El Congreso no aprueba el déficit proyectado para 2026, pero acepta el aumento salarial de los empleados públicos.
El Congreso de los Diputados ha vuelto a rechazar, en menos de un mes, la ruta de estabilidad y deuda pública para 2026-2028, un tropiezo que complica la planificación económica del Gobierno de Pedro Sánchez. La votación fue aprobada con los votos de PP, Vox, Junts y UPN, quienes tumbaron nuevamente los mismos objetivos fiscales que ya habían desestimado el pasado 27 de noviembre.
La sesión se caracterizó por la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el último pleno del año, lo que dejó a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendiendo en solitario la propuesta del Ejecutivo. A pesar del rechazo, Montero ha confirmado que el Gobierno seguirá adelante con la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2026, aunque deberán elaborarse bajo una ruta más restrictiva para las comunidades autónomas.
Podemos y Compromís se abstuvieron, mientras que el resto de formaciones del bloque progresista apoyó el texto. Desde Junts, no obstante, advirtieron a Montero de que el incumplimiento con Cataluña tendría consecuencias: “Ni objetivos hoy ni Presupuestos mañana”, declaró Josep Maria Cruset.
Aprobada la subida salarial de los funcionarios pese al voto en contra de Vox
En contraste con el estancamiento fiscal, el Congreso sí convalidó el decreto ley que revaloriza el salario de los funcionarios, que recibió el respaldo mayoritario de los grupos excepto por el voto negativo de Vox y la abstención de Junts.
El decreto permitirá aplicar desde enero un aumento del 4% en las nóminas de 2025 y 2026, con la posibilidad de añadir otro 0,5% extra si la inflación de 2026 supera el 1,5%. Esta medida afecta a cientos de miles de empleados públicos y se aprueba tras meses de demandas de organizaciones como CSIF.
El Congreso también aprueba la nueva Ley de Atención a la Clientela
Durante la misma sesión, el Congreso otorgó luz verde definitiva a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, tras votar las enmiendas incorporadas por el Senado. El texto será enviado ahora al BOE para su publicación.
Con esta norma, se regulan y se endurecen las obligaciones de las empresas en cuanto a atención al cliente, especialmente en sectores como telecomunicaciones, energía o servicios financieros.



