La crisis de la principal universidad de España: la Complutense enfrenta problemas para abonar sueldos a menos que obtenga un préstamo | Educación


Las seis universidades públicas de Madrid se encuentran en una situación precaria, como si España no hubiera superado la crisis de deuda de 2012, debido a la presión financiera que les ejerce la Comunidad de Madrid desde entonces. Los rectores advierten que el futuro de las nuevas generaciones y la competitividad de España en 2050 están en riesgo. Pero la Complutense, la universidad presencial más grande de España con 61,000 estudiantes, enfrenta un problema inmediato: si el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no le concede un préstamo de 34.4 millones, sus 11,400 trabajadores no recibirán el sueldo de diciembre ni la paga extra de Navidad. “Sin el crédito, nuestra situación es insostenible y la Comunidad lo sabe”, resume un decano.

Mientras el Gobierno madrileño presenta el préstamo como una “prueba de que la Comunidad de Madrid siempre apoyará a sus universidades”, para los afectados se trata de una deuda crónica. El crédito debería llegar esta semana, pero el rectorado tiene también que realizar “ajustes” para “equilibrar las cuentas”, y la propuesta de la UCM no convence a Ayuso. “La Comunidad de Madrid nos asfixia económicamente para tener la excusa de intervenirnos”, argumentó un exrector hace dos años. Ahora, la palabra “intervención” circula por medio campus, que se prepara para nuevas movilizaciones tras haber centrado sus protestas en la masacre en Gaza.

Este año no hay partidas para ayuda a grupos de investigación (700,000 euros), no se han convocado ayudas de innovación docente, los profesores asociados o sustitutos están tardando en contratarse y se mantiene el recorte del 35% en los presupuestos de los decanatos, decretado en diciembre de 2024. Los estudiantes del grado de Biología ya no viajan a los Pirineos para prácticas, sino que utilizan el transporte público hacia la Casa de Campo o El Pardo. Algunos profesores destinan parte de su propio presupuesto a “dignificar” los experimentos de sus alumnos. Investigadores que el año pasado se marcharon con el programa Erasmus aseguran que no han recibido la ayuda, mientras que 76 “doctores emergentes” comparten 2.6 millones en proyectos científicos con una demora de nueve meses. La cadena de malas noticias continúa.

A pesar de todo, se han mantenido los precios de las instalaciones deportivas, que apenas han aumentado en 30 euros al mes en los colegios mayores. No se ha anunciado la eliminación de ningún grado por ahora, aunque se consideró la supresión de algunos en noviembre de 2024.

En 2024, la UCM recibió 412.4 millones en transferencias corrientes —fundamental para pagar nóminas y suministros, la principal fuente de financiación de una universidad—, 14.75 millones menos de lo que recibió la Comunidad en 2010 y 2011 (aproximadamente un 2% proviene de corporaciones locales, la Administración del Estado o empresas privadas). La crisis arrasó esas cifras. No se repusieron los jubilados, ni se convocaron apenas plazas para ascensos, y la partida bajó a 307.33 millones en 2014. Desde entonces, la transferencia ha ido incrementándose, lo que los dirigentes del PP regional utilizan como argumento, pero de una forma tan insignificante que ni se ha recuperado el nivel de 2010. Desde 2007, las transferencias han crecido un 5%, mientras que la inflación ha aumentado un 44%.

“Como el rector no nos informa, no puedo convocar a mi Junta de Facultad para explicarles la magnitud del problema”, se queja un decano. La UCM cuenta este año (datos provisionales) con 1,400 trabajadores más y 14,600 estudiantes menos que en 2016-2017, cuando la universidad alcanzó su punto más bajo en cuanto a tamaño de plantilla. Bolonia exige una enseñanza más personalizada, con grupos mucho más pequeños que en los años ochenta o noventa. Además, la precariedad se ha instaurado en todo el sistema público en España, con un porcentaje altísimo de profesores asociados a tiempo parcial que solo cobran 500 euros.

“En 2022, Madrid tenía, en términos de ingresos, la mayor ratio entre la recaudación por precios públicos y el alumnado, y la más baja entre las transferencias que recibe de su comunidad autónoma y los estudiantes”, se señala en el análisis Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica. 2025, de la Fundación Conocimiento y Desarrollo.

