Álvaro García Ortiz: El fiscal general ante el juez responde: “¿Filtró usted el correo?”; “Definitivamente no” | España

A pocas semanas de que el fiscal general del Estado enfrente un juicio por revelación de secretos, el Tribunal Supremo ha permitido que la defensa y las acusaciones accedan a vídeos de todas las declaraciones realizadas durante la instrucción bajo el juez Ángel Hurtado, incluyendo el interrogatorio a Álvaro García Ortiz. Es la primera vez que se presenta una situación inusual: el fiscal general rindiendo declaración como investigado. Vestido con una corbata azul adornada con balanzas de justicia y sentado en el estrado junto a su defensa, en lugar del espacio reservado para investigados, eljefe del ministerio público negó haber filtrado o haber dado instrucciones para filtrar un correo electrónico central en la investigación, en el que el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, admitía la comisión de dos delitos fiscales y proponía un acuerdo para evitar la cárcel.

—¿Facilitó, divulgó, reveló la denuncia, el expediente tributario o cualquiera de los correos objeto de esta causa que afectan al señor Alberto González Amador directa o indirectamente a cualquier medio de comunicación o profesional de la comunicación? —preguntó el abogado del Estado ante el juez Ángel Hurtado.

—Rotundamente no —respondió García Ortiz.

El fiscal general reafirmó con firmeza que no envió ese correo “a ninguna persona vinculada a la Presidencia del Gobierno o al Gobierno de España” ni dio “alguna instrucción” para que se divulgara la denuncia presentada por la Fiscalía contra González Amador o cualquiera de los correos intercambiados entre su abogado y la Fiscalía. “No, rotundamente no”, insistió el fiscal general.

Al comienzo de su declaración, García Ortiz señaló que solo respondería a las preguntas de su abogado y de la Fiscalía, argumentando que la instrucción había vulnerado su derecho de defensa y debía considerarse nula. “La entrada y registro del despacho del fiscal general del Estado es una diligencia de investigación invasiva de derechos fundamentales y fue recurrida, ha sido recurrida ante este tribunal invocando una nulidad [y] ese recurso no ha sido resuelto”, explicó García Ortiz, quien también hizo referencia a ciertas diligencias solicitadas por su defensa que el juez había denegado. García Ortiz ofreció una última razón para rechazar responder a las preguntas del juez:

“También quiero mencionar por qué no voy a responder a algunas acusaciones, en especial la acusación particular, que es quien tiene legitimidad en este proceso. Creo que la querella […] omite datos fundamentales que sí han salido en la instrucción”, comentó el jefe del ministerio público sobre la denuncia por revelación de secretos interpuesta por la pareja de Ayuso contra la Fiscalía. Agregó: “Creo que el querellante no ha sido leal con los tribunales, ya que ha omitido hechos que son fundamentales”. García Ortiz aludía a que la querella de González Amador dejó de lado varios datos relevantes, como que su abogado había reenviado a Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Ayuso, un correo que le había sido enviado por el fiscal del caso; o que el propio González Amador había conversado con un periodista de El Mundo luego de que se hiciera pública la denuncia por dos delitos contra la Hacienda Pública presentada por la Fiscalía.

Durante su declaración, García proporcionó un relato detallado de los acontecimientos desde el 7 de marzo de 2024, cuando se enteró del interés de los medios por la denuncia contra la pareja de Díaz Ayuso, hasta el 14 de marzo, fecha en la que la Fiscalía emitió un comunicado aclarando que no había sido el ministerio público el que propuso un pacto, como se había estado difundiendo en el entorno de la presidenta madrileña, sino que fue el abogado quien contactó al fiscal del caso en busca del acuerdo.

—Quisiera preguntarle sobre el criterio que utilizó para decidir qué datos incluir en el comunicado y cuáles no debían ser incluidos. En el comunicado, ¿recuerda qué criterio adoptó? —inquirió el abogado del Estado.

—Sí, claro. Al redactar este tipo de información se trata de reflejar el comportamiento profesional de la Fiscalía y los hitos procesales ocurridos, pero había una circunstancia especial. En este caso, un correo de un fiscal había sido transmitido a la prensa por un abogado o su entorno, lo cual me parecía bastante alarmante. Esa revelación se realizó con comillas y se extrajeron consecuencias incorrectas. Se está transmitiendo una información falsa —afirmó García Ortiz.

El abogado también cuestionó al fiscal general sobre una afirmación hecha días antes por la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, en su testimonio. Según Lastra, en una conversación con el fiscal general la mañana del 14 de marzo, horas después de que se filtrara el correo cuya divulgación se investiga, ella le preguntó a García Ortiz: “Álvaro, ¿has filtrado los correos?” a lo que, según la versión de Lastra, el jefe del ministerio público respondió: “Eso ahora no importa, lo importante es publicar la nota”.

