Un tribunal de Madrid convoca al Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional como imputado en un caso de presunta agresión sexual.

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) –

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid ha convocado al director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, el comisario principal José Ángel González, tras la presentación de una querella en su contra por un supuesto delito de agresión sexual.

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el juez ha decidido tomar declaración a González «en calidad de querellado». Además, ha fijado la declaración de la supuesta víctima para el próximo 17 de marzo a las 10.30 horas.

El magistrado señala que los hechos expuestos en la querella «sugieren la posible existencia de delitos de agresiones sexuales cuya instrucción corresponde a este órgano judicial, y deben llevar a cabo las diligencias esenciales para determinar lo que corresponde y, en su caso, el procedimiento aplicable».

En la querella, documentada por esta agencia, el abogado de la víctima menciona la supuesta comisión de delitos de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversaciones de fondos públicos, acentuando la agravante de abuso de superioridad.

La querellante, quien es parte de la Policía Nacional, había tenido «en el pasado una relación de afectividad» con el DAO, una relación que «se caracterizó desde su inicio por una manifiesta asimetría de poder institucional» debido a su posición dentro del cuerpo.

«Esta situación de subordinación fue sistemáticamente aprovechada por el querellado para establecer y mantener una dinámica relacional de control, dominación y sumisión psicológica sobre la víctima, quien en múltiples ocasiones dejó claro su deseo de finalizar la relación, pero se vio impedida de llevar a cabo esa decisión», se detalla.

EL DÍA DE LOS HECHOS

La relación, según el documento, finalizó «por decisión unilateral» de la víctima, una «circunstancia» que González «no aceptó», lo que dio paso a «una conducta obsesiva de acoso y contacto no deseado que culminó en los gravísimos hechos» denunciados.

En concreto, dichos sucesos habrían tenido lugar el 23 de abril de 2025, cuando la mujer se encontraba en «servicio activo ordinario en la comisaría de Coslada». A partir del mediodía, habría recibido «múltiples llamadas telefónicas» de González «solicitando su presencia de forma inmediata y perentoria».

«Ante la negativa inicial y reiterada de la víctima, quien alegó razones laborales evidentes, el querellado, utilizando explícitamente su autoridad institucional, le ordenó que abandonara su puesto de trabajo en un vehículo policial camuflado de la comisaría de Coslada, para reunirse con él urgentemente», se destaca en el escrito.

La víctima se dirigió a un restaurante donde estaba comiendo con otro comisario. Después de pasar un tiempo con ambos, González y la mujer se trasladaron a un inmueble. Su superior le propuso subir a la vivienda, pero ella manifestó «su incomodidad y su deseo de irse».

Una vez dentro de la casa, el DAO sirvió dos cervezas y comenzó «inmediatamente un acercamiento físico de naturaleza sexual hacia la víctima». «Este acercamiento fue rechazado de forma verbal, contundente y continua por la víctima en todo momento», añade la querella.

EL «PRECIO DEL SILENCIO»

Pese a las negativas, el DAO habría iniciado «una conducta agresiva de naturaleza sexual caracterizada por violencia física e intimidación ambiental, aprovechándose de la situación de aislamiento, superioridad física y autoridad institucional».

La querella detalla numerosas tentativas de González, quien habría tocado a la mujer sin su consentimiento en sus partes íntimas. En un momento dado, y «tras lograr zafarse del querellado y poder salir del domicilio, la víctima tomó el vehículo policial camuflado que había utilizado para llegar, se dirigió a la comisaría de Coslada donde prestaba servicio, dejó el vehículo, y se dirigió a su residencia particular».

Según el escrito, el DAO comenzó tras este incidente una «campaña sistemática, obsesiva e intensiva de acoso telefónico y manipulación psicológica sobre la víctima, orientada a mantener el control sobre ella, minimizar la gravedad de su conducta delictiva, culpabilizar a la víctima por lo sucedido, impedir que interpusiera denuncia por los hechos» y «ofrecer compensaciones laborales como precio del silencio».