Una jueza identifica a una líder de ETA en la Audiencia durante un juicio y reabre un caso de 2002 en su contra.

La magistrada tomó esta decisión tras darse cuenta, de forma fortuita, de que la jefa de ETA se encontraba en la Audiencia Nacional, justo unas plantas debajo de su oficina. La terrorista asistía a un juicio por otros hechos en los que estaba implicada.

El 6 de noviembre, Múgica fue juzgada por el asesinato del concejal de Unión del Pueblo Navarro (UPN) José Javier Múgica Astibia, ocurrido en 2001. Durante el juicio, admitió haber ordenado este ataque letal.

Ese mismo día, al llegar a la Audiencia Nacional por la mañana, Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, desconocía la presencia de Olga en la sede judicial. Sin embargo, se enteró de que la etarra estaba en los pasillos que llevan a las salas de juicio.

La magistrada decidió reactivar un caso judicial contra ella, que había sido archivado años atrás, porque las autoridades españolas, por un error, no recibieron la notificación del permiso otorgado por Francia para proceder penalmente contra Múgica.

La cronología de este proceso es la siguiente: en 2004, el mismo Juzgado Central de Instrucción 3, bajo la dirección de la juez María Teresa Palacios, procesó a Ainhoa Múgica y a otros cuatro etarras por un supuesto delito de asesinato terrorista en grado de tentativa, cometido en el tiempo en que Olga era responsable del aparato militar de ETA.

Específicamente, estos hechos ocurrieron en 2002, el mismo año en el que se iniciaron las diligencias. En ese año, poco después del atentado, las autoridades francesas detuvieron a Múgica en su territorio.

Una resolución judicial de hace más de veinte años, que ha sido consultada por EL ESPAÑOL, indica que el comando Txirrita, bajo órdenes de Olga, colocó explosivos en un vehículo aparcado frente a una sede de Repsol.

El ataque no causó muertes, pero varios agentes de la Guardia Civil resultaron heridos y se produjeron daños materiales significativos.

En esa resolución de 2004, la juez Palacios también emitió una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) para localizar a algunos de los procesados en el extranjero, encarcelarlos y entregarlos a España.

En 2007, el mismo Juzgado Central de Instrucción número 3, bajo la dirección del actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, solicitó a Francia poder procesar a Ainhoa Múgica por el atentado en Madrid.

Francia concedió la petición, pero nunca notificó su decisión a las autoridades españolas. Por esta razón, la causa contra esta jefa de ETA fue archivada provisionalmente.

Sin embargo, más de 15 años después del sobreseimiento, el pasado 6 de noviembre, al enterarse de que la etarra estaba en la Audiencia Nacional, Tardón decidió reabrir el procedimiento.

Lo hizo tras consultar con la actual magistrada de enlace en Francia, quien le aclaró que la solicitud española para procesarla había sido autorizada años atrás por las autoridades galas, aunque no se notificó de manera adecuada.

Así, la causa se ha reactivado. Tardón ya ha consultado al fiscal José Perals sobre si deben continuar las acciones legales contra Olga.

La Audiencia Nacional ahora ha recibido (y traducido) la documentación en la que las autoridades francesas aceptaban la entrega de la terrorista para ser juzgada por el atentado en Madrid.

En 2007, tras la petición de Marlaska, la etarra se acogió al principio de especialidad, que establece que el Estado miembro de la Unión Europea —en este caso, España— que desee procesar o condenar a una persona por un delito diferente al que motivó su entrega por parte de otro Estado —Francia— deberá obtener el consentimiento de este último respecto a estos nuevos hechos delictivos.

Actualmente, Ainhoa Múgica se encuentra internada en la cárcel de Logroño. Sin embargo, cuando asistió a la Audiencia Nacional para ser juzgada por el asesinato del concejal de UPN, contaba con el llamado autogobierno, un permiso que le permitía salir del centro y regresar solo para dormir, evitando así un traslado a una prisión en Madrid.