Alvise sostiene ante el Tribunal Supremo que sus mensajes dirigidos a ex compañeros eurodiputados correspondían a diferencias políticas, no a acoso.

Alvise Pérez, quien fue llamado a declarar voluntariamente en el Tribunal Supremo, ha negado que sus comunicaciones en redes sociales y otros canales tuvieran como objetivo hostigar o poner en riesgo a los dos eurodiputados que en 2025 se separaron de su formación, Diego Solier y Nora Junco, y se unieron a otro grupo parlamentario europeo tras señalar prácticas autoritarias dentro de SALF.

El alto tribunal está investigando si la actuación de Alvise puede constituir delitos de revelación de secretos y acoso, en el contexto de un proceso penal que se añade a otros casos abiertos en el Supremo contra él. En sus declaraciones, el eurodiputado ha sostenido que sus intervenciones no pretendían intimidar a nadie, sino ejercer lo que él considera una crítica política legítima ante lo que percibió como una traición política por parte de sus antiguos compañeros.

En el proceso, los magistrados también evaluarán si las publicaciones de Alvise, incluidas aquellas que revelaron datos personales de los afectados y suscitaron preocupación por su seguridad, sobrepasaron el marco de la libertad de expresión y se adentraron en conductas penalmente relevantes, como argumenta la parte denunciante. Los ex eurodiputados afirmaron que las acciones generaron una intensa campaña de hostigamiento y que llegaron a alterar sus rutinas diarias, lo que les llevó a presentar querellas ante el alto tribunal.

La causa abierta por acoso y revelación de secretos es una de las cuatro investigaciones diferentes que el Tribunal Supremo mantiene contra Alvise, que incluyen otros supuestos delitos asociados con financiación irregular del partido y difusión de información falsa. Estas causas han llevado a solicitar el levantamiento de la inmunidad ante el Parlamento Europeo para permitir que la justicia española avance en las diligencias.