Un obstáculo de negativas ante la lógica.

El Gobierno de España ha erigido un muro frente al sentido común. Un muro construido de «noes»: no se puede limpiar un río, no se puede desbrozar un cauce, no se puede mover un tronco caído sin una autorización que tarda meses, si es que llega. No se puede tocar una orilla, ni retirar maleza, ni reparar un muro sin pasar por tres informes, cuatro sellos y un silencio administrativo que, en la práctica, se traduce en otro «no». Detrás de ese muro hay un Ejecutivo que ha abandonado su responsabilidad de gobernar. Dice «no» a todo lo que implica responsabilidad: no al trabajo de los ayuntamientos, no a la prevención, no al mantenimiento de los ríos. Un Gobierno que ni gestiona ni permite gestionar, y que ha hecho del abandono su lema. La Confederación Hidrográfica del Tajo es el mejor ejemplo de esa ineficacia. Acumula expedientes, retrasa autorizaciones y deja sin respuesta a las solicitudes de los municipios.

Según la Federación de Municipios de Madrid (FMM), 54 ayuntamientos han presentado 136 expedientes denunciando retrasos injustificables. Los cauces se tapan, los márgenes se llenan de árboles secos y maleza, y el Estado no reacciona.

No es solo un problema burocrático: es el reflejo de un modelo político basado en el dogmatismo y la desidia, que confunde proteger con prohibir y cuidar con no tocar.

El barranco del Poyo, en la cuenca del Júcar, lo ilustra con crudeza. La Confederación Hidrográfica del Júcar tenía proyectadas obras de encauzamiento y mejora hidráulica para mitigar el riesgo de avenidas en una zona históricamente vulnerable. Los proyectos estaban redactados y presupuestados, pero nunca se llevaron a cabo. Cuando llegó la DANA de 2024, el cauce seguía sin protección, los márgenes cubiertos de maleza y el resultado fue el peor posible: vidas humanas perdidas y daños millonarios. Esa tragedia refleja lo que ocurre cuando la ideología reemplaza al trabajo y las gestiones se cambian por excusas.

Aquí, en la Comunidad de Madrid, ni siquiera solicitamos grandes infraestructuras. Pedimos algo mucho más simple y sensato: poder limpiar los cauces, desbrozar las orillas y prevenir los riesgos antes de que sea demasiado tarde. Pero nos encontramos con las mismas trabas, los mismos retrasos y la misma parálisis. El mismo bloqueo que impide actuar a tiempo y convierte la prevención en una carrera de obstáculos.

Los ayuntamientos, con sus alcaldes al frente, independientemente de su color político, no piden arrasar los ríos; piden cuidarlos como se ha hecho siempre desde el ámbito rural y mantenerlos limpios y vivos, y esto no puede ser motivo de sanción para los consistorios madrileños.

Y frente a esos alcaldes que conocen el terreno y hablan con la autoridad de quienes lo sufren cada día, el delegado del Gobierno en Madrid se pasea de foto en foto por los ayuntamientos, pero guarda silencio. No defiende a los municipios, no traslada sus demandas y no realiza una sola gestión útil ante los ministerios.

Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid seguimos actuando donde otros no llegan. En 2024 recuperamos el cauce medio y bajo del río Jarama, a su paso por Coslada y San Fernando de Henares, con una inversión de 350.000 euros y la retirada de 2.900 toneladas de residuos. Además, se han ejecutado más de 70 actuaciones de limpieza y conservación de cauces en toda la región, con más de tres millones de euros invertidos, y está en marcha una licitación de 45,9 millones para continuar con estos trabajos.

El fanatismo ecologista de la izquierda ha sustituido el sentido común por la ideología: ignoran a los pueblos, desoyen a los alcaldes y castigan a quienes cuidan de su entorno.

Porque cuidar la naturaleza no es dejarla morir bajo la maleza, sino mantenerla viva, limpia y segura. En eso estaremos siempre junto a los madrileños, junto a sus vecinos y sus alcaldes, que conocen mejor que nadie su territorio y tienen toda la razón en sus reivindicaciones.

*José Antonio Sánchez es vicesecretario del Partido Popular de Madrid