La Sociedad Civil Española presenta la amnistía ante el TJUE y la Comisión Europea.
-
- 16 de febrero de 2026
Sociedad Civil Española (SCE) ha intensificado su estrategia ante las instituciones europeas mediante el envío de dos cartas a figuras clave de la Unión Europea: el comisario europeo de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección del Consumidor, Michael McGrath, y el presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Koen Lenaerts. La organización relaciona estas acciones con su preocupación por la situación del Estado de derecho en España y las enmarca en una ofensiva institucional que transcurre en tres frentes: Comisión Europea, TJUE y Parlamento Europeo.
Este movimiento surge en un contexto de atención europea hacia España debido a la misión de la Comisión LIBE del Parlamento Europeo, que visitará el país los días 16 y 17 de febrero para analizar, entre otros temas, la situación del Estado de derecho. En el escrito enviado a LIBE, la plataforma —que asegura reunir a más de 130 asociaciones— pidió cambios en el sistema de elección del CGPJ para fortalecer la independencia judicial, proponiendo que 12 de los 20 vocales sean elegidos directamente por jueces y magistrados.
Dos cartas y un mismo eje: amnistía, Estado de Derecho y alcance europeo
Las dos misivas, fechadas el 23 de enero de 2026 (a McGrath) y el 9 de febrero de 2026 (a Lenaerts), comparten un hilo conductor: la denuncia de que la Ley de Amnistía representa, según SCE, una amenaza estructural al “rule of law” y un precedente de consecuencias europeas.
En la carta dirigida a la Comisión Europea, firmada por Alejo Vidal-Quadras y Amalio de Marichalar, los remitentes se identifican como representantes de la “sociedad civil organizada” y piden que el documento sea considerado como una “señal de alarma” sobre la “crítica situación del Estado de Derecho” en España y Europa.
El texto recalca que la amnistía sería una “autoamnistía” y no una norma ordinaria, ya que afectaría a la igualdad ante la ley y estaría vinculada a un acuerdo político de investidura. La organización argumenta que el conflicto ha incrementado la litigiosidad y que el tema ha adquirido un alcance internacional, solicitando la atención directa del comisario.
La pieza central: el TJUE y la denuncia de “condicionamiento” del fallo
La carta dirigida al presidente del TJUE adopta un tono más institucional y se concentra en un tema específico: las declaraciones públicas del presidente del Gobierno durante su informe anual del 15 de diciembre de 2025.
SCE sostiene que el jefe del Ejecutivo “fuerza y condiciona” al TJUE al declarar públicamente que la amnistía habría sido validada por entidades como la Comisión de Venecia, la Comisión Europea, el Tribunal Constitucional y el Abogado General del propio TJUE, deduciendo que la ley sería constitucional y legítima.
La organización interpreta esas afirmaciones como un intento de anticipar y orientar el sentido del pronunciamiento europeo.
En su carta, Vidal-Quadras solicita que el presidente del Tribunal considere la gravedad institucional de tales declaraciones y menciona que se enviará documentación adicional, incluyendo informes jurídicos y comunicaciones previas enviadas a Bruselas.
Cronología de la ofensiva
- 25 de septiembre de 2025: comparecencia ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, según lo indicado en los documentos enviados.
- 15 de diciembre de 2025: declaraciones públicas del presidente del Gobierno, citadas por SCE como motivo para la carta al TJUE.
- 23 de enero de 2026: carta al comisario Michael McGrath alertando sobre la amnistía.
- 9 de febrero de 2026: carta al presidente del TJUE denunciando presiones o intentos de condicionamiento institucional.
- 16 y 17 de febrero de 2026: visita de la misión LIBE a España.
Por qué importa a la Unión Europea
El interés europeo no solo reside en el debate político interno español, sino también en el impacto institucional que el caso pueda tener.
- En el plano institucional, la posible decisión del TJUE sobre cuestiones relacionadas con la amnistía influye en la relación entre el poder ejecutivo nacional y la justicia europea. Dirigir una carta al presidente del Tribunal implica un movimiento de gran relevancia.
- En el plano del precedente, la organización sostiene que la controversia podría extenderse más allá de España si se consolida la idea de que decisiones de alto impacto constitucional puedan basarse en equilibrios parlamentarios temporales.
El tercer frente: LIBE y el debate sobre el CGPJ
Junto a las cartas enviadas a Bruselas y Luxemburgo, SCE ha solicitado a la Comisión LIBE que se impulse un modelo de elección del CGPJ que potencie la participación directa de jueces y magistrados.
Esta propuesta se da en un contexto donde el Parlamento Europeo mantiene mecanismos de seguimiento sobre la calidad institucional y la separación de poderes en los Estados miembros.
Un debate que se traslada definitivamente al escenario europeo
El impulso inmediato de la carta al TJUE proviene de las declaraciones públicas del presidente del Gobierno el 15 de diciembre de 2025, reflejadas en la documentación enviada por la organización. SCE discrepa de la interpretación gubernamental y mantiene que corresponde únicamente a los tribunales determinar el alcance jurídico de la norma.
Con la misión LIBE en el calendario inmediato y el pronunciamiento del TJUE aún a la espera, la controversia sobre la Ley de Amnistía entra en una fase crucial en el ámbito europeo, donde se discutirá no solo la validez jurídica de ciertos aspectos de la norma, sino también su alineación con los estándares comunitarios del Estado de Derecho.