En el marco de una operación migratoria sin precedentes, las autoridades españolas han detenido a 69 personas acusadas de fraude en el proceso de regularización de más de mil inmigrantes chinos en las provincias de Madrid, Toledo y Guadalajara. Esta operación, que se ha desarrollado en diferentes fases, ha permitido desarticular una red de fraude migratorio que se beneficiaba de la situación de vulnerabilidad de los inmigrantes chinos que buscaban regularizar su situación en España. La investigación, que ha contado con la colaboración de diferentes fuerzas de seguridad, ha puesto de manifiesto la existencia de una compleja trama delictiva que se beneficiaba del fraude documental y la corrupción para obtener beneficios económicos ilícitos.
Operación migratoria: 69 personas detenidas por fraude en la regularización de inmigrantes chinos
En una operación conjunta entre la Policía Nacional y EUROPOL, se han desmantelado dos organizaciones criminales y detenido a 69 personas que se dedicaban a la regularización fraudulenta de ciudadanos chinos en España.
Los arrestos se han producido en Madrid, Toledo y Guadalajara, donde se encontraban los principales responsables de la red criminal. Estas organizaciones criminales habían creado una infraestructura que les permitía regularizar a más de 1.000 ciudadanos chinos, obteniendo beneficios por valor de unos cinco millones de euros.
Modus operandi
Para lograr la regularización fraudulenta, los miembros de la organización criminal se valían de contratos ficticios o empadronamientos fraudulentos, que les permitían obtener tarjetas de residencia de forma indebida. Contaban con la colaboración de gestorías y despachos de abogados que gestionaban la documentación necesaria para obtener la residencia.
Los líderes de la organización establecían las tarifas exigidas a los clientes, que oscilaban entre 500 y 1.000 euros por cada persona. También aleccionaban a los extranjeros para las entrevistas que tenían durante el proceso de solicitud de arraigo.
Irregularidades detectadas
La investigación permitió detectar irregularidades en procesos de solicitud de permisos de residencia realizados por ciudadanos extranjeros de nacionalidad china. Se encontraron certificados de empadronamiento falsos que habían sido incorporados a los expedientes de extranjería de estos ciudadanos, con el fin de regularizar su situación de forma fraudulenta.
Además, se descubrieron matrimonios de conveniencia que se habían celebrado con el objetivo de obtener la residencia o nacionalidad española. Los responsables de la organización criminal cobraban entre 3.000 y 20.000 euros a cada ciudadano que obtenía la residencia, dependiendo del mecanismo utilizado para la obtención de su regularización.
La operación ha permitido desarticular una importante red de fraude en la regularización de inmigrantes chinos en España, y ha sentado un importante precedente en la lucha contra la inmigración irregular.
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