Ábalos solicita al Congreso que le devuelva sus derechos de diputado a la espera de la resolución del Tribunal Supremo.

El exministro José Luis Ábalos ha solicitado formalmente al Congreso de los Diputados que le devuelva sus derechos y obligaciones como parlamentario hasta que el Tribunal Supremo confirme si mantiene o no su estado de prisión preventiva.

La petición ha sido enviada a la Mesa de la Cámara Baja mediante un escrito fechado el 31 de diciembre y publicado este martes en sus redes sociales. Ábalos exige que se anule la suspensión acordada mientras se lleva a cabo la vista judicial programada para el próximo 15 de enero, cuando la Sala Segunda del Supremo resolverá el recurso de apelación presentado por su defensa.

En este recurso, el exdirigente del PSOE solicita la anulación de su ingreso en prisión argumentando, entre otros aspectos, la “ausencia de indicios” delictivos, la falta de riesgo de fuga y la violación de su derecho a la representación política, además de criticar el “uso de la prisión provisional para objetivos ajenos a la institución procesal”.

En el documento enviado al Congreso, Ábalos especifica las repercusiones que, a su parecer, le ha acarreado la suspensión: la pérdida de su sueldo como diputado, la eliminación de ayudas e indemnizaciones por gastos y la interrupción de las cotizaciones a la Seguridad Social y mutualidades, lo que le deja sin ingresos provenientes de la Cámara.

Sin embargo, destaca que la cuestión más grave no es económica, sino política. A su juicio, con la retirada de su voto se está llevando a cabo una “privación de la representación legítima y democrática” de los ciudadanos de Valencia que le eligieron en las elecciones generales del 23 de julio de 2023.

Además, denuncia que la suspensión ha causado una alteración en la composición del Congreso, que ha pasado de 350 a 349 diputados, algo que considera de relevancia jurídica.

Por todo ello, Ábalos pide a la Mesa que “reconsidere su decisión”, a la que califica de apresurada, y le devuelva sus derechos y deberes parlamentarios al menos hasta que el Supremo realice la vista y decida si mantiene la medida cautelar de prisión preventiva, que define como “tan excepcional como injustificada”.