El Tribunal Supremo decide no investigar a la UCO por la divulgación del ‘book’ de mujeres relacionado con Ábalos.

El Tribunal Supremo ha rechazado la solicitud del exministro José Luis Ábalos para investigar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil debido a la divulgación de informaciones y fotografías privadas en diversos medios de comunicación. El juez encargado del caso, Leopoldo Puente, afirma que no hay “indicio alguno de mínima consistencia” que permita atribuir a los agentes las filtraciones del conocido book de mujeres, encontrado en dispositivos electrónicos confiscados durante la indagación.

El magistrado subraya que algunos de los implicados “han optado, en el libre ejercicio de sus funciones, por otorgar entrevistas a medios y hasta proporcionar documentación”, lo que genera múltiples vías para explicar la difusión del contenido. También señala que el propio Ábalos admitió que el disco duro que intentó esconder en una inspección era “una copia de otro dispositivo en su hogar”, lo que incrementa las posibilidades de que existan duplicados en manos de terceros.

La defensa del exministro socialista había solicitado la identificación de los agentes que manejan el material y que se realizara un “expurgo” de todo contenido ajeno a la investigación, argumentando que las filtraciones intentaban “desdorar” su imagen y vulneraban tanto su intimidad como la de las mujeres retratadas.

Sin embargo, el juez Puente señala que ninguna de las imágenes ni archivos publicados por la prensa están incluidos en los informes oficiales elaborados por la Policía Judicial. Enfatiza que, si Ábalos considera que sus derechos han sido vulnerados, puede presentar una denuncia contra el medio que divulgó la información, pero no es competencia del Supremo tratar ese asunto.

El magistrado también aclara que en el futuro se llevará a cabo un expurgo controlado del material digital confiscado, pero solo después de haber revisado toda la documentación. Este proceso, añade, se realizará con la participación de todas las partes y en “términos razonables” para asegurar las garantías procesales.

Ábalos había denunciado que entre el 29 de agosto y el 2 de septiembre se publicaron diversas noticias con material privado que, en su opinión, solo podían provenir de fuentes de la investigación. El Supremo, sin embargo, concluye que no hay pruebas que vinculen las filtraciones con la Guardia Civil y sugiere otras posibles fuentes de acceso.