El CNAE renueva el debate acerca de la prostitución.

El Ministerio de Igualdad colabora con el INE para eliminar la mención al “trabajo sexual” en la clasificación estadística CNAE-2025. Este asunto genera controversia justo cuando el Gobierno culmina un anteproyecto de ley abolicionista, lo que pone de manifiesto las contradicciones internas en un debate social y político sin consenso.

La controversia surgió a finales de agosto, al revelarse que la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2025) había incluido, en el epígrafe 96.99 de “Otros servicios personales”, la frase “prestación o concertación de servicios sexuales”. Esta mencionada, que había pasado desapercibida desde enero, fue detectada por asociaciones feministas y grupos vinculados al trabajo sexual, desencadenando una tormenta política antes del comienzo del curso parlamentario.

El Ministerio de Igualdad, encabezado por Ana Redondo, aclaró que se trataba de un automatismo estadístico, resultado de la traducción literal de la guía europea NACE elaborada por Eurostat, y que no tiene efectos jurídicos ni fiscales en España, dado que la prostitución no es reconocida como actividad económica legalizada.

“Es un error de traslación sin validez. Estamos trabajando con el INE y el Ministerio de Economía para eliminar esa referencia cuanto antes”, comentó Redondo, quien también enviará una carta a la Comisaria Europea de Igualdad pidiendo que las guías estadísticas europeas consideren las diferencias legales y sociales de cada Estado miembro.

Un debate con dos frentes enfrentados

La controversia ha puesto de relieve nuevamente la división entre colectivos feministas y asociaciones de trabajadoras sexuales. Mientras que la Asociación de Mujeres Juristas Themis considera inaceptable la inclusión y reclama coherencia con la postura abolicionista del Gobierno, grupos como StopAbolición argumentan que la eliminación invisibiliza a miles de mujeres que ya tributan bajo epígrafes generales para poder cotizar y acceder a derechos básicos como pensiones o bajas.

El Gobierno ha enfatizado que la modificación estadística no afecta los derechos de aquellos que se registran como autónomos en epígrafes generales, y que no existe reconocimiento legal del trabajo sexual. Sin embargo, desde el movimiento abolicionista, la mera mención en un registro oficial se considera “legitimar una forma de esclavitud del siglo XXI”.

El choque con el anteproyecto de abolición

La polémica se produce en un contexto especialmente delicado: el Gobierno planea presentar en septiembre al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley para la abolición de la prostitución, una promesa del PSOE que lleva años estancada en el Parlamento y que ha generado divisiones tanto en el bloque progresista como en los colectivos sociales.

El texto —aún pendiente de consenso— propone sanciones para los clientes, medidas contra el proxenetismo, así como apoyos económicos y sociales para mujeres que deseen dejar la prostitución. Su trámite no será fácil: dentro de la coalición de Gobierno ni entre los partidos del Congreso hay un acuerdo claro sobre cómo abordar la regulación de la prostitución.

La aparición de la mención en el CNAE-2025 representa, en este contexto, una contradicción política evidente: mientras Igualdad promueve la abolición, una guía oficial otorgaba cierto reconocimiento estadístico a la actividad. Para sectores críticos, esta incoherencia evidencia las dificultades del Ejecutivo para manejar un tema tan sensible, donde convergen posturas feministas abolicionistas, demandas de colectivos de trabajadoras sexuales y exigencias de armonización europea.

Una cuestión técnica con repercusiones políticas

A pesar de que desde el punto de vista jurídico se trata únicamente de una clasificación estadística sin efectos prácticos, el debate ha trascendido al ámbito político y social. España es uno de los países europeos donde la prostitución está más extendida y, aunque no sea un delito ejercerla de forma individual, se sitúa en un estado de alegalidad: no es delictivo ejercerla individualmente, pero sí obtener beneficios de la prostitución ajena.

La inclusión en el CNAE respondía a criterios de comparabilidad estadística con otros países de la UE, donde la prostitución sí está legalizada y reconocida como actividad económica. No obstante, su inclusión ha puesto en entredicho la coherencia del discurso gubernamental, a la vez que proporciona argumentos políticos a quienes exigen una definición clara y definitiva.

Un septiembre marcado por el debate

La coincidencia temporal entre la controversia del CNAE y la inminente presentación del anteproyecto abolicionista convierte este inicio de curso político en un momento crucial para el Gobierno. El objetivo del Ejecutivo es dejar claro que sigue comprometido con la abolición de la prostitución y que la clasificación estadística no es más que un error técnico ya subsanado.

No obstante, esta cuestión plantea nuevamente una interrogante central: ¿cómo abordar en España una actividad que, pese a no estar legalizada, genera miles de millones de euros, impacta a decenas de miles de mujeres y está profundamente dividida entre las perspectivas de “trabajo sexual” y “explotación sexual”?

El CNAE ha actuado como catalizador de un debate que, más allá de lo técnico, pone a prueba la capacidad del Gobierno para avanzar hacia una legislación abolicionista en un país que carece de consenso social y político sobre el futuro de la prostitución.