La Fundación Franco respalda la desclasificación del 23-F y solicita claridad sobre ETA.

En declaraciones a Servimedia, Chicharro ha afirmado que «una nueva Ley de Secretos Oficiales sería incluso mejor que esta medida«, refiriéndose a la normativa vigente desde 1968. En la actualidad, el Congreso está tramitando una propuesta de reforma promovida por el Gabinete de Pedro Sánchez, cuya aprobación sigue siendo incierta debido a la falta de apoyos parlamentarios asegurados.

Solicitud de transparencia sobre ETA

Más allá del 23-F, cuyo intento de golpe de Estado cumple ahora 45 años, la Fundación Franco ha exigido que se aplique el mismo criterio de transparencia a los documentos reservados relacionados con las negociaciones sostenidas por diferentes Gobiernos con la banda terrorista ETA. Chicharro sostiene que acceder a esta información es fundamental para completar el panorama de la transparencia histórica en España.

El proceso de ilegalización y la queja por indefensión

La posición de la fundación respecto a los secretos oficiales coincide con un momento crítico para la entidad, que enfrenta un proceso de extinción judicial en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática. La semana pasada, la organización denunció que el Ministerio de Cultura no les ha proporcionado un «margen temporal razonable» para organizar su defensa frente a la propuesta de ilegalización.

El conflicto jurídico se centra en varios puntos. El primero es la inadmisión de pruebas. El Ministerio de Cultura notificó el pasado 16 de febrero la inadmisión de un recurso de alzada relativo a una prueba testifical que la fundación considera crucial. El segundo es la rapidez procesal. La organización manifiesta su «sorpresa» ante la celeridad con la que se ha adoptado la nueva resolución, apenas un día después de la notificación previa, lo que, a su juicio, complica la defensa jurisdiccional. Y el tercero es el soporte normativo. La fundación cuestiona el artículo 32 bis.3 de la Ley de Fundaciones, introducido en 2023, que permite al Gobierno solicitar la extinción de entidades que exalten la figura del dictador u otros similares.

Mientras el procedimiento judicial avanza, la Fundación Franco mantiene su estrategia comunicativa relacionando la desclasificación de los archivos del 23-F con la necesidad de esclarecer las etapas de diálogo con el terrorismo, un asunto que consideran de igual importancia para la opinión pública.