Begoña Gómez no se presenta ante el juez Peinado en el caso de malversación y solicita el archivo de la causa | España

Todo estaba organizado para que Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, se presentara este sábado por la tarde en los juzgados de la plaza de Castilla en Madrid, donde había sido convocada por el juez Juan Carlos Peinado para realizar un trámite procesal: definir su imputación por un presunto delito de malversación de fondos públicos como paso previo para que su caso sea juzgado por un tribunal popular. El juez imputa este delito a la mujer del presidente debido a los supuestos trabajos privados que le realizó, a modo de favor, Cristina Álvarez, la asesora que La Moncloa contrató en 2018 para manejar su agenda pública. Sin embargo, Gómez no se presentó a la citación, ya que delegó su presencia en su abogado.

El juez Peinado redactó un auto esta semana en el que notificaba a Gómez que, en caso de ser juzgada por este delito, lo sería en un tribunal popular. Esto implica que ciudadanos seleccionados al azar deberían decidir sobre su culpabilidad. Además, el magistrado ordenó que, junto a otros imputados, su asesora Cristina Álvarez, así como Francisco Martín Aguirre, el actual delegado del Gobierno en Madrid, que también trabajó en La Moncloa, se presentaran en el juzgado este sábado para comunicarles esta decisión.

Finalmente, ninguno de los imputados se presentó en los juzgados. Todos delegaron su representación en sus abogados. La citación, según fuentes jurídicas, duró casi dos horas, durante las cuales tanto la defensa de Gómez como la Fiscalía solicitaron el archivo del caso. Las acusaciones particulares, como Hazte Oír y Vox, pidieron que la investigación continúe y que se cite como testigos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Justicia, Félix Bolaños. Peinado se pronunciará en los próximos días. La decisión final, tanto si prosigue la causa como si la archiva, podrá ser recurrida ante la Audiencia Provincial.

Peinado trabajaba este sábado en funciones de guardia y también cumplía 71 años. Se jubilará en septiembre de 2026, cuando cumpla 72, la edad máxima permitida para ejercer en la carrera judicial en España.

La defensa de Gómez, encabezada por el exministro Antonio Camacho, fundamenta su solicitud de archivo en que la esposa de Sánchez no participó en el nombramiento ni en el pago a su asesora. Camacho explicó que la decisión de la esposa del presidente de no presentarse personalmente al juzgado estaba respaldada por una circular de la Fiscalía, la 4/1995, de 29 de diciembre, que trata el proceso ante el Tribunal del Jurado: las actuaciones en el Juzgado de Instrucción. Este documento aclara que en la comparecencia “solo se van a concretar los términos de tal imputación y siempre en presencia de su letrado”. Por lo tanto, “la presencia del imputado no es indispensable. En la comparecencia (…) no se realizan diligencias de instrucción y, por ende, tampoco se hace la declaración del imputado”.

Este sábado fue la quinta ocasión que Gómez fue citada para comparecer en el juzgado de instrucción número 41 de Madrid, desde que este magistrado inició su investigación en abril de 2024, tras una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias. Al mismo tiempo, también fueron convocadas la asesora Cristina Álvarez y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien ocupó el cargo de secretario general de Presidencia de 2021 a 2023, del que depende la asistente de la esposa de Sánchez.

La organización ultracatólica Hazte Oír, que coordina las acusaciones populares, reunió a alrededor de 100 personas en los alrededores en una concentración bajo el lema “No al corrupto”. En la zona también circuló un camión pequeño con una pantalla grande que mostraba imágenes de la esposa del presidente con el rótulo “pentaimputada”.

Los correos electrónicos

El magistrado Peinado considera que hay indicios de delito en las funciones que realizó la asesora de Gómez porque, a través de correos electrónicos, habría asistido a la esposa de Sánchez con sus actividades privadas en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Es decir, durante su horario laboral habría enviado estos mensajes con información sobre su vida privada en la universidad. Este procedimiento está separado de la causa principal contra Gómez, en la que Peinado también investiga otros cuatro delitos: corrupción en los negocios, intrusismo, tráfico de influencias y apropiación indebida.

