Junts solicita que Renfe «se retire de Cataluña» al considerar que «limita» la movilidad.

El transporte ferroviario en Cataluña vuelve a ser un tema candente en el debate político. Junts per Catalunya ha solicitado que Renfe deje de operar en la región, acusando a la empresa pública de «secuestrar» la movilidad de los ciudadanos, en relación con los problemas que afectan a la red de cercanías y regionales.

El portavoz del partido, Josep Rius, expresó que la situación actual del servicio evidencia que la operadora «tiene secuestrada la movilidad de los catalanes» y que su gestión ha puesto en peligro los desplazamientos diarios de miles de usuarios.

Presión política por los fallos en Rodalies

Estas declaraciones surgen en un contexto de interrupciones, restricciones de velocidad y cortes parciales en diversas líneas de Rodalies. En varias áreas, Renfe y Adif se han visto obligados a sustituir trenes por autobuses o implementar servicios alternativos por carretera mientras se realizan trabajos en los tramos considerados problemáticos de la infraestructura.

Según Junts, estos inconvenientes operativos afectan directamente a trabajadores, estudiantes y viajeros frecuentes, quienes padecen retrasos y modificaciones en sus trayectos.

Defensa de Renfe y Adif

Desde Renfe, se rechaza esta visión. La empresa ha afirmado que la movilidad está asegurada, ya sea a través de trenes o con autobuses lanzadera que cubren las rutas afectadas por las obras o restricciones temporales.

Antonio Carmona, portavoz de Renfe en Cataluña, ha indicado que la compañía trabaja en coordinación con Adif para recuperar progresivamente los tramos impactados y restablecer el servicio ferroviario completo a la mayor brevedad.

Debate sobre la gestión del servicio

El descontento con el funcionamiento de Rodalies ha reavivado la discusión política sobre quién debería gestionar el transporte ferroviario de proximidad. Junts aboga por que la gestión pase a la Generalitat o a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), al considerar que una gestión más directa podría atender mejor las necesidades del territorio.

Este planteamiento forma parte de un debate más amplio sobre la titularidad de las infraestructuras y la capacidad de las comunidades autónomas para asumir competencias estratégicas como el transporte público.

Mientras tanto, los usuarios continúan a la espera de la normalización del servicio en una red que resulta esencial para la movilidad diaria en el área metropolitana de Barcelona y el resto de Cataluña.