Bolaños considera la Ley de Información Clasificada como fundamental.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha reafirmado el compromiso del Gobierno con la actualización del marco legal sobre secretos de Estado. En declaraciones realizadas en los pasillos del Congreso de los Diputados, Bolaños ha enfatizado que la aprobación de la nueva Ley de Información Clasificada, actualmente en fase de tramitación parlamentaria, es una prioridad para el Ejecutivo.

Para el ministro de Justicia, la desclasificación de los documentos relacionados con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, que se hace efectiva hoy, representa una piedra angular institucional. Con esta medida, según ha destacado el ministro, se salda una deuda con la democracia, la memoria y la transparencia, permitiendo que la ciudadanía tenga acceso a una documentación considerable.

El fin de los secretos indefinidos

Uno de los aspectos centrales de la argumentación de Bolaños ha sido la obsolescencia de la normativa vigente, que data de 1968. Bajo la normativa actual, el ministro ha advertido que los gobiernos pueden no desclasificar nunca y que los secretos pueden ser eternos. En cambio, la nueva ley aprobada por el Consejo de Ministros el pasado verano tiene como objetivo alinear a España con las prácticas de su entorno comunitario.

La futura norma establece estándares europeos para que los secretos clasificados puedan ser conocidos por la ciudadanía después de un tiempo y siempre que no comprometan la seguridad nacional, ha explicado el ministro. El objetivo del Gobierno es que la información reservada sea accesible de manera automática una vez cumplidos los plazos legales.

Críticas por la selección de archivos y falta de transparencia

A pesar del anuncio del Ejecutivo, la medida no ha estado libre de críticas por parte de diversas entidades y fuerzas políticas, que cuestionan el alcance de la transparencia propuesta.

El Partido Popular ha censurado que el Gobierno emplee la transparencia de manera selectiva, cuestionando que la nueva norma otorgue un control excesivo al Ministerio de la Presidencia sobre qué se hace público y qué no. Los populares han denunciado en varias ocasiones la falta de consenso para una norma tan relevante, calificando de opacidad que la autoridad de control recaiga bajo la estructura política directa del Ejecutivo en lugar de un órgano independiente.

La portavoz del grupo en el Congreso, Ester Muñoz, ha exigido que la transparencia no se limite a hitos históricos de hace cuatro décadas, sino que incluya expedientes, actas e informes relativos a la gestión actual del Ejecutivo y sus recientes controversias, argumentando que la apertura parcial de documentos antiguos responde a una estrategia política para distraer de la actualidad administrativa.

Por su parte, Vox ha expresado su rechazo al texto, considerando que los plazos de desclasificación propuestos son excesivos y sigue ocultando información clave de la historia reciente. Desde la formación liderada por Santiago Abascal, se ha insistido en que esta ley es una maniobra para controlar el relato histórico y han solicitado que la transparencia se extienda obligatoriamente a las negociaciones con grupos terroristas.

En la misma línea, la Fundación Francisco Franco, a través de su presidente Juan Chicharro, ha apoyado la apertura de los archivos del 23-F, pero ha exigido que el mismo criterio se aplique a las negociaciones de diferentes Gobiernos con ETA: «Esta medida me parece adecuada; aún mejor sería una nueva Ley de Secretos Oficiales«, exigiendo que la desclasificación no sea parcial.

Varias asociaciones han denunciado la celeridad administrativa en los procesos paralelos de memoria democrática, acusando al Gobierno de no permitir un margen temporal razonable para articular defensas legales ante decisiones de desclasificación o ilegalización de entidades.

Ciudadanía y seguridad nacional

Félix Bolaños ha defendido que el acceso a la información es un derecho fundamental. Queremos que se apruebe, ha enfatizado refiriéndose a la ley, añadiendo que la medida implica tratar a los ciudadanos como lo que son, adultos que pueden tener acceso a documentación e información reservada, siempre que no comprometa la seguridad nacional.

Respecto a la elección de la fecha para esta desclasificación, el ministro ha aclarado que la nueva regulación en trámite propone un plazo general de 45 años para la apertura de documentos secretos. Dado que ayer se cumplió precisamente ese período desde el intento de golpe de Estado, Bolaños ha concluido la cuestión afirmando que «por eso desclasificamos ahora«, vinculando el gesto político con el criterio técnico que inspirará la futura ley.