El Tribunal Supremo notifica a la Fiscalía Europea que no hay evidencia de que las obras bajo investigación de Ábalos hayan afectado fondos europeos | España

El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha comunicado a la Fiscalía Europea que, hasta la fecha, no hay constancia de que las obras públicas implicadas en la investigación que afecta, entre otros, a José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, hayan comprometido fondos de la UE. Así lo menciona el juez en una providencia a la que ha tenido acceso EL PAÍS, en la que, no obstante, advierte que “evidentemente, no se puede descartar” esta posibilidad, lo que permitiría al órgano comunitario solicitar asumir la investigación.

La resolución emitida por Puente, que consta de ocho folios, responde a la solicitud de información realizada por la Fiscalía Europea para comprobar si las obras en cuestión coinciden con las mencionadas en una denuncia presentada ante ese órgano por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. El juez indica que, hasta ahora, no se ha documentado que alguna de las 11 obras investigadas haya comprometido fondos provenientes de la Unión Europea, aunque advierte que, aunque así fuera, su indagación se centra en la supuesta existencia de “sendas organizaciones criminales” integradas por autoridades, funcionarios públicos y particulares que, “a través de un posible delito de cohecho”, tendrían como objetivo la adjudicación de ciertos proyectos de obra pública, “sin que esto dependa de los fondos que pudieran ser utilizados (lo que, en opinión del instructor en este momento, constituiría un elemento meramente accidental), y sin que se haya justificado, al menos hasta ahora, un perjuicio claro para los fondos europeos, ni la existencia de otro elemento, subjetivo u objetivo, de naturaleza transfronteriza”.

Puente informa a la Fiscalía Europea que, hace unas semanas, decidió dividir en dos la causa que investiga los supuestos amaños en contratos durante la gestión de Ábalos en el Ministerio de Transportes. El instructor dejó la pieza inicial relacionada con los contratos de compra de mascarillas que dieron inicio al caso, mientras que abrió una pieza separada para investigar todo lo concerniente a las adjudicaciones presuntamente irregulares de obras públicas, en la que son investigados el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su antiguo asesor Koldo García, el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y seis empresarios, entre ellos Víctor de Aldama.

El juez aclara que en esta pieza “se ha identificado la posible existencia de una organización criminal dirigida a obtener la indebida adjudicación de obra pública, beneficiándose las empresas favorecidas con el rendimiento económico resultante y proporcionando, a cambio, a ciertas autoridades o funcionarios públicos el correspondiente, e indebido, premio económico, mientras que estos, a su vez, ejercen su mal utilizada influencia sobre los organismos o entidades encargadas de adjudicar aquellas obras”.

El instructor especifica en su escrito las obras en cuestión y menciona que se está investigando los procesos de contratación, adjudicación y ejecución, diferenciando entre los que corresponden a ADIF y los de la Dirección General de Carreteras. Tras recibir los expedientes completos de estas obras, el juez recuerda que el pasado 23 de septiembre se solicitó un informe despreciado a la Intervención General del Estado, que aún está pendiente de ser presentado.

Sin embargo, enfatiza el magistrado, no está “indiciariamente justificado, al menos hasta este momento” que haya existido un “perjuicio cierto para fondos europeos, ni la existencia de ningún otro elemento, subjetivo u objetivo, de naturaleza transfronteriza”.