Vecinos reclaman la revocación de la tramitación de la Ley Ómnibus de Ayuda debido a la limitación de la participación ciudadana
En un llamado a la acción, vecinos y organizaciones sociales han unido sus voces para exigir la revocación de la tramitación de la polémica Ley Ómnibus de Ayuso, proyecto de ley que, según ellos, limita la participación ciudadana y atenta contra los derechos fundamentales de los ciudadanos. La ley, que busca agilizar la tramitación de proyectos urbanísticos, ha generado un gran rechazo entre la población, que ve en ella una amenaza a la transparencia y la democratización de la toma de decisiones en la Comunidad de Madrid.
Vecinos reclaman la revocación de la tramitación de la Ley Ómnibus de Ayuso por limitación de la participación ciudadana
La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha presentado una única alegación a la nueva ley ómnibus de la Comunidad de Madrid, solicitando que se anule su tramitación y se reinicie el proceso para poder garantizar la participación ciudadana.
El Gobierno de Ayuso ha concedido solo siete días para presentar propuestas y alegaciones ante una norma que modificará 131 artículos de 10 leyes. Según la FRAVM, este plazo es absolutamente insuficiente para leer, analizar y elaborar alegaciones y sugerencias ante un proyecto de la envergadura e importancia del Anteproyecto de Ley de medidas para un desarrollo equilibrado en materia de medio ambiente y ordenación del territorio.
Es evidente que el Ejecutivo autonómico no tiene ningún interés en facilitar la participación de la sociedad civil en cuestiones que la afectan de manera tan directa y determinante, denuncian desde la FRAVM. Al igual que ha hecho ahora, tan solo concedió siete días, entre la Nochebuena y la Nochevieja de 2021, para presentar alegaciones al Anteproyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la administración de la Comunidad de Madrid, destinado a modificar 33 leyes y 5 decretos. Lo hizo igualmente en la antesala de un período de vacaciones laborales.
El plazo de información pública del nuevo anteproyecto ha finalizado este viernes, 19 de julio, una urgencia que no acertamos a entender y que no compartimos, puede leerse en el documento registrado por la federación vecinal. El pasado 8 de mayo, el viceconsejero de Medio Ambiente, Agricultura y Ordenación del Territorio propuso su tramitación urgente, y de esta forma eliminó el trámite de consultas públicas previas, redujo el plazo de información pública y ha recortado su trámite parlamentario.
Todo ello sin que existan razones veraces que justifiquen ni la envergadura de la modificación ni la urgencia de la misma, sostiene la FRAVM. Siete días es muy poco tiempo para estudiar adecuadamente un texto que modifica 131 artículos de diez leyes relacionadas con el urbanismo, el medio ambiente y la protección animal que, dicho sea de paso, no surgen de demandas de sectores mayoritarios de la ciudadanía o de la sociedad civil, ni desde una necesidad perentoria, no estando en plena pandemia y ni nada similar.
La iniciativa propuesta por el equipo de Ayuso afecta a normas tan heterogéneas como la Ley 9/1995 de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo, la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, la Ley 2/1991 para la protección y regulación de la flora y fauna silvestre de la Comunidad de Madrid, entre otras.
El Gobierno regional está cercenando gravemente los derechos ciudadanos y los de las asociaciones interesadas al impedir 'de facto' el derecho a la participación en los asuntos públicos, establecido en normas como la Ley 10/2019 de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid y la Ley 27/2006 por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
La federación se muestra preocupada por la frecuencia con la que el Gobierno regional está utilizando la tramitación de leyes ómnibus para modificar en bloque normativa importante. Desde 2021, esta es la tercera ley de estas características que se tramita. A parte de la de la Navidad de ese año, en diciembre de 2023 se tramitó la Ley 16/2023 de Medidas para la Simplificación y Mejora de la Eficacia de Instituciones y Organismos de la Comunidad de Madrid.
En general, estas normas, repletas de una abundante retórica sobre sostenibilidad, reducen los procedimientos que garantizan la prevención de la especulación inmobiliaria y la protección del entorno natural madrileño, transformándolo en una especie de parque temático con cabida para cualquier cosa.
Por ello, la FRAVM ha solicitado la anulación de su tramitación y la vuelta a la casilla de salida, ya que es tan importante disponer de un tiempo mínimo razonable para estudiar el proyecto y poder presentar propuestas para mejorarlo.
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