Un decano describe el contexto como “extremadamente preocupante”. La Comunidad asegura que en febrero “advirtió” al rectorado sobre la necesidad de realizar “ajustes”. El lunes 6 de octubre, Joaquín Goyache, rector de la UCM, se reunió con los decanos y el pánico se extendió. Este diario recibió varios mensajes que circulaban por grupos de WhatsApp: “La Comunidad ha rechazado el crédito porque el informe de viabilidad que presentó el rector es inaceptable. Por lo tanto, les pide [a los decanos] apoyo, que contengan gastos y que habrá despidos”.

Ante la “desinformación”, Goyache decidió el lunes pasado enviar una carta a sus empleados y estudiantes que deja abiertas todas las preguntas: “La Comunidad nos ha solicitado más información, que está en proceso de elaboración y se remitirá (…). La Comunidad no ha comunicado su rechazo”. El rectorado, que se ha personado como perjudicada en la causa contra su exprofesora y esposa del presidente, Begoña Gómez, ha rechazado responder a las preguntas de EL PAÍS. Los decanos tampoco han contestado a través de su conferencia. Muchos de ellos promovieron la huelga del 28 de abril, que paralizó las actividades, y hasta Goyache se congratuló del éxito.

La Consejería de Educación tampoco responde a las preguntas de este diario. Se desconoce el tipo de interés del crédito —menor que en el sector privado— y el plazo para su devolución. “Es un préstamo para hacer frente a las obligaciones con terceros [proveedores] y al pago de nóminas a fin de año”, explicó el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, en la última rueda de prensa. Goyache no se pronuncia sobre el destino de los fondos.

El consejero de Educación, Emilio Viciana, ha insinuado que la clave está en el número de trabajadores. Recuerda que la Comunidad ya concedió en 2013 un crédito de 78 millones a la UCM y a la Politécnica, y que esta última “congeló” las contrataciones durante muchos años para devolver el préstamo.

“Se necesita una actuación de la Comunidad para poder reflotar la universidad, y espero que las condiciones del crédito sean lo suficientemente razonables para que no se perjudique la actividad académica e investigadora”, confía el químico José Manuel Pingarrón, exvicerrector de la institución y exsecretario general de Universidades. Ahora ha vuelto al aula.

Los sueldos se completan con las matrículas

¿Cómo se ha llegado a esta situación de números rojos? El rectorado menciona los costos energéticos, la inflación y la “necesidad de actualizar los modelos de financiación”, evitando abordar el núcleo del problema: se ha estado pagando sueldos con las matrículas universitarias, pero ya no es suficiente. En 2023, Goyache estableció en EL PAÍS un símil que se mantiene vigente: “Es como si el alcalde de Madrid pagase el 80% del salario de la Policía Municipal y el resto tuviese que cubrirse con multas. Complementamos ese déficit [para abonar las nóminas] con los precios públicos que abonan los estudiantes”.

A diferencia de la Universidad Autónoma, que también recibe la partida para salarios de 2009, la UCM ha estado reponiendo a los profesores jubilados desde que el Gobierno central lo autorizó y, además, ha sacado un gran número de plazas de ayudante doctor, incrementando su plantilla sin un respaldo financiero adecuado. A esto se suma el pago de los complementos de antigüedad (trienios) y de producción científica (sexenios), que continúan aumentando y amplificando cada año la diferencia entre la partida para nóminas y los gastos reales.

¿Cómo han logrado sobrevivir? El Tribunal Supremo condenó en 2020 a la Comunidad de Madrid a pagar 574 millones a las cinco universidades públicas, debido a que Esperanza Aguirre incumplió sus planes de inversión en infraestructuras. Este colchón ha servido para cubrir el déficit de la UCM hasta 2024. Ahora hay un saldo negativo de más de 30 millones en Tesorería.

Viciana destacó en el último pleno que “la Comunidad de Madrid hace cada año un esfuerzo presupuestario que pocas regiones logran, no solo en España, sino en la Unión Europea”. Ni Ayuso se atreve ya a defender tales afirmaciones. La oposición no perdió la oportunidad de criticarla. “Han dedicado años a otorgarle a la Complutense dos millones para 150 edificios, cuando gastan esa cantidad en cuatro conciertos”, argumentó el diputado de Más Madrid, Antonio Sánchez. Horacio Díaz Contreras, del PSOE, exigió directamente que el problema se solucione con una transferencia de fondos. Sin embargo, no parece ser la solución que tiene en mente la Comunidad.

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