Un exfuncionario municipal de un municipio de Ciudad Real sentenciado por malversación de fondos: obligado a abonar 48.000 euros.

La justicia ha concluido el caso de malversación de fondos públicos que impactó al Ayuntamiento de Guadalmez (Ciudad Real) en 2018, ratificando la culpabilidad de un exempleado municipal y exonerando al PSOE de los hechos.

El condenado ha reconocido los delitos de malversación de fondos públicos y falsedad documental, y deberá abonar 12.000 euros al Ayuntamiento por responsabilidad personal subsidiaria, además de 36.000 euros en costas judiciales.

Asimismo, ha sido sentenciado a un año y seis meses de prisión y dos años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.

Los hechos datan de 2018, cuando la entonces alcaldesa socialista Ana Isabel Muñoz identificó irregularidades en la contabilidad municipal y denunció a la Guardia Civil la presencia de anticipos de nómina no autorizados, firmados con firmas falsificadas de la alcaldesa y la secretaria municipal.

Denuncia

Dicha denuncia permitió el inicio de la investigación conocida como operaciones «Comares», que desmanteló una red dedicada a la prevaricación, estafa y falsificación de documentos públicos.

Según los hallazgos de la investigación, el empleado desviaba dinero del Ayuntamiento a cuentas bancarias de personas de su confianza, utilizando algunos de los titulares como testaferros a cambio de compensaciones económicas.

Disculpas

Tras hacerse pública la sentencia, el PSOE de Guadalmez ha solicitado una disculpa pública a la alcaldesa Gloria Charromo (PP) por «manipular y mentir» acerca del caso con el fin de perjudicar la imagen del partido y de su anterior alcaldesa.

«La denuncia que realizamos desde el gobierno socialista fue la punta de lanza para destapar esta trama. Actuamos con transparencia y responsabilidad, y hoy la justicia demuestra que dijimos la verdad», ha declarado la secretaria general y portavoz municipal del PSOE en Guadalmez, María del Prado Redrejo.

Controversia

El fallo judicial representa el cierre de un caso que durante años ha generado controversia en la política local. Desde el PSOE insisten en que la resolución «exhibe las falsedades difundidas contra los socialistas» y exigen al actual equipo de gobierno que sea transparente con los vecinos sobre los hechos demostrados en la sentencia.