El gobierno señala al poder judicial por involucrarse en asuntos políticos tras la sentencia contra el fiscal general.

El conflicto entre el Gobierno y parte del poder judicial se intensificó este sábado tras la condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de datos reservados. Esta sentencia, sin precedentes en la historia de la Fiscalía General en activo, ha provocado una tormenta política en la que el Ejecutivo, la oposición y los socios parlamentarios han elevado su retórica al máximo.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, afirmó que la resolución representa un “punto de inflexión”, al considerar que con ella “el poder judicial ha suspendido sus funciones constitucionales para intervenir en política contra el Gobierno progresista”. Este mensaje se considera la acusación más directa hasta la fecha de intervención institucional.

El Gobierno arremete contra el Supremo y la oposición denuncia un ataque al Estado de Derecho

El ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, calificó la sentencia de “injusta”, y sostuvo que no logrará “tapar la verdad de lo que está sucediendo en la Comunidad de Madrid”, reiterando las denuncias del PSOE sobre presuntos actos de corrupción vinculados al entorno de Isabel Díaz Ayuso.

Desde Podemos, la secretaria general Ione Belarra acusó al Ejecutivo de permitir que “la derecha política, mediática y judicial asesine civilmente” al fiscal general para “ocultar la corrupción de Ayuso”. Belarra exigió al PSOE “derrotar a la derecha” para salvaguardar los principios democráticos, en un discurso de marcada confrontación tanto interna como externa.

Por su parte, el PP alertó que el Gobierno está cruzando una “línea peligrosa” al acusar al Supremo de actuar con motivaciones políticas. La vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez, demandó incluso la disolución de las Cortes y elecciones generales, al considerar que Pedro Sánchez está liderando un “ataque al Estado de Derecho y a la separación de poderes”.

Según Fúnez, el presidente del Gobierno ha “deslegitimado al poder judicial” al defender al fiscal general condenado y está preparando “el relato para un posible indulto”. La dirigente popular remarcó que “España no necesita gritos ni insultos, sino respeto institucional, responsabilidad política y verdad”.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, fue más allá y declaró que la condena demuestra que “el Estado de Derecho funciona, aunque quienes deben defenderlo se dediquen a delinquir”.

Vox exige cárcel para Sánchez y promete “sentarlo en el banquillo”

El presidente de Vox, Santiago Abascal, intensificó aún más la tensión política durante un acto en Salamanca. Aseguró que España “no volverá a ser una democracia normal hasta que Sánchez no se siente en el banquillo y asuma las consecuencias de sus actos”, y prometió que su partido “sacará del poder al presidente y a su equipo para que acaben en prisión”.

Sus palabras acentúan el clima de polarización máxima que atraviesa la política española, con un choque frontal entre instituciones, partidos y bloques ideológicos.

Una crisis institucional sin precedentes desde la aprobación de la Ley de Amnistía

La condena al fiscal general se suma a un contexto ya tenso por la negociación y aprobación de la Ley de Amnistía, los desacuerdos sobre la renovación del CGPJ y las críticas mutuas por la falta de neutralidad institucional. El Gobierno sostiene que algunos sectores judiciales están actuando para desestabilizar al Ejecutivo, mientras que la oposición acusa a Sánchez de socavar la independencia judicial.

La división en torno a la figura del fiscal general —nombrado por el Gobierno y ahora condenado por el Supremo— amenaza con profundizar una crisis institucional que, lejos de moderarse, parece dirigirse hacia un prolongado choque.