Más de 60 organizaciones no gubernamentales solicitan al Congreso de EE. UU. que detenga la acción militar de Trump en el Caribe.

Más de 60 ONG enviaron una carta al Congreso de Estados Unidos este miércoles, solicitando que frene la escalada militar del Gobierno de Donald Trump en el Caribe y expresando su “preocupación por las repetidas ejecuciones extrajudiciales de civiles no identificados”. Además, alertaron sobre el “creciente riesgo de guerra” en la región, resultado de operaciones que han destruido al menos cuatro embarcaciones procedentes de Venezuela, que el ejército señala como involucradas en el tráfico de drogas. Estos ataques han causado la muerte de 21 personas, según datos proporcionados por la Casa Blanca desde el inicio de la ofensiva a principios de septiembre.

“La Administración de Trump no ha presentado ninguna justificación legal válida para estos ataques ni ha aportado pruebas que respalden sus afirmaciones de que las víctimas representaban una amenaza inminente para la seguridad de Estados Unidos”, sostiene la carta, a la que tuvo acceso EL PAÍS. “Tememos que, si el Congreso no actúa con firmeza, se desencadenarán más ataques, más ejecuciones extrajudiciales y, potencialmente, una guerra abierta y descontrolada con uno o más países de la región, cuyas consecuencias humanitarias y geopolíticas serán probablemente devastadoras”.

Entre los 62 firmantes de la carta se encuentran organizaciones de la sociedad civil, religiosas y defensoras de los derechos humanos, así como sindicatos y think tanks de política exterior.

Según las organizaciones, los ataques violan la Ley de Poderes de Guerra, una normativa de 1973 que estipula que para que el presidente pueda movilizar las fuerzas armadas, debe haber “una declaración de guerra, una autorización legal específica o una emergencia nacional derivada de un ataque contra Estados Unidos, sus territorios o posesiones, o sus fuerzas armadas”. Los firmantes argumentan que estas condiciones “claramente no se han cumplido” y piden al Congreso que ejerza “sus facultades para declarar una guerra” y que condene “esos ataques ilegales”.

Una nueva fase

También exigen que Trump, quien insinuó el domingo que la ofensiva estaba a punto de transitar hacia una nueva etapa terrestre, asuma “plena responsabilidad” por estos ataques, “incluyendo una investigación sobre la identidad de las víctimas”. Además, el texto solicita que se “compense a sus familias”, que se “priorice la vía diplomática con los gobiernos para abordar el narcotráfico en la región” y que se detenga el “despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe”.

La semana pasada, Trump comunicó al Congreso que el país había entrado en una guerra “no internacional” contra los carteles de la droga, a cuyos miembros considera “combatientes ilegales”. Tras el primer ataque a principios de septiembre, un grupo de senadores demócratas exigió a la Casa Blanca aclaraciones sobre la legalidad de los ataques y recordó que el Congreso debe dar su aprobación para que el presidente los autorice.

La Administración de Trump incluyó en febrero al Tren de Aragua, una banda criminal de origen venezolano que, según asegura, tenía vínculos con las narcolanchas destruidas en aguas internacionales, en la lista del Departamento de Estado de “organizaciones terroristas designadas”. Además, la Casa Blanca acusa al Gobierno de Nicolás Maduro de liderar una organización criminal dedicada al narcotráfico. En agosto, Estados Unidos duplicó a 50 millones de dólares (casi 43 millones de euros) la recompensa para quien brinde información que ayude a capturar a Maduro.

Según las ONG firmantes, tanto el Tren de Aragua como Venezuela tienen “un papel menor en el narcotráfico hacia Estados Unidos”. “Cálculos recientes del propio Gobierno [de Washington] sugieren que menos del 10% de los envíos de cocaína con destino a Estados Unidos transitan por Venezuela”, destaca el texto enviado al Congreso.

La carta llega al Capitolio en medio de la crisis por el cierre del Gobierno, con la Cámara de Representantes en receso y el Senado estancado en las votaciones de las propuestas demócrata y republicana para reiniciar el financiamiento de la Administración.

A pesar de todo, la minoría demócrata en la Cámara Alta planea forzar una votación sobre la Ley de Poderes de Guerra en respuesta a los ataques en el Caribe. Es una iniciativa promovida por Adam Schiff (senador por California) y Tim Kaine (Virginia), programada para este miércoles. En el improbable caso de que avance, limitará las operaciones militares de las fuerzas armadas estadounidenses contra organizaciones no estatales hasta que el Congreso las autorice formalmente.