaciones sindicales».

«La nueva normativa elimina la necesidad de alcanzar un consenso entre todas las partes de la comunidad educativa, creando un ambiente de convivencia más tenso. Además, permite que la Administración avance en contra de la voluntad general del centro», ha insistido.

Por otro lado, Becerra ha expresado su preocupación porque la normativa no establece si se proporcionarán los recursos necesarios, tanto económicos como materiales y de personal, para «implementar la transformación propuesta, lo que puede conllevar un posible sobrecosto para las familias de estos centros».

«AFECTA A LAS CONDICIONES LABORALES»

El presidente de CSIF Educación Madrid, Miguel Ángel González, ha criticado que el decreto no haya sido objeto de discusión sindical, a pesar de «modificar sustancialmente las condiciones laborales del profesorado, vulnerando los principios básicos de la negociación colectiva en el ámbito educativo».

González ha añadido que la Comunidad de Madrid ha intentado aprobar y publicar esta normativa sin transparencia, haciéndolo al comienzo de las vacaciones navideñas de los docentes, en un claro intento de reducir la reacción social, sindical y mediática ante una medida de gran impacto.

El sindicato considera que la «justificación» del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para implementar la jornada partida con el objetivo de mejorar el rendimiento académico, la conciliación familiar y la libertad de elección de las familias se ha realizado «sin aportar estudios ni datos objetivos que respalden tales afirmaciones y perjudicando las condiciones laborales del profesorado».

González ha denunciado la «práctica habitual del Ejecutivo autonómico» de aprobar normativa educativa «importante» en períodos no lectivos, «sin diálogo previo y escaso respeto institucional hacia los docentes».

«HAY NIÑOS QUE DESPUÉS DE COMER NO VUELVEN»

Carolina Fernández, vicepresidenta de ANPE, ha criticado a la Comunidad de Madrid por «no respetar la autonomía de los centros para poder cambiar de jornada», subrayando que los docentes «entenden las realidades de los alumnos, que varían según su ubicación».

«Todo esto debe considerarse con calma; no se puede cambiar tan rápidamente porque lo pensemos ahora. Hay niños de colectivos vulnerables que, si van a casa a comer, no regresan. Además, estamos por encima del promedio europeo de horas lectivas en Primaria y Secundaria», ha afirmado.

Fernández ha indicado que esta medida representa un «desprecio» hacia los docentes de la región, enfatizando que los profesionales «no son cuidadores». «Cada profesión tiene su función, pero se da a entender que tenemos que hacer de todo», ha concluido.

EL DECRETO

El Consejo de Gobierno autorizó el pasado 23 de diciembre el decreto que establece que la jornada lectiva se organice, en general, en dos sesiones de mañana y tarde, separadas por un intervalo de dos horas, manteniendo la opción de jornada continua en los meses de septiembre y junio.

Las escuelas públicas interesadas podrán solicitar y aprobar el cambio a un horario partido. Esta iniciativa debe contar con el apoyo de al menos un tercio del Consejo Escolar del centro, compuesto por padres, profesores, personal administrativo y de servicios, así como representantes municipales.

El proceso incluirá consultas al claustro y a este órgano de participación, así como a las familias, y deberá incluir una votación, presencial o telemática, donde es necesario que la mayoría de los votos emitidos sea favorable.

Una vez que se confirme el escrutinio, el presidente del Consejo Escolar notificará el resultado al claustro y al resto de los miembros del órgano, y el director lo comunicará a la Dirección de Área Territorial correspondiente. Será este último quien autorice el cambio, previa evaluación del Servicio de Inspección Educativa y atendiendo a criterios organizativos, pedagógicos y de conciliación familiar. Todo este procedimiento deberá llevarse a cabo antes del 15 de marzo de cada año.