El Tribunal Supremo comunica a la Fiscalía Europea que no hay evidencia de que las obras en investigación sobre Ábalos hayan puesto en riesgo fondos europeos.

El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha notificado a la Fiscalía Europea que, hasta la fecha, no hay constancia de que las obras públicas involucradas en la investigación que afecta a figuras como José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán hayan comprometido fondos de la UE. Así se detalla en una providencia a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Sin embargo, advierte que “evidentemente, no puede descartarse” esa posibilidad, lo que abriría la opción de que el organismo comunitario asumiera la investigación.

La resolución de Puente, de ocho páginas, responde a la solicitud de información realizada por la Fiscalía Europea con el fin de verificar si las obras en cuestión coinciden con las identificadas en una denuncia presentada por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. El juez asegura que, hasta ahora, no hay evidencia de que ninguna de las once obras investigadas haya comprometido fondos de la Unión Europea. Sin embargo, aclara que, aunque este fuera el caso, su investigación se enfoca en la posible existencia de “organizaciones criminales” compuestas por autoridades, funcionarios públicos y particulares que, “a través de un posible delito de cohecho”, buscan la adjudicación de ciertas obras públicas, “sin considerar los fondos que podrían ser destinados a ellas (lo que, en su opinión, sería un elemento meramente accidental en este momento), sin que haya evidencia, al menos hasta ahora, de un perjuicio concreto para los fondos europeos, ni la existencia de otros elementos, subjetivos u objetivos, de naturaleza transfronteriza”.

El juez señala a la Fiscalía Europea que, semanas atrás, decidió dividir el caso que investiga supuestos amaños de contratos durante la gestión de Ábalos en el Ministerio de Transportes. Se reservó la pieza inicial para los contratos de compra de mascarillas que dieron origen a la investigación y abrió una pieza separada para estudiar las adjudicaciones presuntamente irregulares de obras públicas, donde están implicados el exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García, el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, y seis empresarios, entre ellos Víctor de Aldama.

El juez explica que en esta pieza “se ha identificado la posible existencia de una organización criminal orientada a conseguir la indebida adjudicación de obras públicas, beneficiándose las empresas favorecidas de los beneficios económicos resultantes y, a cambio, otorgando a determinadas autoridades o funcionarios públicos un premio económico indebido, quienes a su vez ejercen su influencia incorrectamente sobre los organismos responsables de la adjudicación de dichas obras”.

El instructor detalla en su informe las obras bajo sospecha y menciona que se están investigando los procesos de contratación, adjudicación y ejecución, diferenciando entre las correspondientes a ADIF y las de la Dirección General de Carreteras. Tras recibir los expedientes completos de estas obras, recuerda el juez que, el 23 de septiembre, se solicitó un informe a la Intervención General del Estado, cuyo análisis aún está pendiente.

Sin embargo, el magistrado insiste en que no está “indiciariamente justificado, al menos hasta este momento” que haya habido un “perjuicio concreto para fondos europeos, ni la existencia de ningún otro elemento, subjetivo u objetivo, de naturaleza transfronteriza”.