Mayor disponibilidad de viviendas y reducción de las regulaciones ante límites en el alquiler.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha argumentado este miércoles en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Senado su plan para abordar la crisis habitacional, fundamentado en reducir la burocracia, liberar suelo y potenciar la oferta de vivienda pública, en clara contraposición al enfoque regulador del Gobierno central y al defendido por el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

Durante su intervención, Almeida ha culpado directamente al Ejecutivo de la evolución de los precios de alquiler desde 2019, señalando que han pasado de aumentar un 1 % a hacerlo en aproximadamente un 8 % anual. Según su opinión, los límites al alquiler y la Ley estatal de Vivienda han tenido efectos “desastrosos”, hasta el punto de que, de acuerdo con sus datos, un 45 % de las viviendas habrían salido del mercado de arrendamiento desde su implementación.

El alcalde madrileño solo ha tenido una valoración positiva de una de las últimas medidas del Gobierno, la bonificación fiscal para propietarios que no incrementen el alquiler al renovar contratos. “Mejorar la fiscalidad de los arrendadores puede facilitar el aumento de la oferta”, ha expresado, aunque ha criticado el resto de las iniciativas al considerar que buscan “corregir errores” de la propia Ley de Vivienda, especialmente en lo relacionado con los alquileres de temporada.

Más suelo, menos trámites y 80.000 viviendas en desarrollo

Almeida ha organizado su intervención en torno a tres pilares: simplificación administrativa, gestión del suelo y promoción de vivienda pública a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo. En este sentido, ha puesto de relieve que el Ayuntamiento ha aprobado en esta legislatura 95 instrumentos urbanísticos que permitirán construir más de 80.000 viviendas y ha afirmado que Madrid está en condiciones de conceder hasta 60.000 licencias de obra de forma inmediata.

Asimismo, ha elogiado el Plan Reside, que posibilita la transformación de edificios de uso terciario en residenciales para generar alquiler asequible en el centro, subrayando que esta estrategia ya está en marcha para levantar unas 3.000 viviendas. Además, ha destacado la posibilidad de simultanear la urbanización y la construcción, un modelo que ha despertado el interés del propio Gobierno.

En lo que respecta a la vivienda pública, ha recordado que el Consistorio aspira a contar con un parque de 10.000 viviendas municipales antes de finalizar la legislatura, con una inversión que supera los 1.000 millones de euros, en contraste con los 19 millones que, según ha reprochado, ha destinado el Gobierno central.

Collboni defiende la regulación y la Ley de Vivienda

Tras la intervención de Almeida, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defendido el modelo contrario, aseverando que “la Ley de Vivienda está funcionando” y que en Barcelona ha conseguido frenar el aumento de precios. Aunque ha coincidido en la necesidad de incrementar la oferta y agilizar permisos, ha enfatizado que, mientras se construyen nuevas viviendas, “la solución es la regulación” para controlar las subidas.

Collboni también ha valorado la bonificación fiscal a caseros como una medida “en la dirección correcta” y ha recordado que la mayoría de propietarios en España son pequeños arrendadores.