La Sociedad Civil Española advierte a Bruselas sobre las presiones al TJUE por la Ley de Amnistía y hace un llamado a proteger el Estado de derecho.

La Sociedad Civil Española ha presentado una iniciativa oficial ante las instituciones europeas para señalar lo que considera una grave violación del Estado de derecho en España a raíz de la Ley de Amnistía y de las acciones del presidente del Gobierno en relación con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

En una rueda de prensa celebrada en Madrid, Alejo Vidal-Quadras, Marcos de Quinto y Amalio de Marichalar expusieron el contenido y las implicaciones de una carta dirigida al comisario europeo de Justicia, en la que advierten sobre un intento de Influencia política sobre el TJUE antes de que se pronuncie sobre la compatibilidad de la amnistía con el derecho comunitario.

Durante el evento, Vidal-Quadras enfatizó que la Ley de Amnistía representó, según su valoración, una ruptura clara con los principios constitucionales, al haberse aprobado con el único propósito de asegurar la continuidad del actual Gobierno. En este sentido, denunció que el Gobierno ha utilizado al Tribunal Constitucional como una instancia de revisión superior al Tribunal Supremo, alterando el equilibrio del sistema jurisdiccional establecido en la Constitución.

Presiones públicas y falta de rigor jurídico

Marcos de Quinto centró su discurso en la intervención del presidente del Gobierno del pasado 15 de diciembre, en la que, según explicó, anticipó públicamente el sentido del futuro fallo del TJUE, otorgando un respaldo inexistente a informes de la Comisión Europea y de la Comisión de Venecia. De Quinto afirmó que tales declaraciones constituyen una intromisión directa en la independencia judicial europea y un grave precedente para el funcionamiento del estado de derecho en la Unión.

Según detalló, los informes mencionados por el Ejecutivo no respaldan la Ley de Amnistía y, en algunos casos, advierten precisamente lo contrario: se trata de una autoamnistía vinculada a una transacción política y contraria a los principios de igualdad ante la ley, seguridad jurídica y separación de poderes.

Una carta a Bruselas y el apoyo del ámbito jurídico

Amalio de Marichalar indicó que la carta enviada al comisario de Justicia incluye argumentos jurídicos elaborados por amplios sectores de la judicatura y de la abogacía española, que ya se manifestaron mayoritariamente en contra de la amnistía. En el documento se destaca que la normativa quiebra la igualdad de los ciudadanos, desacredita sentencias firmes y socava la confianza en las instituciones europeas.

Los impulsores de esta iniciativa insistieron en que su actuación no busca sustituir los procesos judiciales en curso, sino denunciar de manera pública una presión política sin precedentes sobre el TJUE y advertir a las autoridades europeas sobre las repercusiones que tendría una validación de la amnistía para la credibilidad democrática de la Unión.

Convocatoria ciudadana en Cádiz

Como parte de esta acción institucional, Sociedad Civil Española ha convocado una concentración ciudadana en Cádiz, programada para el viernes 30 de enero en la Plaza de España, junto al monumento a la Constitución. La elección de la ciudad se debe a su significado simbólico como cuna del constitucionalismo español, desde donde se busca reivindicar la defensa de la Constitución, la independencia judicial y el Estado de derecho.

Los organizadores han hecho un llamado a la participación transversal y apartidista, asegurando que la movilización está abierta a ciudadanos de diversas sensibilidades políticas unidos por la defensa de los principios democráticos.

A la espera del TJUE

Los oradores coincidieron en que el fallo del TJUE será determinante no solo para España, sino para toda la Unión Europea. Consideran que una validación de la Ley de Amnistía establecería un precedente que pondría en entredicho la solidez del sistema jurídico europeo y su capacidad para contener abusos de poder en los Estados miembros.