El PP desafía a Sánchez a revelar «todo lo sucedido» durante su gestión tras la decisión de abrir los archivos del 23-F.

La decisión anunciada por el presidente Sánchez de desclasificar este martes los documentos relacionados con el 23-F —en coincidencia con el 45º aniversario del intento de golpe de Estado— ha reabierto el debate sobre la transparencia y el acceso a la información en España. El Gobierno defiende que la apertura de estos archivos busca “saldar una deuda histórica con la ciudadanía”, un gesto que, según Sánchez, forma parte del fortalecimiento de la memoria democrática.

No obstante, el PP ha puesto en tela de juicio la iniciativa y ha elevado sus demandas. La portavoz del grupo en el Congreso, Ester Muñoz, ha calificado la desclasificación como una “cortina de humo” y ha exigido que no se limite solo a archivos históricos, sino que se vaya “mucho más allá” y se publiquen también los documentos oficiales generados durante la actual gestión del Gobierno. Esta solicitud incluye información relacionada con decisiones, acciones y posibles controversias de la administración central desde que Sánchez asumió el poder.

Desde la oposición se argumenta que la apertura parcial de documentos antiguos podría estar más relacionada con estrategias políticas que con un verdadero compromiso con la transparencia institucional. Para el PP, la desclasificación de archivos del pasado no debe servir como un sustituto ni distraer de la necesidad de hacer públicos expedientes, actas o informes sobre la gestión cotidiana del Ejecutivo, particularmente en asuntos sensibles que han suscitado debate público.

Otras formaciones políticas también han aprovechado el anuncio para hacer sus propias reclamaciones. Representantes de partidos como Junts han solicitado al presidente que la desclasificación se extienda a documentos relacionados con las llamadas “cloacas del Estado” y otras áreas que, en su opinión, aún permanecen bajo secreto sin una justificación clara.

El anuncio de Sánchez ocurre en un contexto político caracterizado por la discusión sobre una nueva Ley de Información Clasificada, cuyo objetivo es reemplazar la actual legislación franquista de secretos oficiales, y que prevé plazos automáticos de desclasificación según tipos de información. Aunque esta ley todavía se encuentra en trámite, la apertura de los documentos del 23-F será efectiva en los próximos días y estará disponible para consulta pública.