NEOS cuestiona la regularización excepcional de inmigrantes.

La Fundación NEOS ha manifestado este lunes su categórico rechazo a la regularización extraordinaria de inmigrantes en situación irregular promovida por el Gobierno, una acción que, según las proyecciones existentes sobre el proceso, podría impactar al menos a 500.000 personas, siendo el número final dependiente de su desarrollo normativo y de la reacción administrativa.

La declaración de NEOS se realiza el mismo día en que el Ejecutivo ha autorizado el inicio de la tramitación urgente de un Real Decreto que establecerá el procedimiento, tras un acuerdo político entre el PSOE y Podemos. Esta iniciativa se impulsa por medio reglamentario, después de meses de estancamiento parlamentario de la Iniciativa Legislativa Popular sobre regularización, que había sido admitida a trámite en el Congreso, pero no avanzó de manera efectiva.

Qué se ha aprobado y cómo se aplicará

La iniciativa contempla la apertura de una ventana extraordinaria de regularización con un calendario administrativo definido, permitiendo a las personas en situación irregular solicitar autorización de residencia y trabajo. Según lo comunicado hasta ahora, el proceso se iniciaría en primavera y tendría una duración limitada de varios meses.

Entre los requisitos anunciados se encuentra la acreditación de presencia continua en España antes del 31 de diciembre de 2025, un periodo mínimo de permanencia —alrededor de cinco meses— y la ausencia de antecedentes penales relevantes. Además, el diseño del procedimiento incluye la posibilidad de acceder al mercado laboral desde la admisión de la solicitud.

La crítica de NEOS: “se ha superado la capacidad de absorción”

En su comunicado, NEOS argumenta que, aunque es legítimo buscar una vida mejor, el deber de acogida tiene límites relacionados con la capacidad real de integración de la sociedad receptora. La fundación cita la llamada “ratio de absorción” para advertir que España habría sobrepasado ese límite, en un contexto donde cerca del 20% de la población es de origen extranjero y algunas comunidades autónomas presentan porcentajes notablemente más altos.

NEOS señala que el ritmo de llegada anual de inmigrantes —superior a medio millón de personas— está aumentando la presión sobre los servicios públicos, especialmente en sanidad, educación y servicios sociales, los cuales ya están tensados en ciertas áreas. Además, indica que están surgiendo problemas de integración en diversos puntos del país.

La fundación considera particularmente preocupante que personas que, según su interpretación de los criterios anunciados, solo tendrían que demostrar unos pocos meses de residencia, lo que, a su entender, significaría “normalizar la entrada ilegal” y enviar una señal equivocada sobre el control migratorio.

Cuestionamiento del procedimiento político

Más allá del contenido de la medida, NEOS critica la forma en que se ha llevado a cabo. La organización sostiene que la regularización se ha discutido al margen del Congreso de los Diputados, el ente de soberanía nacional, y con una fuerza política minoritaria, lo que, a su juicio, debilita el consenso institucional necesario para una política migratoria de estructura duradera.

Asimismo, advierte que las consecuencias inmediatas de la regularización recaerán sobre los sistemas autonómicos de educación y sanidad, cuya gestión corresponde a las comunidades autónomas, muchas de las cuales son gobernadas por el Partido Popular, lo que podría intensificar los desequilibrios territoriales y la tensión en competencias.

Debate de fondo: sostenibilidad y planificación

El anuncio ha reavivado el debate sobre la eficacia de las regularizaciones extraordinarias como mecanismo para disminuir la inmigración irregular. Distintos análisis técnicos han señalado que, sin cambios en los flujos de entrada y en los mecanismos de control y arraigo, este tipo de medidas tienden a generar efectos limitados a mediano plazo y pueden producir un efecto llamada si no se acompañan de una estrategia integral.

Desde el ámbito de la seguridad y la gestión administrativa también se ha indicado la complejidad operativa que implica procesar en un corto periodo cientos de miles de expedientes, así como la necesidad de dotar de recursos adecuados a las administraciones implicadas para evitar colapsos.

Llamamiento a una política de Estado

NEOS concluye su comunicado exigiendo una política activa y estratégica de inmigración que combine control de flujos, integración efectiva, cohesión social y sostenibilidad del Estado del bienestar. La fundación enfatiza que España necesita una política de Estado en este ámbito, estable y consensuada, que evite soluciones temporales y decisiones de alto impacto tomadas sin un debate institucional ampliado.