El avance de la ley sobre violencia vicaria se demora debido a la falta de consenso entre los ministerios.

La aprobación de la ley de violencia vicaria, una normativa orientada a combatir esta particular forma de violencia machista que utiliza a los hijos como medio para perjudicar a la madre, ha sido nuevamente pospuesta dentro del Gobierno. La intención inicial de presentar el anteproyecto en el próximo Consejo de Ministros se ha visto frustrada por la falta de consenso entre los departamentos involucrados en su elaboración, según informan fuentes conocedoras del asunto.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, había manifestado su deseo de llevar el proyecto de ley al Gobierno la próxima semana, pero la decisión de extender el periodo de negociación se debe a las discrepancias surgidas, especialmente con el Ministerio de Juventud e Infancia, que se ha distanciado recientemente del texto, y con el Ministerio de Justicia, que propone ajustes técnicos en el articulado para fortalecer su base jurídica.

El distanciamiento del Ministerio de Juventud e Infancia ocurrió tras el rechazo a algunas de las sugerencias presentes en el anteproyecto, cuestiones que afectan, entre otros aspectos, a la definición de la violencia vicaria, el régimen de visitas y el derecho de los menores a ser escuchados durante los procedimientos judiciales. Estas diferencias han sido señaladas como un obstáculo significativo para finalizar un texto que contemple tanto la protección de las víctimas como la seguridad jurídica que requieren los diversos departamentos.

Organizaciones feministas y de defensa de los derechos de la infancia han expresado su inquietud por la redacción actual del anteproyecto, advirtiendo que ciertos elementos podrían representar un retroceso en la protección de las víctimas y en la especificidad de la violencia vicaria dentro del marco legal español. Esto ha incrementado la presión sobre el Gobierno para alcanzar una versión consensuada que pueda avanzar en el proceso legislativo con respaldo técnico y social.

Mientras tanto, los ministerios prosiguen con las negociaciones internas con el objetivo de ajustar el texto antes de su envío formal al Consejo de Ministros en una fecha aún por determinar. El retraso refleja la complejidad de una norma pionera en España, que busca proporcionar una respuesta legal sólida a una forma de violencia relacionada con dinámicas de género y violencia contra la mujer.