Treinta organizaciones presentan una queja ante Bruselas por las presiones del Gobierno español al TJUE respecto a la ley de amnistía.

Un total de 30 organizaciones de la sociedad civil española han dirigido una amplia carta al comisario europeo de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección del Consumidor, Michael McGrath, para exponer lo que consideran una “gravísima situación institucional” en España, a raíz de las acciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en relación con la ley de amnistía.

La misiva está coordinada por Amalio de Marichalar y Sáenz de Tejada, en representación de la iniciativa De español a español por la Constitución, de la Asociación Española de Mujeres Juristas y de una amplia plataforma de entidades cívicas a nivel nacional.

Críticas al dictamen del Abogado General del TJUE

Las organizaciones manifiestan su firme rechazo al dictamen emitido el pasado 13 de noviembre por el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Dean Spielmann, al considerar que introduce argumentos políticos en lugar de jurídicos, al afirmar que la amnistía se aprobó en un “contexto real de reconciliación política y social”.

Según los firmantes, esta interpretación coincide prácticamente con el argumentario del Gobierno español y contradice informes anteriores, incluyendo el del abogado de la Comisión Europea, que calificó la norma como una “autoamnistía” aprobada como una contrapartida política para lograr una investidura, infrigiendo los principios fundamentales del Estado de Derecho.

Denuncia de presiones públicas al Tribunal de Justicia de la UE

Uno de los puntos centrales de la carta es la denuncia de presiones públicas directas del presidente del Gobierno hacia el poder judicial europeo. Las asociaciones consideran “extremadamente grave” que Sánchez haya afirmado desde el Palacio de la Moncloa que la ley de amnistía ya ha sido validada por instituciones como la Comisión de Venecia, la Comisión Europea, el Tribunal Constitucional y el Abogado General del TJUE.

Los firmantes sostienen que tales afirmaciones son falsas o distorsionadas y buscan influir en el futuro fallo del TJUE, igual que —afirman— el presidente del Gobierno ha interferido públicamente en otros procesos judiciales de gran relevancia.

Relato de una estrategia política continuada

La carta detalla una cronología completa que, a juicio de las asociaciones, demuestra que la amnistía no responde a un interés general, sino a una estrategia de supervivencia política. Entre los hitos destacados se encuentran:

• El indulto previo a los condenados por el proceso independentista.

• La eliminación del delito de sedición y la reducción de la malversación.

• El reconocimiento explícito de que la amnistía fue resultado de la “necesidad” de obtener apoyos parlamentarios.

• La negociación con partidos independentistas y con el expresidente Carles Puigdemont, en rebeldía ante la justicia española.

Según el documento, todo lo anterior representa una ruptura del principio de igualdad ante la ley, de la seguridad jurídica y de la independencia judicial, pilares esenciales tanto de la Constitución española como del ordenamiento europeo.

Advertencia sobre el impacto en la democracia europea

Las asociaciones advierten que la situación en España trasciende lo nacional y repercute directamente en la credibilidad democrática de la Unión Europea. En su opinión, respaldar una amnistía vinculada a un trueque de apoyos políticos podría establecer un precedente peligroso para el conjunto de los Estados miembros.

Por ello, solicitan al comisario McGrath que transmita esta información al presidente del TJUE y al Tribunal en su totalidad, así como que inicie una revisión profunda del enfoque adoptado por el Abogado General.

Petición de reunión y defensa del Estado de Derecho

Finalmente, los firmantes piden una reunión urgente en Bruselas para aportar información adicional y entregar documentación complementaria, incluyendo decenas de informes jurídicos y un dossier con más de 40 acciones que, según consideran, vulneran la Constitución española.

El escrito concluye con un exhorto claro a defender sin ambigüedades el estado de derecho europeo, recalcando que la situación presente en España es “grave y excepcional” y demanda una respuesta contundente de las instituciones comunitarias.