Anticorrupción cancela la concesión de 46 viviendas de protección oficial en Navarra debido a anomalías en la empresa de Cerdán.

La Oficina Anticorrupción de Navarra ha declarado nula de pleno derecho la adjudicación para la construcción de 46 viviendas de protección oficial en la comunidad foral, que fue otorgada por el Gobierno de María Chivite a la UTE compuesta por Acciona y Servinabar, empresa relacionada con Santos Cerdán. El informe señala al menos cuatro irregularidades graves, incluyendo la falta de actuaciones preparatorias y la ausencia de una resolución formal del expediente.

La adjudicación también violó el criterio social que exigía la contratación de tres personas con discapacidad y muestra indicios de “práctica colusoria”, lo que implica posibles arreglos entre las empresas.

El caso tiene una gran carga política, ya que tanto la presidenta navarra, María Chivite, como la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, visitaron las promociones, cofinanciadas con fondos europeos, presentándolas como un ejemplo de política pública en materia de vivienda.

La investigación sugiere que Servinabar, de la cual Cerdán poseía el 45 % de las acciones, tenía conexiones estrechas con miembros del PSN. Además, en la empresa trabajaban su hermana y la pareja de Ramón Alzorriz, mano derecha de Chivite.

Antecedentes: el caso Belate

Este escándalo se suma a la controversia relacionada con la adjudicación de las obras para duplicar el túnel de Belate, que también fue concedida a la UTE de Acciona y Servinabar. A pesar de que Chivite defendió públicamente que fue “la más transparente” de todas, la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción determinó que la adjudicación presenta “irregularidades” y debe ser considerada nula de pleno derecho.

Ambos procedimientos refuerzan la implicación de Santos Cerdán en la llamada trama Servinabar, derivada del caso Koldo, donde ya se investigan posibles manipulaciones en contratos públicos.

El informe de Anticorrupción representa un duro golpe para el Ejecutivo foral, que ahora debe ofrecer justificaciones respecto a la legalidad de unas adjudicaciones que, lejos de ser ejemplares, podrían convertirse en una evidencia clave en la investigación judicial sobre la corrupción en Navarra.