El PP demanda claridad sobre 34.168 millones en acuerdos de defensa y señala la influencia predominante de Indra.

El Partido Popular ha exigido un control minucioso del Gobierno tras señalar que 34.168 millones de euros en contratos para defensa han sido otorgados de manera directa, sin competencia y sin que las Cortes hayan supervisado el proceso. La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo advierte que se trata de una “inyección de fondos públicos sin precedentes”, comprometiendo el futuro presupuestario del país “durante una década”, especialmente en un contexto donde los Presupuestos Generales del Estado no se actualizan desde 2023.

Según el PP, el Gobierno ya ha comprometido 14.283 millones en préstamos relacionados con estos proyectos, bajo el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa. Nueve de los 32 contratos planeados aún están pendientes de formalización, pero la oposición subraya que las cifras ya comprometidas requieren una revisión parlamentaria inmediata.

Indra, en el epicentro del debate por su creciente influencia

Uno de los aspectos que más inquieta al PP es el rol de Indra, la principal beneficiaria de las adjudicaciones. Sus acciones han aumentado un 21% en el último mes y un 192% en lo que va del año, triplicando su valor en solo once meses. Para los populares, el volumen de contratos otorgados a la empresa podría desembocar en “una posición monopolística” en la industria de defensa española.

El partido detalla que Indra tiene 5.959 millones en prefinanciación, que representa el 41,7% del total de los préstamos asociados al plan, de los cuales 3.169 millones pertenecen a la UTE que comparte con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). Además, se está evaluando la posible adquisición de EM&E por parte de Indra, operación que, a juicio del PP, podría agravar los riesgos de concentración empresarial en un sector estratégico.

El PP solicita comparecencias de Robles, Hereu y el presidente de la CNMV

En respuesta, los populares han presentado varias iniciativas parlamentarias y han solicitado la comparecencia de:

• Margarita Robles, ministra de Defensa, para explicar las adjudicaciones al grupo EM&E.

• Jordi Hereu, ministro de Industria, para detallar los criterios de concesión de los préstamos directos a la UTE Indra–EM&E.

• Carlos San Basilio, presidente de la CNMV, para aclarar si se han detectado movimientos especulativos relacionados con el excepcional desempeño del valor de las acciones de Indra.

El PP exige también toda la documentación relacionada con los contratos, informes de idoneidad y criterios de interés público que condujeron al Gobierno a otorgar estos fondos. Considera inaceptable que decisiones de tal envergadura se tomen sin apegarse a los mecanismos de control del Congreso.

Una crítica que apunta hacia la transparencia y la seguridad estratégica

La oposición sostiene que el Ejecutivo debe rendir cuentas ante el Parlamento por unas adjudicaciones que, según denuncia, ponen en riesgo la soberanía tecnológica, la seguridad jurídica y el papel estratégico de España en cuestiones de defensa.

En un momento de alta fragmentación parlamentaria, el PP argumenta que el Gobierno está actuando sin una fiscalización efectiva, lo que, a su juicio, requiere una reacción inmediata para asegurar la transparencia y el control del gasto público en uno de los sectores más sensibles del Estado.