Sanciones, restricciones de acceso y prohibiciones a pequeños medios digitales.

La Mesa del Congreso de los Diputados ha dado luz verde a una nueva norma que regula la labor de los periodistas acreditados en la Cámara Baja, con la finalidad de asegurar la convivencia y prevenir conductas de acoso que han sido denunciadas en los últimos meses por diputados y profesionales de los medios de comunicación.

El documento, elaborado en consenso con la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) y la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), se alinea con la reciente reforma del Reglamento del Congreso aprobada en julio. La norma fue aprobada con el respaldo de los partidos del Gobierno y sus aliados de investidura, mientras que PP y Vox votaron en contra.

Entre las nuevas disposiciones, se establece un Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, que estará compuesto por representantes de los grupos políticos, departamentos de la Cámara y periodistas, y que jugará un papel fundamental en la evaluación de sanciones.

Restricciones en acreditaciones y accesos

El Congreso ha reforzado los requisitos para la acreditación de prensa. Solo podrán obtenerla aquellos medios que cuenten con una plantilla de más de diez trabajadores dados de alta en la Seguridad Social y al día con sus obligaciones. Se excluyen los blogs, canales de YouTube, sitios web agregadores de contenido, emisoras digitales sin concesión administrativa y los equipos de comunicación de lobbies o partidos políticos. Tampoco se acreditará a quienes trabajen o colaboren en equipos de comunicación política.

En lo que respecta al acceso, la norma define los espacios en los que los periodistas pueden desempeñar su labor. Se prohíbe la entrada libre a zonas como los garajes o los despachos de los diputados, quedando restringidas a áreas previamente autorizadas.

Normas de comportamiento y sanciones

El reglamento estipula que las entrevistas o declaraciones deben realizarse con el consentimiento expreso de la persona interpelada, prohibiendo los seguimientos insistentes tras el rechazo de la solicitud. Este aspecto responde a las quejas sobre prácticas de acoso perpetradas por algunos comunicadores ultra en pasillos y conferencias de prensa.

Además, se prohíbe a los periodistas de prensa escrita grabar imágenes o vídeos dentro de la Cámara, una actividad reservada a reporteros gráficos y operadores de televisión, aunque sí podrán grabar audios. También está prohibida cualquier captación que infrinja la intimidad o el secreto de las comunicaciones, como grabar pantallas o documentos de diputados y miembros del Gobierno.

Ante posibles infracciones, las denuncias serán gestionadas por la Dirección de Comunicación, que remitirá el caso a la Mesa del Congreso tras un informe del Consejo Consultivo. La decisión final corresponderá a la propia Mesa, con opción de recurso.

Hasta ahora, la actividad periodística en el Congreso estaba regida por criterios no escritos que habían ido evolucionando. Con esta normativa, se exige a todos los profesionales que firmen una declaración responsable reconociendo que conocen y respetan las nuevas reglas de actuación.

Con este marco, la Cámara busca un balance entre la libertad de prensa y la protección de la convivencia parlamentaria, en un contexto caracterizado por la proliferación de nuevos medios digitales y las denuncias de acoso político en sede parlamentaria.