Todo lo que necesitas conocer sobre la nueva tarifa de basura que comenzará en septiembre.

En septiembre, los residentes de Madrid deberán afrontar un nuevo pago: la tasa de basuras, destinada a cubrir los costes de recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos. El Ayuntamiento de Madrid empezará a enviar los recibos de la nueva Tasa de Gestión de Residuos (TGR), que afectará a más de 1.5 millones de viviendas y cerca de 1.4 millones de personas en la ciudad.

Esta medida, resultado de la Ley 7/2022, responde a las exigencias de sostenibilidad de la Unión Europea y ha generado divisiones entre las administraciones locales y los ciudadanos. En Madrid, también ha generado controversia política, ya que se considera un tributo que crea desigualdades entre diferentes barrios.

El importe que deberá pagar cada vecino varía dependiendo de su barrio y las características del inmueble donde reside. La media se sitúa en unos 140 euros anuales por vivienda, aunque la horquilla varía desde los 574 euros en El Plantío, en el distrito de Moncloa-Aravaca, hasta los 45 euros que pagan los vecinos de San Cristóbal, en Villaverde. Otros barrios con recibos altos incluyen El Viso en Chamartín (425 euros), Recoletos en Salamanca (430 euros) y Los Jerónimos en Retiro (425 euros). En el extremo opuesto, Pradolongo y Zofío, en Usera, pagarán en torno a 59 euros, y Amposta, en San Blas-Canillejas, unos 62 euros.

La cuota se calcula combinando tres elementos: una tarifa básica asociada al valor catastral de la vivienda que cubre el 81 por ciento de los costes fijos del servicio, una tarifa por generación de residuos, que se establece según el peso de los desechos recogidos en cada barrio y el número de empadronados (que representa el 11.4 por ciento), y finalmente, el coeficiente corrector que depende de la calidad de la separación de residuos en cada área (que supone el 7.6 por ciento). Por lo tanto, la cuota tributaria se obtiene al sumar la tarifa básica y el producto de la tarifa de generación multiplicada por ese coeficiente de calidad, según establece la ordenanza.

Para los inmuebles comerciales, la media anual será aún más alta, alcanzando los 310 euros. En total, los técnicos de la Agencia Tributaria de Madrid han estimado que los ingresos por esta nueva tasa rondarán los 296 millones de euros. Una vez descontados los 40 millones que aportaba la Tasa de Residuos Urbanos de Actividad (TRUA), ahora derogada por incompatibilidad, la cifra neta adicional que ingresará en las arcas municipales se aproxima a los 256 millones a partir de este año.

¿Hay excepciones en el pago?

Existen algunas excepciones. Por ejemplo, no tendrán que pagar los garajes y trasteros vinculados a una vivienda, al no generar residuos, ni los solares o edificios en ruina. Las viviendas vacías y locales sin actividad deberán abonar la parte correspondiente a la tarifa básica, aunque sus propietarios deberán acreditar anualmente dicha situación.

Además, grupos como las familias numerosas o los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital y de la Renta Mínima pudieron solicitar una reducción del cien por cien de la cuota, en plazos que finalizaron en abril.

Por otro lado, una de las inquietudes más frecuentes entre los madrileños, recogida en el portal del Ayuntamiento de Madrid, se refiere a qué sucede en caso de venta de una vivienda o cambios en el valor catastral. El Consistorio aclara que cualquier variación tendrá efectos en el devengo de la tasa inmediatamente después de que se produzcan los cambios en el Catastro, siguiendo el mismo criterio que para el IBI. Las resoluciones notificados al interesado reflejarán los efectos de esas modificaciones, y cualquier cambio que implique una baja o modificación en el padrón se tramitará de oficio por la Administración Municipal.

¿Quién debe asumir la tasa en caso de que la vivienda sea alquilada?

También es común la pregunta sobre quién debe hacerse cargo del pago en caso de alquiler. Aunque el Ayuntamiento indica que la tasa es de uso y que, por tanto, los propietarios pueden repercutirla a los inquilinos, la responsabilidad última de abonarla recae en el titular del inmueble.

El primer recibo llegará en septiembre como una notificación individualizada de alta en la matrícula de la tasa, con un plazo de dos meses para efectuar el pago. A partir del próximo año, el cobro podrá domiciliase y se gestionará automáticamente, como sucede con otros impuestos como el impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Una tasa no exenta de polémica

La implementación de esta tasa ha estado rodeada de polémica política. La aprobación de este tributo ha generado un fuerte rechazo en la oposición. En el pleno de diciembre, PSOE, Más Madrid y Vox coincidieron en criticar la tasa, ya sea por la forma en que se cobra o por su obligatoriedad.

Desde Más Madrid, su portavoz Rita Maestre calificó la medida como “injusta” y anunció un recurso judicial ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), argumentando que se trata de una tasa “mal diseñada e injusta”.

El PSOE, por su parte, denunció que el Consistorio ocultó información sobre las bonificaciones para los perceptores del Ingreso Mínimo Vital, quienes podrían quedar excluidos si no lo solicitaron a tiempo. El grupo municipal Vox también presentó un recurso contencioso-administrativo ante el TSJM para impugnar la tasa de basuras del Ayuntamiento, pidiendo medidas cautelares para su suspensión, argumentando que es “un impuesto encubierto y que el reciclaje ya está suficientemente pagado por los madrileños”.

Desde el Gobierno municipal, la vicealcaldesa, Inma Sanz, respondió a las críticas, tildando a Más Madrid de “hipócritas”, acusándoles de ser coautores del “sanchazo” tributario, como han denominado a la tasa, y defendiendo que es fruto de una imposición estatal. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, defendió que el diseño y aplicación de la misma se debió a la “incertidumbre” provocada por la falta de “instrucciones claras” del Gobierno de Pedro Sánchez.

Hace una semana, la delegada de Hacienda en el Ayuntamiento, Engracia Hidalgo, reiteró que su equipo “no estaba de acuerdo con ella, ni en fondo ni forma”, llegando a calificar su configuración de “poco rigurosa”. Según el Consistorio madrileño, se trata de una medida impuesta por un cambio legislativo del Gobierno central, que exige a los municipios repercutir el coste real del servicio de gestión de residuos a los ciudadanos. Desde Cibeles critican esta tasa, aunque la propia Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid, aprobada por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, contempla explícitamente la necesidad de establecer un tributo de este tipo.

En definitiva, a partir de septiembre, los madrileños comenzarán a abonar este nuevo tributo, que se sumará al gasto fijo de los hogares y negocios de la capital.