Un gobierno municipal del PP en Madrid planea desalojar a 42 familias en situación vulnerable de un edificio ocupado de la Sareb.

No es la primera vez que la alcaldesa popular se manifiesta en contra de la okupación. En julio de 2021, el consistorio de Vargas anunciaba la creación de una oficina antiokupación, un servicio que fue denunciado por falta de transparencia por la Asamblea de Vivienda de Villalba y que llevó a juicio en 2023 la concejala Eva Morata, de Cambiemos Villalba. «Logramos cerrar la oficina», confirma a Público Pablo López, portavoz de la Asamblea. «Pero fue por falta de transparencia, no por lo que realmente significaba», aclara el activista. 

De regreso en 2025, a principios de octubre, Vargas realizó otro ataque contra la okupación. Esta vez, dirigiéndose a un grupo de vecinos: Los inquilinos del número 19 de la calle Trinidad. «De pronto, un arquitecto llegó al edificio para inspeccionar, enviado por el área de Urbanismo del Ayuntamiento», menciona López. «A los seis días, la policía llegó para desalojar cautelarmente todo el inmueble», continúa el activista, dando solo cinco minutos a los residentes para sacar sus pertenencias. «Aquellos que estaban trabajando, se quedaron sin nada». Todos a la calle. ¿La justificación del consistorio? Un informe de Urbanismo basándose en aquella visita, que indicaba problemas estructurales en el edificio. «Una excusa con la única intención de expulsar a las familias que residían allí, omitiendo los plazos judiciales«, denuncia el portavoz.

La situación se repite. El jueves pasado, un equipo del Ayuntamiento ingresó al bloque 13-15 de la Calle del Real, una de las principales vías del municipio. Este edificio, propiedad de una constructora que quebró en 2008 sin haber vendido los pisos, permaneció vacío durante más de diez años. Desde 2008 hasta 2020. Fue en ese momento, bajo la administración de la Sareb, cuando comenzaron a llegar diversas personas en situaciones vulnerables. Parejas con hijos, madres solteras, familias migrantes, personas mayores… Una comunidad de más de 100 vecinos, repartidos en menos de 60 pisos, cada uno de alrededor de 30 metros cuadrados y sin acceso a agua corriente. «Pisos donde habitan cuatro, cinco e incluso seis personas», indican desde la Asamblea.

42 de esas familias, bajo la amenaza de un proceso judicial de desalojo, acudieron hace un año a la Asamblea de Vivienda. Con la intención de sentar a Sareb en la mesa de negociaciones y lograr, por fin, alquileres asequibles. ¿Su prioridad? Regularizar su situación en el bloque. ¿La alternativa? Un realojo en la zona de la sierra. «Ahí están sus trabajos, las escuelas de sus hijos, el médico, sus redes de contactos…», señala Guillermo Di Marco, portavoz de la Asamblea. Desde entonces, las negociaciones han avanzado. «Ya tenemos 20 contratos prácticamente listos», asegura el activista en una conversación con Público. La otra mitad, sin embargo, sigue resistiéndose. «Se niegan a buscar una solución para las familias sin papeles y, mientras eso ocurra, el resto de los vecinos no contempla irse». O todos o ninguno.

Así estaban las cosas cuando el Ayuntamiento decidió intervenir. Con una nueva inspección, un nuevo informe sobre el estado del edificio y una nueva amenaza de desalojo cautelar. «Este viernes entregamos 39 expone-solicita de distintas personas que viven aquí, solicitando el informe y el número de procedimiento. Hasta el momento, no hemos recibido respuesta», detalla López. Este lunes, han dado un paso más, pidiendo una reunión con Urbanismo. «Ahora depende de ellos sentarse a dialogar», comenta el activista. Mientras tanto, los vecinos tienen que lidiar con la incertidumbre. Con el temor a perder sus hogares. Público ha pasado una mañana con algunos de ellos para conocer de cerca su bloque, sus casas y sus vidas. 

«No tenemos a donde ir»

Un contingente inusual de 60, tal vez 70 policías, completamente armados, apareció de repente, sin aviso previo. Sacándolos por la fuerza de sus hogares. Sin tiempo para empacar sus muebles, electrodomésticos o los juguetes de sus hijos. Los recuerdos de toda su vida. «Esa es nuestra mayor preocupación», comentan los vecinos. «Tememos quedar en la calle, sin abrigo y con este frío», dice Juan*, residente del edificio. «Aquí habitan familias que llevan mucho tiempo, otras que han llegado más recientemente. Pero a todos nos une una misma razón: la necesidad de un hogar«, enfatiza el vecino. Una urgencia aún más crítica para las familias migrantes y sin papeles, como la suya. «Nos enfrentamos a complicaciones en todos los sentidos: la documentación, el dinero y la falta de opciones. Nos enfrentan a un abismo», se lamenta el residente.

Sin tener en cuenta la presencia de menores en el edificio. «Tengo una hija de cuatro años y este piso es la única opción que tengo para darle un lugar donde vivir», dice Valentina*. Con una amenaza de desalojo que ha llegado para alterar sus vidas. «Mi niña ya no puede dormir por las noches. Me pregunta: ‘Mamá, va a venir la policía. ¿Qué haremos? ¿A dónde iremos?'», relata la madre. «Solo pedimos una alternativa», enfatiza.

