Organización de Consumidores Unidos pide una normativa uniforme para festivales de música con compensaciones automáticas para los espectadores

Organización de Consumidores Unidos pide una normativa uniforme para festivales de música con compensaciones automáticas para los espectadores

En un llamado urgente a la acción, la Organización de Consumidores Unidos ha solicitado la implementación de una normativa uniforme para los festivales de música en todo el país. Esta medida busca proteger los derechos de los espectadores, quienes han sido víctimas de malas prácticas comerciales y incumplimientos contractuales por parte de los organizadores de eventos. La organización defiende que es necesario establecer un marco regulatorio que garantice compensaciones automáticas en caso de cancelaciones, suspensiones o cambios en la programación de los festivales. De esta manera, los consumidores podrán disfrutar de una experiencia más segura y confiable en los eventos de música en vivo.

OCU denuncia malas prácticas en festivales de música al aire libre y pide compensaciones automáticas para los espectadores

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado ante las autoridades autonómicas de consumo las malas prácticas observadas en tres conocidos festivales de música al aire libre: el Dreambeach (Almería), el Pirata Beach Fest (Gandía) y el Visor Fest (Murcia).

Estas denuncias se suman a las ya presentadas contra otros siete festivales: el FIB (Benicàssim), el Monegros Desert Festival (Fraga), el Puro Latino (Puerto de Santa María, Sevilla, Arganda, Torremolinos y Almería), el Sonórica (Castro Urdiales), el Zevra Festival (Cullera), el Bilbao BBK Live y el Fortaleza Sound (Lorca).

En su conjunto, los abusos detectados afectan a más de 1 millón de asistentes. OCU lamenta que se reiteren las siguientes infracciones en los festivales que ahora son objeto de denuncia:

Infracciones detectadas

1. Cobro de comisiones para la devolución del saldo: se cobra una comisión de entre 2 y 3 euros para poder recuperar el saldo que quedara en la tarjeta cashless, un medio de pago obligatorio que limita además el derecho de los asistentes a usar el efectivo. Además, a veces se impone un plazo de unos pocos días para reclamar la devolución, superado el cual se pierde el dinero y permite un enriquecimiento injusto del promotor, como ocurre en el Dreambeach y en el Pirata Beach.

2. Prohibición de entrada con alimentos y bebidas: se prohíbe entrar con alimentos y bebidas, lo que OCU considera abusivo, ya que la actividad principal del festival es artística y musical, no alimentaria. Se ha detectado en el Visor Fest.

3. Cobro por vasos reutilizables: se cobra por los vasos reutilizables, sin posibilidad de reembolso, como parece que sucede en el Dreambeach y en el Visor Fest. En este sentido, OCU recuerda que debe haber suficientes puntos de agua potable gratuita; lo contrario puede causar problemas de hidratación y supone un peligroso riesgo de aglomeraciones.

Reclamaciones y sanciones

Por todo ello, OCU urge a las autoridades de consumo de las comunidades autónomas donde se han detectado estos abusos para que determinen el carácter contrario a la normativa de protección de los consumidores, impongan las sanciones establecidas y obliguen a la empresa a devolver los cargos indebidamente cobrados.

Aunque lo ideal sería que el Ministerio de Consumo desarrollara una normativa homogénea sobre los derechos de los asistentes a este tipo de eventos, estableciendo a su vez compensaciones automáticas en caso de malas prácticas. Y es que hoy por hoy, salvo en el caso de Asturias, la legislación autonómica es permisiva y generalmente favorable a los intereses de los promotores de los festivales de música al aire libre.

Qué pueden hacer los afectados

Mientras tanto, OCU anima a los afectados a solicitar la hoja de reclamaciones; si el establecimiento no dispusiera de ella, debe llamar a la policía local para que se persone. Y recuerda que algunas de estas acciones, como la suspensión de un festival o los cambios de última hora en el cartel de grupos podrían implicar, además del reembolso del dinero, una reclamación por daños y perjuicios derivados de los gastos asociados que hubiera supuesto el traslado (por ejemplo, por el transporte y el alojamiento).