Más de 60 ONG instan al Congreso de EE. UU. a detener la intervención militar de Trump en el Caribe | Internacional

Un grupo de más de 60 ONG envió este miércoles una carta al Congreso de Estados Unidos instando a detener la escalada militar de la Administración de Donald Trump en el Caribe y expresando su “preocupación por las repetidas ejecuciones extrajudiciales de civiles no identificados”. También manifestaron su preocupación “ante el aumento del riesgo de guerra” en la región, impulsado por operaciones que han destruido al menos cuatro embarcaciones provenientes de Venezuela, acusadas por el ejército de traficar droga. Desde el inicio de la ofensiva a principios de septiembre, estos ataques han dejado un saldo de 21 muertos, según la información que ha proporcionado la Casa Blanca.

“El Gobierno de Trump no ha ofrecido ninguna justificación legal válida para estos ataques ni ha presentado pruebas que respalden sus afirmaciones de que las víctimas constituyen una amenaza inminente para la seguridad de Estados Unidos”, sostiene la carta a la que ha tenido acceso EL PAÍS. “Tememos que, si el Congreso no actúa con firmeza, se intensificarán los ataques, las ejecuciones extrajudiciales y, potencialmente, se desencadenará una guerra abierta y sin límites con uno o más países de la región, cuyas repercusiones humanitarias y geopolíticas podrían ser devastadoras”.

Entre los 62 firmantes de la carta se encuentran organizaciones civiles, religiosas, de defensa de derechos humanos, así como sindicatos y centros de análisis de política exterior.

De acuerdo con estas ONG, los ataques violan la Ley de Poderes de Guerra, que establece que para que el presidente pueda movilizar al ejército debe existir “una declaración de guerra, una autorización legal específica o una emergencia nacional provocada por un ataque contra Estados Unidos, sus territorios o sus fuerzas armadas”. Los firmantes creen que estas condiciones “evidentemente no se han cumplido”, y solicitan al Congreso que ejerza “sus poderes para declarar una guerra” y que condene “estos ataques ilegales”.

Una nueva fase

También reclaman que Trump, quien insinuó el pasado domingo que la ofensiva está a punto de entrar en una nueva fase terrestre, asuma “plena responsabilidad” por esos ataques, “incluyendo una investigación sobre la identidad de las víctimas”. Además, el texto solicita que se “compense a los familiares” de las víctimas, que se “priorice la vía diplomática con los gobiernos para abordar el narcotráfico en la región”, y que se revoque el “despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe”.

La semana anterior, Trump envió un memorando al Congreso informando que el país había entrado en una guerra «no internacional» contra los carteles de la droga, que considera «combatientes ilegales». Tras el primer ataque a principios de septiembre, un grupo de senadores demócratas exigió a la Casa Blanca aclaraciones sobre la legalidad de los ataques y recordó que el Congreso debe otorgar permiso al presidente para autorizarlos.

La Administración de Trump incluyó en febrero al Tren de Aragua, una banda criminal de origen venezolano de la que la Casa Blanca asegura que pertenecían las lanchas destruidas en aguas internacionales, en la lista del Departamento de Estado de “organizaciones terroristas designadas”. Además, acusa al Gobierno de Nicolás Maduro de liderar una organización criminal dedicada al narcotráfico. En agosto, Estados Unidos duplicó la recompensa a 50 millones de dólares (casi 43 millones de euros) para cualquier información que conduzca a la captura de Maduro.

Las ONG firmantes señalan que tanto el Tren de Aragua como Venezuela tienen un “papel menor en el narcotráfico hacia Estados Unidos”. «Recientes cálculos del propio Gobierno [de Washington] indican que menos del 10% de los envíos de cocaína con destino a Estados Unidos pasan por Venezuela”, sostiene el documento enviado al Congreso.

La carta llega al Capitolio en medio de una crisis por el cierre del Gobierno, con la Cámara de Representantes en receso y el Senado bloqueado en las votaciones sobre las propuestas demócrata y republicana para reanudar la financiación de la Administración.

Sin embargo, la minoría demócrata en el Senado prevé forzar una votación sobre la Ley de Poderes de Guerra en respuesta a los ataques en el Caribe. Esta iniciativa, impulsada por Adam Schiff (senador por California) y Tim Kaine (Virginia), estaba programada para este miércoles. En el improbable caso de ser aprobada, impediría que las fuerzas armadas estadounidenses lanzaran operaciones militares contra organizaciones no estatales sin la autorización formal del Congreso.