Transportes designa a KPMG para evaluar Logirail, la subsidiaria de Renfe donde Ábalos supuestamente favoreció a una mujer | Empresas


El Ministerio de Transportes se encuentra preparando una evaluación junto al reconocido gigante de la consultoría KPMG sobre una de las empresas públicas vinculadas al caso Koldo-Cerdán-Ábalos (operación Delorme). La entidad en cuestión, que será analizada por el departamento que actualmente dirige Óscar Puente, es Logirail, la filial estatal de Renfe, en la que supuestamente, siguiendo instrucciones de José Luis Ábalos, fue contratada Claudia M., quien tenía vínculos con el exministro.

Según lo indicado en la página oficial de contratación del Estado, la dirección general de Logirail ha solicitado a KPMG sus “servicios de consultoría para evaluar la adecuación a condiciones de mercado, eficiencia en costes y generación de valor de los servicios profesionales” que ofrece, después de que la consultora fuera la única en participar en el concurso del contrato.

Logirail desembolsará 26.768,53 euros con impuestos por los servicios de KPMG, una cantidad por debajo de los 35.691,37 euros que representaba el presupuesto base de la licitación sin impuestos. Considerando las dos posibles prórrogas de doce meses indicadas en el pliego de adjudicación, el valor estimado del contrato podría alcanzar hasta 88.491 euros.

Esta filial dedicada a servicios logísticos, tecnológicos y de handling ferroviario de Renfe ganó notoriedad cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil presentó su informe sobre la operación Delorme al Tribunal Supremo. En dicho documento se señalaban supuestas irregularidades en el proceso de contratación de dos mujeres, Jessica R. y Claudia M., en Ineco y Logirail, ambas empresas públicas bajo el ministerio que dirigía el propio Ábalos.

Cuando Claudia M. compareció por videoconferencia ante el Supremo un mes más tarde, reconoció ante el magistrado Leopoldo Puente que solicitó la ayuda de Ábalos para que le ayudara a encontrar empleo. Días después, Koldo García, su asesor, le organizó una entrevista en la empresa pública. De acuerdo con Claudia M., estuvo en Logirail desde 2019 hasta 2022.

Cuando el juez reclamó más información a la compañía, esta respondió indicando que no había podido localizar documentación que identificara a la persona que analizó el currículum de la mujer y propuso su contratación, así como tampoco pudo proporcionar correos enviados o recibidos por ella. Posteriormente, Logirail precisó que Claudia M. fue inicialmente contratada como “encargada comercial de sección del proyecto para establecer una oficina de promoción y venta de plazas en trenes turísticos en Asturias”.

Según las cuentas anuales más recientes disponibles en el Registro Mercantil, correspondientes al ejercicio 2024, la empresa reportó un beneficio de 3,84 millones de euros. De los 128,94 millones de euros que ingresó, 127 millones provinieron de servicios prestados a empresas del propio Grupo Renfe. Durante ese mismo ejercicio, la entidad pública destinó 107,8 millones de euros a gastos de personal. Al 31 de diciembre de 2024, Logirail contaba con 3.974 empleados, de los cuales 1.949 eran hombres y 2.025 eran mujeres.

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