Enrique Santiago (IU) demanda una explicación sobre la posible eliminación de documentos del 23F tras su desclasificación.

Santiago ha centrado su atención en la integridad de los archivos públicos, preguntando directamente si el Ejecutivo tiene conocimiento de que algún informe, comunicación oficial o documento haya sido borrado o haya desaparecido en las dependencias del Estado. En caso de que se confirme la pérdida de información, el diputado solicita detalles sobre los mecanismos de control existentes para rastrear posibles eliminaciones intencionadas de archivos relacionados con la asonada militar.

Interrogantes sobre el material que aún está bajo secreto

A pesar de la reciente divulgación de una gran cantidad de documentación, el responsable de Justicia e Interior de Izquierda Unida ha solicitado a los encargados gubernamentales que aclaren si todavía hay documentos clasificados. Santiago exige que se identifique qué tipo de información sigue bajo secreto, qué organismos de la Administración General del Estado custodian ese material y cuál es la previsión temporal para que el público pueda acceder a ellos.

La iniciativa parlamentaria también enfatiza los procesos legales derivados del intento de golpe de Estado. El portavoz de Izquierda Unida ha cuestionado al Gobierno sobre el régimen actual de acceso y custodia de la documentación judicial relacionada con los procesos investigados y juzgados tras el 23F. El objetivo es garantizar que la memoria histórica y jurídica de España esté protegida y sea accesible para investigadores y ciudadanos.

Esta acción de Izquierda Unida surge apenas una semana después de que el Gobierno hiciera efectiva la desclasificación de varios temas y actos relacionados con el 23F, un paso que la formación considera positivo, pero que debe estar acompañado de garantías de que no se ha ocultado ni destruido información relevante para el entendimiento de la verdad histórica en España.