Un juzgado detiene la destitución del director de la Policía en Lleida debido a una condena previa por acoso sexual | España

Un nuevo revés judicial para el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha decidido suspender la decisión que tomó el 16 de diciembre de destituir al comisario Antonio José Royo Subías como jefe de la Policía Nacional en Lleida, tras hacerse público que fue condenado hace 22 años por acosar a una subordinada para que mantuviera relaciones sexuales con él. En un auto, adelantado por Abc y al que ha tenido acceso EL PAÍS, los tres magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Sección Cuarta del TSJ de Cataluña concluyen que la orden de cese “podría presentar múltiples vicios de pleno derecho y de anulabilidad”, entre ellos el hecho de que se adoptó sin escuchar al alto mando y con el único argumento de que mantenerlo en el puesto podría causar “un grave deterioro de la imagen de la Policía Nacional”.

Por todo ello, los magistrados han decidido que, mientras se resuelve el recurso presentado por el comisario, este vuelva a ocupar provisionalmente el puesto de jefe de la Comisaría Provincial de Lleida. Sin embargo, advierten que esta medida “no implica perpetuar” su permanencia en el cargo y dejan abierta la posibilidad de que el Ministerio del Interior lo releve por otro comisario, dado que Royo fue nombrado de manera provisional. Esta no es la primera vez que la justicia rectifica a Grande-Marlaska por el cese de un mando policial. En 2023, el Tribunal Supremo declaró ilegal la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos como máximo responsable de la Guardia Civil en Madrid.

El comisario Royo fue destituido de su puesto una semana después de que se publicara en varios medios, incluyendo EL PAÍS, que había sido condenado en junio de 2003 por la Audiencia Provincial de Gipuzkoa por acosar sexualmente a una agente a su cargo en 1999 y por propinarle “un manotazo en el glúteo”. Por estos hechos, fue declarado responsable de un delito de acoso sexual con el agravante de superioridad, lo que le costó una multa de 1.080 euros y una indemnización de 3.000 euros a la víctima. La sentencia no incluyó pena accesoria de inhabilitación (este castigo no se incorporó hasta la reforma del Código Penal de 2022), por lo que el agente, que era inspector jefe de la Unidad de Intervención Policial (UIP, conocidos como antidisturbios), continuó en la Policía Nacional, ascendiendo a comisario en 2017.

La controversia provocada, que llegó al Congreso y al Senado mediante preguntas escritas y en pleno a Grande-Marlaska, hizo que al día siguiente de hacerse pública aquella condena, el director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, el comisario José Ángel González, dictara una resolución que cesaba a Royo y lo trasladaba a la Jefatura Superior de Madrid como responsable de un grupo de Seguridad Ciudadana. Según detalla el auto del TSJ de Cataluña, el número dos de la Policía justificó su decisión por el “malestar generado en diferentes ámbitos institucionales y de la sociedad civil tras su nombramiento como responsable policial en la provincia”, argumentando que esta situación podría afectar negativamente al interés del servicio y al desempeño diario de las funciones.

La decisión fue impugnada por el comisario, quien solicitó que, mientras se resolvía el recurso que presentó, se suspendiera cautelarmente la medida ―debía incorporarse a su nuevo puesto en Madrid este viernes―, argumentando que, al encontrarse cerca de la jubilación, la ejecución inmediata del cese le podría causar “perjuicios graves y de muy difícil reparación” ya que al conocerse la sentencia podría ya estar retirado. Además, mencionó que su destitución le ocasionaba un “daño reputacional” que considera “esencialmente irreversible”, así como una pérdida económica significativa, ya que el puesto de jefe de la Policía Nacional en Lleida tiene un complemento anual de 14.500 euros. Interior, a través de la Abogacía del Estado, refutó esos “daños irreversibles” y subrayó que suspender el cese vulneraba la “potestad” de la Dirección General de la Policía para “autoorganizarse”.

Los tres magistrados han fallado ahora a favor del comisario Royo, al considerar que su cese no se había producido “dentro de un procedimiento disciplinario/sancionador, ni por ningún hecho actual o presente que evidencie un riesgo en el desempeño de sus funciones”. También señalan que una decisión de tal carácter “requiere ciertas cautelas y garantías”, las cuales no se habían materializado, incluyendo la de escuchar al afectado. La resolución judicial crítica que la decisión de Interior se base en “formulaciones genéricas” respecto al prestigio de la Policía, sin concretar “qué hechos operativos, incidencias del servicio o razones funcionales concretas hacen imprescindible” el cese. De hecho, se añade que esta falta de motivación “es un vicio que podría dar lugar a la anulabilidad de la resolución administrativa”.

Asimismo, el auto señala que la resolución del ministerio no incorporó la sentencia de 2003 que condenó al comisario Royo por acoso sexual y se limitó a incluir las recientes informaciones periodísticas sobre este tema que condujeron a su cese. En este contexto, se recuerda que “la posible cancelación y consiguiente olvido de antecedentes penales es un derecho que el Código Penal concede a todos los condenados y que está íntimamente relacionado con la orientación constitucional de nuestro sistema penal hacia la reinserción social”. También enfatiza que la omisión de Interior de tener en cuenta esa antigua sentencia al acordar el nombramiento, revela que el cese fue, en realidad, “una reacción coyuntural” al revuelo mediático que se generó.

La resolución judicial destaca que Royo posee “un extenso expediente profesional de 41 años de servicio, con numerosas felicitaciones públicas (más de 80), condecoraciones y destinos de alta responsabilidad internacional como Consejero de Interior en la embajada de España en Argel, sin ninguna incidencia, disciplinaria o no”, motivo por el cual los magistrados no ven riesgo en que ejerza funciones como jefe provincial de la Policía Nacional en Lleida. De hecho, recalcan que “la propia resolución de cese no identifica problemas de seguridad ciudadana, fallos operativos, pérdida de coordinación o conflictos internos concretos, sino únicamente una afectación de imagen”.