Una maniobra del Gobierno facilitó que la Ley Bolaños eludiera un informe desfavorable del Consejo de Estado.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha encontrado la manera de que el Consejo de Estado, encargado de asegurar el cumplimiento de la Constitución y del ordenamiento jurídico, apruebe sus proyectos de ley con escasa resistencia y críticas. La estrategia consiste en solicitar un procedimiento de urgencia, lo que obliga al Consejo de Estado a emitir el informe en un plazo reducido y a presentarlo ante la Comisión Permanente, que cuenta con una sólida mayoría progubernamental. Con esta táctica, el informe sobre la Ley Bolaños fue aprobado por el Consejo de Estado en mayo pasado.

En abril, el Gobierno notificó al Consejo de Estado que, en virtud del artículo 19 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado, solicitaba la elaboración del informe referente al «Anteproyecto de Modificación de Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para la ampliación y fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal», conocida como Ley Bolaños, con carácter especial de urgencia. Así, en lugar de ser discutido en el Pleno del Consejo, en presencia de todos los Consejeros, se trató en la Comisión Permanente, donde cinco de los diez consejeros son ex ministros de gobiernos socialistas y se sumó la catedrática Paz Andrés Sáenz de Santamaría, claramente alineada con posiciones de izquierda, según fuentes jurídicas consultadas.

En aquella reunión no estuvo presente la ex vicepresidenta del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Teresa Fernández de la Vega, pero sí la presidenta de este órgano, Carmen Calvo, ex vicepresidenta de Sánchez, Magdalena Valerio, ex ministra de Trabajo también con Sánchez, Fernando Ledesma, ex ministro de Justicia con Felipe González, María Luisa Carcedo, ex ministra de Sanidad con Sánchez, la catedrática Paz Sáenz de Santamaría, así como el padre de la Constitución Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, el conservador José Luis Manzanares, y el letrado Enrique Alonso, considerado «no alineado», aunque «tendente a adoptar las posiciones de la mayoría», mismo estatus que se da al ex Jefe de la Casa del Rey, Alberto Aza. También estuvo presente como «secretario general accidental» Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, quien, en cualquier caso, tiene funciones de apoyo y no tiene voz ni voto en las decisiones del Consejo.

En esa sesión, el informe fue aprobado por unanimidad; no obstante, gracias a los últimos nombramientos, el Ejecutivo asegura una amplia mayoría, incluso si algunos consejeros designados por gobiernos socialistas se ausentan, como sucedió el pasado 8 de mayo. Además, la presidenta, Carmen Calvo, tiene voto de calidad en caso de empate, según establece la Ley Orgánica del Consejo de Estado.

Un Consejo de Estado afín

En esta legislatura, el Gobierno ha enfrentado numerosas críticas por introducir textos legales a través del Grupo Parlamentario Socialista, en forma de proposiciones de ley, evitando así la elaboración de los informes necesarios para ciertos proyectos de ley. El Consejo de Estado ha dejado de ser un obstáculo para las ambiciones legales de Sánchez desde que la reciente incorporación de Magdalena Valerio inclinó abrumadoramente las fuerzas en la Comisión Permanente.

Curiosamente, a pesar de que el Gobierno solicitó y justificó el procedimiento de urgencia para acelerar los tiempos y llevar la Ley Bolaños a la Comisión Permanente del Consejo de Estado, este texto legal permanece estancado en el Congreso desde junio, sin que el Grupo Socialista ni sus socios intenten ahora presionar como lo hacían antes del verano, pues actualmente no tienen garantizado el apoyo de todos los socios de investidura de Sánchez. Ante la incertidumbre y la inestabilidad parlamentaria, el Gobierno ha indicado al PSOE que frene en el Congreso.

Este proyecto de ley, que ha suscitado el rechazo de numerosos jueces y fiscales por considerar que busca «politizar la justicia», entre otras razones, debido a la reforma que propone en el acceso a la carrera judicial, continúa sin someterse a votación en el Pleno del Congreso mientras el Gobierno no esté seguro de poder aprobarlo. Y en este momento, según fuentes socialistas, «no se dan las condiciones».