El Gobierno hace públicos los documentos del 23-F tras 45 años.

A pesar de la importancia del anuncio, los aliados habituales del bloque de investidura han recibido la noticia con una combinación de satisfacción y demandas. Grupos como el PNV y EH Bildu han exigido que este avance no sea un hecho aislado y que contribuya a desbloquear otros expedientes sensibles, como el caso Zabalza o los acontecimientos en Vitoria del 3 de marzo.

Por otro lado, desde ERC han adoptado una postura más escéptica, sugiriendo que la medida podría funcionar como una cortina de humo ante otros problemas de gestión. Las crisis relacionadas con la corrupción, la gestión del transporte y asuntos como la amnistía se acumulan en el gobierno de Pedro Sánchez.

La crítica compartida entre las fuerzas que respaldan al Ejecutivo es la inacción en la Ley de Secretos Oficiales. En la actualidad, la reforma de esta normativa, que proviene de la época franquista, está estancada en la fase de enmiendas en el Congreso de los Diputados. Formaciones como Izquierda Unida y Sumar han instado a Sánchez a acelerar el procedimiento parlamentario para establecer un marco general que no dependa de decisiones puntuales del Consejo de Ministros.

Acceso a la información y plazos

Los detalles específicos sobre el alcance de la desclasificación se anunciarán en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros por parte de la portavoz Elma Saiz. Fuentes gubernamentales han confirmado que, una vez se implemente la medida, la documentación estará disponible para consulta pública a través de la web oficial de La Moncloa.

El Ministerio de la Presidencia, liderado por Félix Bolaños, ya había intentado impulsar la nueva Ley de Información Clasificada el año pasado, pero las diferencias con los socios en relación a los plazos de desclasificación y las sanciones han mantenido el texto detenido.