Alcaldes del PSOE-M demandan a la FMM en los tribunales por restringir su derecho a la libertad de expresión.

Los alcaldes del Partido Socialista de la Federación de Municipios de Madrid (FMM) han informado que llevarán a los tribunales la reciente modificación del reglamento interno de la entidad, argumentando que “coarta nuestra libertad de expresión y participación”. Los ediles acusan a la presidenta del organismo, la popular Judith Piquet, de “abuso de poder, censura y secuestro institucional” con el fin de “convertir la Federación en una herramienta al servicio de Isabel Díaz Ayuso”.

En una rueda de prensa realizada en las instalaciones de la FMM, los socialistas denunciaron el “carácter autoritario y unilateral” de la modificación aprobada el lunes, que restringe las intervenciones a cinco minutos por grupo político, en lugar de permitir que cada alcalde intervenga individualmente según los problemas específicos de su municipio. “Antes veníamos a hablar como alcaldes; ahora nos obligan a hacerlo como grupo político, aunque los problemas locales sean muy diferentes”, manifestaron.

Entre los presentes se encontraban el alcalde de Parla y vicepresidente segundo de la FMM, Ramón Jurado, la regidora de Alcorcón, Candelaria Testa, el alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa, y la alcaldesa de Ciempozuelos, Raquel Jimeno, así como representantes de localidades como Velilla de San Antonio, Rivas Vaciamadrid, Alcalá de Henares o Móstoles.

Los líderes socialistas calificaron la medida de “atropello democrático” y denunciaron que la presidenta de la FMM podrá “llamar al orden o retirar la palabra” a los ponentes, una autoridad que consideran inapropiada para un órgano que, recordaron, “debería representar los intereses de los municipios y no los de un partido político”.

“La Federación de Municipios de Madrid se ha convertido en la Federación del Partido Popular”, denunciaron los ediles, acusando a Piquet de suprimir “todas las fórmulas de participación y diálogo” que habían caracterizado a la entidad durante sus 45 años de existencia.

El conflicto se intensificó durante la aprobación de una declaración institucional por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que, según los socialistas, fue presentada con el logo del PP y sin aceptar “ni una sola coma” de las enmiendas propuestas por los municipios progresistas. “Hasta ahora, aunque existieran diferencias políticas, las declaraciones se consensuaban y se aprobaban. Hoy ese espíritu se ha roto”, declaró Candelaria Testa.

Frente a esta situación, los alcaldes del PSOE-M han decidido presentar un recurso contencioso-administrativo contra la reforma y, al mismo tiempo, también recurrirán ante la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). “Vamos a los tribunales porque no vamos a permitir que se vulnere nuestro derecho a participar y a representar a nuestros vecinos”, afirmaron.

Durante la comparecencia, los ediles también pidieron el cese inmediato del secretario general de la FMM, José Manuel Zarzoso, líder del PP de Parla, por sus “reiterados insultos” en redes sociales. “Es intolerable que el señor Zarzoso represente a esta institución. La presidenta lo apoya y eso la convierte en cómplice”, denunciaron.

Por su parte, Judith Piquet minimizó las acusaciones y defendió la legitimidad de la reforma. “La Federación de Municipios de Madrid va a seguir trabajando por los intereses de las ciudades y pueblos madrileños, a pesar del ruido que algunos intentan generar desde dentro”, aseguró, insistiendo en que el nuevo reglamento asegura “un funcionamiento claro y eficaz”.

Desde el Partido Popular de Madrid, el secretario general Alfonso Serrano acusó al PSOE de “boicotear” la institución. “Lo que buscan es bloquear el trabajo de la FMM, una entidad que Pedro Sánchez no controla”, respondió.

El conflicto pone de manifiesto la creciente tensión política en el municipalismo madrileño, donde los socialistas denuncian una deriva partidista del organismo y los populares acusan a la oposición de “politizar la Federación con fines partidistas”. Mientras tanto, los tribunales decidirán si la modificación del reglamento infringe o no los derechos de los alcaldes en su representación institucional.