Todos los residentes han hecho su parte en la mejora de su situación. «Hemos limpiado las áreas comunes, recogido basura y pintado. Estamos trabajando en pro de una mejor convivencia…», enumera Valentina. Llegaron a organizar guardias de 24 horas para evitar la entrada de extraños al bloque. Un allanamiento a lo que consideran su hogar, que, durante años, aseguran, la policía ha consentido y fomentado. «Se nos colaban personas conflictivas, violentas, con problemas de adicción. El Ayuntamiento aprovechaba estos incidentes para criminalizarnos a todos. Para enviar el mensaje de que no podemos permanecer aquí«, denuncia José Luis*, otro vecino.

Una afirmación respaldada por la Asamblea: «La criminalización mediática ha sido la única respuesta del Ayuntamiento». En un municipio que tiene uno de los presupuestos en Servicios Sociales más bajos de España, con 39,27 euros anuales por persona. Y precios de vivienda que rompen récords históricos mes a mes. Ya ascendiendo a 13,4 €/m2, según Idealista, en el pasado mes de octubre. «La solución más sencilla para este bloque no son los realojos en otras provincias, en casas en ruinas y con contratos llenos de cláusulas abusivas», critica López. «Estas viviendas pasarán a formar parte de la futura empresa pública de vivienda, según los criterios publicados en el BOE el 25 de julio. Que se haga ya el traspaso y se ofrezcan contratos regulares a todas las familias», sugiere el activista.

Puerta con puerta

Manuela* y Driss* son vecinos. Literalmente. Viven uno frente al otro, a cada lado del pasillo. Las coincidencias no terminan ahí. Ambos tienen 63 años, son de origen extranjero y, a pesar de llevar años en España, no han logrado regularizar su situación. Manuela trabaja como costurera, asistenta y repostera, haciendo lo que puede. Driss, por otro lado, recoge chatarra. La primera vive con sus dos hijos; el segundo, con su hermano.

«Me quedé sin empleo y no tenía lugar donde vivir. Me encontré en la calle sola, con mis hijos, y decidí entrar aquí», narra Manuela. «Cuando llegamos, enfrentamos muchas dificultades», prosigue la vecina. Carecían de luz, agua y pasaban un frío intenso. «Ha sido una lucha constante. Primero, por acondicionar nuestras viviendas. Luego, por los problemas de convivencia. Ahora, por defender nuestras vidas», concluye la inquilina. Se mudó allí hace cinco años, a finales de 2020. Desde entonces, ha enfrentado dos juicios: uno penal y otro civil. A pesar de todo, aún permanece. «Por mis hijos», destaca la vecina. Uno de sus hijos con discapacidad. «Nunca he logrado que se le reconozca ni obtener asistencia», se lamenta. «Yo me metería en cualquier espacio, pero ¿y él?», se pregunta angustiada. «No tengo dinero, es cierto, pero tampoco quiero irrumpir en una puerta. Merecemos una alternativa digna«, reclama la inquilina. Y tiene claro que no quiere un lujo ni nada regalado. «Somos personas trabajadoras, responsables, que cumplen con sus pagos. Solo pedimos la oportunidad de demostrarlo», sentencia.

Driss también ingresó en 2020. Ya residiendo en el piso, sufrió la amputación de una pierna tras un accidente laboral, y enfrentó dificultades en el hospital por no tener papeles. «Si uno de nosotros hubiera estado en su lugar, habría conservado la pierna», añade Andrea*, una antigua inquilina del bloque que sigue ayudando a los vecinos, a quienes considera «su familia». Desde entonces, Driss vive con apenas 400 euros al mes y la ayuda de sus hermanos. No habla bien español, no recibe asistencia de Servicios Sociales ni ayuda para su medicación. «Si a alguien con papeles le cuesta, imagínate a él», destaca Andrea, a la que conseguir un alquiler social le tomó diez años de lucha junto a la Asamblea y el resto de inquilinas. «Le diría a la señora alcaldesa que se ocupe de crear políticas de vivienda en lugar de expulsar a la gente. Pero en su mundo de luz y color, los pobres no encuentran lugar», concluye la ex vecina.

No van a abandonar sus hogares. Y menos sin una alternativa. Por ello, los vecinos, organizados en la Asamblea, han convocado una rueda de prensa frente al bloque para el martes 4 de noviembre, a las 10 de la mañana. «El Ayuntamiento, en lugar de mejorar la vida de los vecinos, pretende hacerle el trabajo sucio a la Sareb. A las puertas de la temporada de lluvias y heladas«, se señala en la convocatoria. «Exigimos la paralización del desalojo cautelar y el alquiler social para las 42 familias en la negociación colectiva con Sareb, que debe cumplir su mandato social», afirman.

Público se ha puesto en contacto con el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Collado Villalba, dirigido por Adan Martínez, y con el equipo de la alcaldesa, Mariola Vargas, para solicitar acceso al informe realizado por el consistorio sobre el estado del bloque, así como el número de expediente del caso. También se han trasladado diversas preguntas. ¿Por qué ha decidido el Ayuntamiento impulsar un desalojo del edificio en medio de las negociaciones entre la Sareb y los vecinos? ¿Ha movilizado el consistorio a los Servicios Sociales para conocer las situaciones particulares de cada residente y facilitarles alguna alternativa residencial? ¿Está el Ayuntamiento promoviendo de manera consciente un discurso criminalizador hacia los inquilinos del bloque? Hasta el cierre de este artículo, el gobierno municipal no ha querido ofrecer respuestas.