El Congreso establece el Consejo Asesor de Comunicación sin miembros del PP ni de Vox: tendrá la capacidad de sancionar a periodistas.

El Congreso de los Diputados ha finalizado la selección de los representantes que formarán el Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria (CCCP), el nuevo organismo encargado de evaluar y proponer sanciones a periodistas acreditados que infrinjan las normas internas de la Cámara. Todos los grupos ya han presentado a sus diputados, excepto PP y Vox, quienes se oponen rotundamente a esta figura, considerándola un intento de restringir la libertad de prensa.

El Consejo estará integrado por dos representantes de la Mesa del Congreso —uno de la Presidencia y otro de la Vicepresidencia Segunda—, un diputado de cada grupo parlamentario y dos periodistas seleccionados por asociaciones profesionales, que podrán opinar, pero no tendrán derecho a voto.

El plazo para presentar candidatos concluyó el pasado miércoles. El PP rechazó participar en coherencia con su oposición a la reforma del Reglamento, y Vox tampoco registró nombres, según confirmaron fuentes parlamentarias. Los populares argumentan que esta medida “intenta controlar la libertad de expresión y de información” y han reiterado que no formarán parte del proceso.

Por parte del PSOE, el diputado Antidio Fagundez representará al grupo, mientras que Francisco Sierra lo hará en nombre de Sumar. ERC ha designado a Francesc-Marc Álvaro i Vida, Junts a Pilar Calvo y el Grupo Mixto contará con Javier Sánchez Serna de Podemos. Aunque el PNV y Bildu aún no han nombrado a sus representantes, se anticipa que lo hagan en los próximos días, con Mikel Legarda y Mertxe Aizpurua, respectivamente.

La presidencia del Consejo recaerá, previsiblemente, en el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, actual vicepresidente primero del Congreso. La vicepresidencia, que correspondía al PP, podría quedar vacante.

Además, las periodistas Anabel Díez (El País), presidenta de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, y María Llapart (La Sexta), también miembro de su directiva, formarán parte del órgano, pero únicamente con voz y sin derecho a voto.

El Consejo surge de una instrucción aprobada por la Mesa en desarrollo de la reforma del Reglamento, promovida en julio por el PSOE y sus aliados. El texto establece un régimen sancionador que incluye la posibilidad de revocar la acreditación a medios o profesionales en caso de conductas inapropiadas. Asimismo, establece nuevos criterios de acceso a la acreditación, como el requisito de contar con al menos diez empleados o no tener deudas con la Seguridad Social.

El procedimiento establece que cualquier infracción podrá ser denunciada al Departamento de Comunicación, y será la Mesa del Congreso quien remita el caso al Consejo Consultivo para su evaluación. La decisión final sobre posibles sanciones corresponderá a la propia Mesa, con opción de recurso.