Todo lo que requerirá la Comunidad de Madrid de los alojamientos turísticos (y no es poco)

El Ayuntamiento ha implementado un conjunto de medidas para regular los alquileres vacacionales o temporales. Sin embargo, no será la única acción. La Comunidad de Madrid planea aprobar en su Consejo de Gobierno de este miércoles una actualización del decreto que rige las viviendas de uso turístico (VUT), estableciendo por primera vez un tamaño mínimo para las estancias y permitiendo a los municipios restringir su presencia en edificios, áreas o zonas, así como exigir que estos alojamientos dispongan de ropa de hogar y menaje completo.

Según han informado fuentes de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte a Europa Press, la nueva norma introduce como principal novedad la obligación de contar con un contenido mínimo en las viviendas de uso turístico. Estas deberán incluir ropa de cama, baño y mesa, así como vajilla, cubertería, cristalería y utensilios de cocina, con el fin de asegurar la calidad del servicio para los huéspedes.

Asimismo, el texto detalla la ocupación máxima permitida en estos alojamientos y establece que deben contar con un certificado de idoneidad.

Para los apartamentos turísticos, clasificados en categorías de 4, 3, 2 y 1 llave, se añaden requisitos sobre iluminación y ventilación, la instalación de sistemas de oscurecimiento temporal en dormitorios y salones, y el suministro de mobiliario y equipamiento básico en habitaciones y cuartos de baño.

Adicionalmente, se establece expresamente la prohibición de operar esta actividad en viviendas de protección pública o en aquellos inmuebles donde lo determinen las comunidades de vecinos, adaptando así el texto a las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

La actualización también determina que la responsabilidad de presentar la declaración responsable para iniciar la actividad recaerá en los titulares del servicio turístico y no en los propietarios de las viviendas.

Control y sanciones

Esta modificación forma parte del Plan de refuerzo y control de las VUT que se implementará en la segunda mitad de 2024, buscando consolidar un modelo turístico basado en la regulación de la actividad, la competencia justa y la promoción de un turismo de alto valor, según explican las mismas fuentes.

Es importante recordar que en la región hay 15.309 viviendas de uso turístico que ofrecen 50.675 plazas, una cifra que representa una disminución del 17,5% en comparación con las últimas mediciones de 2025. Estos datos provienen del Instituto Nacional de Estadística (INE), que también indica que la presión de las VUT sobre el parque residencial apenas alcanza el 0,52%.

En este contexto, la Comunidad de Madrid ha intensificado las inspecciones y sanciones, lo que ha resultado en un aumento de las bajas de viviendas turísticas. En total, 1.153 VUT se han dado de baja en 2024, en comparación con 3.053 en 2025, lo que equivale a un incremento del 164,8%. En los primeros dos meses de 2026, se han registrado otras 341 bajas, según información de la consejería dirigida por Mariano De Paco Serrano.

En cuanto al número de inspecciones, ha aumentado de 481 en 2024 a 588 en 2025, un incremento del 22,3%. El porcentaje de inspecciones que ha resultado en sanción se ha mantenido en niveles altos, con un 90% en 2024 y un 85,71% en 2025.

En conjunto, la Comunidad de Madrid ha impuesto sanciones por un total cercano al medio millón de euros en los últimos dos años, resultado de la labor de inspección realizada por la Dirección General de Turismo y Hostelería.

«Distorsión en el mercado»

«Estos datos evidencian la intensificación de la actividad inspectora y sancionadora, así como el compromiso de la Comunidad de Madrid con el cumplimiento de la normativa, la protección de los usuarios y el desarrollo ordenado de la actividad turística en la región», ha resaltado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco.

En relación a esto, ha criticado la normativa estatal en esta área, afirmando que es posible «destinar alquileres tradicionales para uso recreativo», a través de la Ley de Arrendamientos Urbanos, la cual genera «un trasvase de VUT a alquileres de temporada, ocasionando distorsiones en el mercado».

Además, el consejero ha señalado que esta situación «no solo complica las labores de control e inspección, sino que también desvirtúa el objetivo original del alquiler de temporada», acusando al Gobierno de Pedro Sánchez de «trasladar este problema al ámbito autonómico y local».