Camacho explicó que él mismo ha enviado correos sobre asuntos familiares o de amigos. “Si su teoría es que incluir una posdata en un correo constituye un delito de malversación por ser realizados durante el horario laboral, debe entenderse que es muy común que se trabaje desde las 10.00 de la mañana hasta las 10.00 de la noche y que no existe una prohibición de que en sus horas de asueto pueda enviar correos. No se dan en absoluto los requisitos del delito de malversación y aquí citamos al propio magistrado instructor. Ni hay nombramiento, ni hay pago”.

Este viernes, el juez Peinado detalló en un nuevo auto “varias diligencias” que aún faltan en esta causa, incluyendo la recepción de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los correos electrónicos presentados por Juan Carlos Doadrio, quien fue vicerrector de Relaciones Institucionales de la Complutense, donde trabajaba Gómez, y que dirigió una cátedra extraordinaria sin remuneración y dos másteres por los que cobró 15.000 euros anuales. Ninguna de las partes ha tenido acceso a estos correos, que son la principal evidencia de la supuesta malversación.

Gómez ya manifestó ante el juez Peinado en otra declaración el pasado 10 de septiembre que en ocasiones solicitó como “un favor” pequeñas gestiones personales a su asesora.

Desde que Peinado inició la parte principal de esta causa en abril de 2024 para investigar la relación profesional de Begoña Gómez con el empresario Juan Carlos Barrabés y la Universidad Complutense de Madrid, la acción expansiva del juez ha sido muy cuestionada. Se han corregido excesos en sus decisiones por todas las instancias superiores, y algunas de sus resoluciones han coincidido con momentos políticos complicados para el Gobierno de Pedro Sánchez.

No solo la defensa de Gómez y la Fiscalía han manifestado repetidamente una falta de argumentación por parte de Peinado para justificar algunas de sus decisiones más controvertidas. Las acusaciones populares también le solicitaron que explicara más a fondo su imputación para evitar que la Audiencia Provincial la desestimara.

La actual investigación por malversación, que es una pieza separada, se abrió el 10 de marzo de este año. Durante los primeros meses, tanto la esposa del presidente Sánchez como su asesora no fueron el objetivo del juez por este delito.

El juez miró hacia La Moncloa ese 10 de marzo y dirigió su atención hacia Félix Bolaños, actual ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, quien fue secretario general de Presidencia cuando se designó a Álvarez como asesora. El instructor acudió en abril a La Moncloa a interrogar al ministro como testigo, ya que tiene fuero y solo puede ser imputado por el Tribunal Supremo. En esta reunión, que se realizó durante la Semana Santa, Bolaños afirmó que no participó en la contratación de la asistente de la esposa de Sánchez. Posteriormente, Bolaños presentó ante el Consejo General del Poder Judicial dos quejas formales por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones, que aún están bajo investigación.

A finales de junio, Peinado solicitó al Supremo que imputara al ministro. “Ha podido participar directamente en el nombramiento de Cristina Álvarez como personal eventual y ha conocido, o no ha controlado, las tareas realizadas por ella”, escribió el juez en la exposición enviada al alto tribunal, acusándole de malversación, además de un delito de falso testimonio por supuestamente haberle mentido cuando lo interrogó como testigo. Sus aspiraciones se frustraron en solo tres semanas. La máxima instancia judicial respondió de manera contundente: “No hay el más mínimo respaldo indiciario” para imputar a Bolaños.

Los autos de Peinado han provocado una reacción inmediata del Gobierno al considerar que revelan un componente político y un uso por parte de la oposición, del PP y Vox, para sustentar su argumento de que todo el Gobierno de Sánchez es corrupto y debería convocar elecciones y renunciar.