Un tribunal detiene la destitución del responsable de la Policía en Lleida debido a una condena previa por acoso sexual | España.

Un nuevo golpe judicial para el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha decidido suspender la resolución que tomó el pasado 16 de diciembre, en la que cesaba al comisario Antonio José Royo Subías como jefe de la Policía Nacional en Lleida, tras conocerse que había sido condenado hace 22 años por acosar a una subordinada para que mantuviera relaciones sexuales con él. En un auto, anticipado por Abc y al que ha tenido acceso EL PAÍS, los tres magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Sección Cuarta del TSJ de Cataluña concluyen que en la orden de cese “podrían existir múltiples vicios de pleno derecho y de anulabilidad”, incluido el hecho de que se adoptara sin escuchar al alto mando y con el único argumento de que su permanencia en el puesto podría causar “un grave deterioro de la imagen de la Policía Nacional”.

Por lo tanto, los magistrados han decidido que, mientras se resuelve el recurso presentado por el comisario, este vuelva a ocupar provisionalmente el puesto de jefe de la Comisaría Provincial de Lleida. Sin embargo, también advierten que esta medida “no implica perpetuar” su cargo y dejan abierta la posibilidad de que el Ministerio del Interior lo reemplace por otro comisario, dado que Royo fue nombrado de forma provisional. No es la primera vez que la justicia corrige a Grande-Marlaska por el cese de un mando policial. En 2023, el Tribunal Supremo consideró ilegal la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos, quien era el máximo responsable de la Guardia Civil en Madrid.

El comisario Royo fue cesado de su puesto una semana después de que se hiciera público en varios medios de comunicación, incluyendo EL PAÍS, que había sido condenado en junio de 2003 por la Audiencia Provincial de Gipuzkoa por acosar sexualmente a una agente bajo su mando en 1999 y por darle “un manotazo en el glúteo”. Por estos hechos, el alto mando fue declarado culpable de un delito de acoso sexual, con el agravante de superioridad, y fue condenado a una multa de 1.080 euros y a indemnizar a la víctima con 3.000 euros. La sentencia no incluyó ninguna pena accesoria de inhabilitación (esta sanción no se agregó a este delito hasta la reforma del Código Penal de 2022), por lo que el agente, que en aquel entonces era inspector jefe de la Unidad de Intervención Policial (UIP, comúnmente conocidos como antidisturbios), continuó en la Policía Nacional y ascendió a comisario en 2017.

La controversia generada, que incluso llegó al Congreso y al Senado con preguntas escritas y en sesión plenaria dirigidas a Grande-Marlaska, llevó a que, al día siguiente de conocerse la condena, el director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, comisario José Ángel González, emitiera una resolución por la que cesaba a Royo y lo trasladaba a la Jefatura Superior de Madrid como jefe de un grupo de Seguridad Ciudadana. Según detalla el auto del TSJ de Cataluña, el número dos de la Policía justificaba su decisión al mencionar “el malestar generado en distintos ámbitos institucionales y de la sociedad civil tras su nombramiento como responsable policial en la provincia”, argumentando que esta situación podría afectar el interés del servicio, llevando a un desapego institucional y social que podría resultar en un grave deterioro de la imagen de la Policía Nacional y afectar el desempeño diario de las funciones.

La decisión fue impugnada por el comisario, quien solicitó que, mientras se resolvía el recurso que presentó, se suspendiera cautelarmente el cese ―debía incorporarse a su nuevo puesto en Madrid este viernes―, considerando que, al estar tan cerca de la jubilación, la ejecución inmediata del cese podría causarle “perjuicios graves y de muy difícil reparación”, ya que al momento de conocerse la sentencia podría ya estar retirado. Además, argumentaba que su destitución le ocasionaba un “daño reputacional” que considera “esencialmente irreversible”, así como una pérdida económica significativa, dado que el cargo de jefe de la Policía Nacional en Lleida tiene un complemento de 14.500 euros anuales. Por su parte, Interior, a través de la Abogacía del Estado, negaba esos daños “irreversibles” e insistía en que suspender el cese vulneraba la “potestad” de la Dirección General de la Policía para “autoorganizarse”.

Los tres magistrados han fallado ahora a favor del comisario Royo, considerando que su cese no se había producido “en el marco de un procedimiento de carácter disciplinario/sancionador, ni tampoco por ningún hecho actual que ponga de relieve un riesgo en el desempeño de sus funciones”. También enfatizan que una decisión de este tipo “exige ciertas cautelas y garantías”, que no se habían cumplido, como la de escuchar en audiencia al afectado. La resolución judicial también critica que la decisión de Interior se base en “formulaciones genéricas” sobre la afectación al prestigio de la Policía, pero no especifica “qué hechos operativos, incidencias del servicio o razones funcionales concretas hacen imprescindible” el cese. Además, señala que esta falta de motivación “es un vicio que podría dar lugar a la anulabilidad de la resolución administrativa”.

El auto también reprocha que la resolución del ministerio no incluyera la sentencia de 2003 que condenó al comisario Royo por acoso sexual y que solo reflejara las recientes informaciones periodísticas que llevaron a su cese. Al respecto, se menciona que “la posible cancelación y olvido de los antecedentes penales es un derecho que el Código Penal otorga a todos los penados y que se encuentra intrínsecamente relacionado con la orientación constitucional de nuestro sistema penológico hacia la reinserción social”. Además, se subraya que el hecho de que Interior no considerara esa antigua sentencia al acordar el nombramiento revela que el cese fue, en realidad, “una reacción coyuntural” al revuelo mediático que ocasionó.

La resolución judicial destaca, además, que Royo cuenta con “un amplio expediente profesional de 41 años de servicio, con numerosas felicitaciones públicas (más de 80), condecoraciones y destinos de alta responsabilidad internacional como Consejero de Interior en la embajada de España en Argel, sin ninguna incidencia, disciplinaria o no”, por lo cual los magistrados no detectan ningún riesgo en que asuma las funciones de jefe provincial de la Policía Nacional en Lleida. De hecho, se reitera que “la propia resolución de cese no identifica problemas de seguridad ciudadana, fallos operativos, pérdida de coordinación o conflictos internos específicos, sino solo una afectación de imagen”.