—¿Admitió que había filtrado los correos a la señora Lastra esa mañana del 14 de marzo? —preguntó el abogado al fiscal general.

—En absoluto, en absoluto.

—¿Podría explicarme, además, por qué existe esta contradicción entre lo declarado por la señora Lastra y lo que usted acaba de decir? —continuó el abogado.

—Primero, dudo que un fiscal de este país se dirija al fiscal general de esa manera. Me resulta difícil de imaginar. En segundo lugar, he reflexionado mucho sobre esto, porque se mencionaron esas afirmaciones y otras relativas a la reticencia de la fiscal superior de Madrid sobre el contenido de la nota. No, nunca fue reticente respecto al contenido. Lo fue respecto a que toda esa información ya había sido publicada y ella expresó que hacíamos el ridículo si difundíamos algo ya notificado. Esa fue su expresión. En realidad, en las conversaciones que mantuve con ella […] ella se mostraba reticente desde las 7 de la mañana. A mi juicio, la nota debía haberse divulgado. Eran aproximadamente las 9 de la mañana y la nota aún no había salido.

El fiscal general se detuvo para explicar que tuvo dos conversaciones con Lastra en la mañana del 14 de marzo: “Una en la que me dio alguna excusa. Me dice que las fechas no son correctas […]. Confirmen que las fechas están bien y la llamo de nuevo. No me contestó el teléfono, no me lo cogió; tuve que escribirle en WhatsApp para decirle que era imperativo que la nota fuera publicada. Posteriormente, tuve otra conversación con ella en la que sigue mostrando reticencia, pero sin más. […] No doy ninguna orden más que en los términos que cualquiera puede interpretar, si es orden o no, el término ‘imperativo’.”

García Ortiz también quiso hacer una “reflexión” ante el juez sobre el papel de la fiscal superior en este caso:

—Creo, y lo sabe toda la curia fiscal y judicial, que existe un desfavor hacia quienes dirigimos la fiscalía española en este momento […] Estoy absolutamente seguro de que ningún fiscal de este país ha hecho una filtración, que ningún fiscal hizo una filtración esa noche, y estoy convencido de que la señora Lastra no ha filtrado ningún documento, estoy absolutamente seguro. Pero lo que sí percibo es que la inferencia en el auto […] sugiere que hay una coincidencia temporal entre la publicación en ciertos medios y la posesión de esos correos, en esa situación, la señora Lastra está exactamente en la misma posición que el fiscal general del Estado. Tiene acceso a los correos y a los medios de comunicación están trabajando […] y humanamente puedo entender que la señora Lastra desee distanciarse de ese foco. Puedo comprenderlo, y reitero, estoy seguro de que la señora Lastra no ha filtrado nada. Quisiera dejar esto claro, pero puedo entender que, humanamente, ella desee alejarse de esa inferencia de imputación, esa es la única razón que encuentro.

En otro momento de su declaración, García Ortiz cuestionó la decisión del juez de clonar su teléfono móvil. “Los dispositivos y el despacho del fiscal general contienen una cantidad de datos absolutamente inimaginables”, advirtió García Ortiz, quien confirmó que cambió de teléfono móvil el 23 de octubre, una semana después de que el Supremo le encausara por revelación de secretos, aunque desvinculó ese cambio de la investigación en curso, justificando que ha renovado su terminal seis veces desde su llegada al cargo porque almacena información “ultrasensible”.

—¿Qué datos tiene el teléfono del señor fiscal general del Estado? —preguntó el abogado.

—Bueno, sería interminable relatar […] los dispositivos y el propio despacho del fiscal general almacenan una cantidad de datos e informaciones completamente inimaginables. Datos que corresponden a todos los fiscales. […] Mi teléfono alberga información que, sin duda, puede afectar la seguridad de este país, absolutamente puede afectar. Creo que pocas autoridades en España pueden albergar en su teléfono móvil tal cantidad de información como la que tiene el fiscal general del Estado de España —aseguró García Ortiz.

El fiscal general defendió su decisión de borrar el contenido de su teléfono: “Borro todo, pero no solo porque ejerzo mi derecho a manejar mi terminal como desee. Borro todo porque es una obligación legal, debemos eliminar los datos de nuestros dispositivos, y no lo digo yo, lo establece el reglamento de protección de datos de la Unión Europea”, expresó, negando haberlo hecho para eliminar pruebas de la supuesta filtración.

El jefe del ministerio público también cuestionó el registro de su despacho ordenado por el juez: “Es absolutamente inimaginable, inimaginable para un fiscal general y para la fiscalía española. No hay precedentes en todo el derecho europeo que permitan ingresar al despacho del fiscal general y que se le incauten dispositivos. Es inaceptable,” advirtió García Ortiz.